Las cuatro personas en favor de las cuales se planteara un habeas corpus colectivo correctivo fueron derivadas al Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando. Fueron ubicadas, por algunas horas, en una especie de “casita”, con custodia policial. Esto se produjo el pasado sábado 6.
Como el lugar no estaba acondicionado para mantenerlos en situación de encierros seguros, tal cual ordenan las medidas de seguridad dictadas por los tribunales, poco después trasladaron nuevamente a tres de ellos (J.D.M., M.A.V. y J.C.G.) a la Alcaidía de Resistencia, de modo de que continúan en situación de presos.
“O sea que el poder ejecutivo persiste en su posición de violar no solo las leyes, las constituciones y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino que también transgrede una sentencia judicial, que siempre debe ser entendida como una ley especial (entiéndase específica) para el caso o la situación concreta sobre la que se imparte justicia”, señaló en un escrito el Centro de Estudios e Investigación Social.
“Queda en evidencia, concreta e indiscutible, que el Estado no contempló ni planificó, en ningún momento, el encierro seguro de los enfermos mentales y de las personas con adicciones que cometen delitos o contravenciones. Y lo que es peor, es que no dan ninguna señal en el sentido de que instrumentarán –en el corto o mediano plazo- soluciones a través de la construcción de instalaciones apropiadas y compatibles con las pautas de tratamiento de personas que deben permanecer en encierro en tales condiciones de salud o de adicciones”, acota Rolando Núñez.
Solamente quedó en la Sala 13 del Hospital Perrando uno de los cuatro enfermos mentales que el juez dispuso que fueran sacados de la Alcaidía. También continúa en el referido hospital A.M.F., a favor de quién se interpuso el primer habeas corpus. Este muchacho, según la última evaluación de Salud Mental, consumió psicofármacos desde los 8 años, dato que permite comprender la antigua tragedia de esta persona, que finalmente cometió uno de los delitos más graves.
Este joven atraviesa episodios convulsivos. “Está sin tratamiento, a pesar de que necesitaba asistencia continua y permanente por parte del sistema sanitario, que por ineficiencia o indolencia no le prestó la más mínima atención, abandonándolo a su suerte. Fue reiteradamente derivado para evaluación neurológica, que nunca le realizaron. Este caso refleja y sintetiza la situación de abandono de las personas que a pesar de acarrear trastornos mentales son alojadas en la Alcaidía de Resistencia”, acota Núñez.
“El Estado ausente”
Las cinco personas con trastornos mentales que hace un año ingresaron a la Alcaidía en condiciones de presos “comprueba la falta de una política penal carcelaria compatible con la vigencia de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios. Todavía no existe en Chaco un pabellón donde se alojen personas sobre las cuales se dicten medidas de seguridad curativas o educativas, que comprenda no solamente a los enfermos mentales, sino a los presos que deben ser rehabilitados por adicciones”, menciona el Centro de Investigación Social.
Y apunta al respecto: “La falta de planes y programas es total. Las inversiones fueron mínimas o insuficientes, comparadas con otros destinos. Esto también refleja que los presos son población sobrante, lo que a su vez desnuda las verdaderas convicciones y compromisos del actual gobierno, que en materia de tratamiento de personas detenidas quebranta y vulnera casi todas las reglas, incluso las más elementales, como son las que protegen la salud y la vida de los procesados y condenados que se encuentran en los establecimientos carcelarios, salvo en Sáenz Peña donde hasta ahora las condiciones de detención son aceptables”.
Sin embargo expresa: “Cuesta criticar a los jefes y responsables del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de Chaco, como también a los titulares de los dos poderes del Estado que están involucrados en la tragedia de otros. Es que son tan ineficientes e inútiles que se torna dificultoso elaborar un pensamiento crítico. Es más fácil describirlos por contrastes”.
“Durante toda la gestión de Capitanich –continúa- no han realizado un acto positivo, salvo la construcción de la cárcel de Sáenz Peña. Todo lo demás ha sido negativo. En los últimos cinco años tenemos récord de siniestros, incendios, heridos y muertos en comisarías, alcaidías y cárceles. Mientras tanto, los responsables siguen tranquilos, en acción y en conciencia según actúan cotidianamente, muchas veces hasta con prédicas religiosas que terminan siendo desafiantes a cualquier cordura. Naturalmente que esto asegura la continuidad de la tragedia, que tiene causas concretas y definidas, como también autores con nombres y apellidos”.
