El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Abel Córdoba, realizó una inspección a la alcaidía de Mujeres de Fontana en la que recabó una serie de denuncias y reclamos por parte de las reclusas. Hacinamiento, falta de elementos de higiene, pocas opciones laborales y educativas a nivel superior y de formación para oficios, fueron algunas. El Superior Tribunal de Justicia ya informó al gobernador.
Si bien la visita de Córdoba se produjo el 23 de abril, recién se dio a conocer el miércoles pasado cuando el expediente fue tratado en la última reunión de acuerdos del Superior Tribunal. En el punto cuatro del acta de acuerdos, se notificó a los jueces respecto del Oficio N° 31 presentado por el Fiscal de la Procuración General de la Nación Subrogante, Abel Córdoba, adjuntando copia certificada del acta labrada en el marco de la inspección realizada en la alcaidía provincial de Mujeres. El escrito advierte sobre violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad que allí se alojan.
«En atención a lo constatado y documentado en acta del 24/04/13 en la mencionada unidad de detención femenina por el Subsecretario Letrado de la PROCUVIN, Roberto Cipriano García y la Prosecretaria Administrativa de la PROCUVIN, Ana Laura López, acompañados por el integrante del Comité Provincial para la prevención contra la Tortura, Nelson Veira, se hace conocer sobre exceso de detenidas alojadas en dicha dependencia policial (25 personas), en relación al estándar de 7 metros cuadrados sugerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», señala el escrito.
«Así también que de las entrevistas mantenidas con algunas internas detectaron deficiencias tales como una ausencia de actividades productivas que generen ingresos mínimos para ellas, como de ocupar el tiempo de encierro y adquirir alguna experiencia laboral en oficios», añade.
El fiscal alertó también que «tampoco existen una completa cobertura de necesidades básicas (higiene, comunicaciones telefónicas con la justicia y familiares), ni ofertas educativas de nivel superior y/o formación de oficios que desarrollen las capacidades y destrezas de las mujeres».
Por lo expuesto, los jueces Ramón Ávalos, Rolando Toledo, Mario Modi y María Luisa Lucas (Ricardo Franco sigue de licencia por enfermedad) acordaron librar oficio al Gobernador, Jorge Capitanich remitiendo adjunto las citadas fotocopias debidamente certificadas para su consideración y derivación al órgano competente para que arbitre los medios tendientes a dar respuesta a la cuestión planteada.
