El Vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo Castelán y sus pares Fabricio Bolatti, Daniel Trabalón y Jorge Varisco, recibieron la visita del Dr. Diego L. Fernández, Defensor General del departamento judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires y Miembro de la Asociación Pensamiento Penal; la Jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, el Presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y/o Degradantes, Mario Bosch; e integrantes de la Defensoría Oficial, encabezados por la doctora Lorena Padován. En dicha oportunidad se refirieron al derecho a la defensa y al ejercicio de la misma en relación a las modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal provincial.
El diputado Castelán manifestó que «el tema central de la reunión fue la necesidad de avanzar en un fortalecimiento de la institución de la defensoría oficial» e hizo hincapié en la conformación de «una Defensoría General que actúe separadamente de lo que es el Ministerio Público en el sector de fiscales de investigación, o sea separar las funciones de acusación y de defensoría en los sectores en los que no se puede acudir al defensor privado».
Al respecto, el diputado explicó que «hay proyectos de ley presentados del año 2011 y 2012 -había también un proyecto de enmienda constitucional que no podrá ser tratado por dos años debido a que en el día de ayer se aprobó la enmienda del ‘Voto joven’- y el compromiso es incluir esta cuestión en el temario de la reunión del lunes de la Comisión de Legislación General para ver si podemos jerarquizar la función de la defensoría oficial en el proceso penal».
Detalló que en primer lugar «se va a avanzar en el estudio de los proyectos en marcha, comparando con legislaciones que se han dictado en la provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Chubut y se van a hacer las consultas con el superior tribunal y con el procurador general de la provincia y los colegios profesionales que ya han sido consultados pero no hemos recibido respuestas».
Por su parte, Fernández agregó que se le cursó a los legisladores una invitación a la jornada que se encuentran realizando desde el día Miércoles hasta este Viernes en Yrigoyen 399, sobre «Estrategias de Defensa en el marco de la Ley Nº 7143» y manifestó que conversaron sobre «las posibilidades de retomar una discusión que es muy interesante sobre lograr que la defensa publica pueda trabajar con un nivel de independencia respecto de su oponente que es el fiscal».
«En la provincia del Chaco lo que hay es un derecho de organización judicial en el cual los defensores dependen de sus oponentes que son los fiscales y eso podría limitar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia» observó el jurista, «la idea es pensar y repensar modelos de intervención, hay provincias en las cuales esto ya ha sido resuelto, incluso con el mismo texto o con textos constitucionales análogos o bastante parecidos».
Fernández explicó que desde la Asociación Pensamiento Penal «trabajamos en poder mejorar el sistema de justicia y fundamentalmente el acceso igualitario a la misma, sobre todo a los sectores vulnerables que no tienen dinero para pagar un abogado». Las líneas de acción propuestas «tienen que ver con replantear el actual funcionamiento del Ministerio público, el código procesal en realidad se hace vivo cuando los litigantes puedan contender en paridad de armas, con las mismas posibilidades de incidir en el resultado del proceso».
El Defensor hizo hincapié en la importancia de la intervención del defensor público en el ámbito civil como promotor de acceso a al justicia, «es decir, es muy común ver gente que tiene problemas de régimen de visitas, de filiaciones, de alimentos, gente que no tiene dinero para acceder a un abogado y el defensor publico es el que cumple un rol fundamental en facilitar que esta persona pueda tener el acceso a un juez para resolver un conflicto; encontramos en los legisladores una preocupación sobre este tema, y la idea es analizarlo parlamentariamente para ver cuales son las posibilidades de llegar a un texto que pueda darle a la defensa publica independencia para construir su propia política institucional».
