El diputado de Libres del Sur, Carlos Martínez, expresó preocupación por las denuncias hechas públicas este jueves por militantes del Movimiento Barrios de Pie que manifestaron haber detectado la presencia de sujetos aparentemente pertenecientes a fuerzas de seguridad que los filmaban y fotografiaban durante una medida de fuerza frente a Casa de Gobierno. “Evidentemente el gobierno de Capitanich no es la excepción al cambio de política con respecto a la protesta social que se está dando a nivel nacional” manifestó.

“El viraje del Kirchnerismo hacia las formas mas crudas de represión lo venimos viendo desde el asesinato de Mariano Ferreyra, con los palos a los manifestantes en La Rioja, en Catamarca, los asesinatos de líderes de los pueblos originarios y, en nuestra provincia, con las golpizas y aprietes a los movimientos sociales” observó Martínez, “la sanción de la antidemocrática e inconstitucional ley antiterrorista es un intento de forzar un marco de supuesta legitimidad para esta política”

El legislador agregó que “en este contexto trascendió la existencia de un operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional llamado Proyecto X, un programa de espionaje sobre dirigentes sociales, sindicales, manifestaciones y gente ‘de izquierda’, como reconoció el mismo Comandante de la fuerza, Héctor Schenone”. En la jornada de ayer, “integrantes del Movimiento Barrios de Pie observaron –y no es la primera vez- camarógrafos que no pertenecen a medios de comunicación, siguiendo con detalle los movimientos de los manifestantes que acampaban pacíficamente frente a Casa de Gobierno y, con sobradas razones se mostraron preocupados por este espionaje”.

“No podemos dejar de remarcar, a pesar de que se ha dicho innumerables veces, que este tipo de actividad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es lisa y llanamente ilegal, como expresa la ley 25.520 textualmente” destacó Martínez, “la norma prohíbe que cualquier organismo de inteligencia procure información sobre personas, basándose en su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o por su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”

“Lo que pasó ayer se suma a denuncias anteriores de espionaje por parte del Gobierno Provincial sobre la actividad de dirigentes, periodistas y medios de comunicación, delineando una política Estatal muy acorde a la línea represiva y antidemocrática bajada por el Ejecutivo Nacional en lo que se refiere a la protesta social” finalizó Martínez, “desde nuestro lugar, impulsaremos la convocatoria a funcionarios del Ministerio de Gobierno de la provincia para que den los informes y explicaciones correspondientes ya que el hecho –de confirmarse- constituye una flagrante violación a las Leyes Nacionales de Inteligencia y Seguridad Interior”.

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