Integrantes de partidos políticos y organizaciones sociales denunciaron ayer -ante el Consejo de la Magistratura- al juez civil de Sáenz Peña Juan Zaloff Dacoff por el falló que dictó en contra de la comunidad indígena Colonia LPA A NA QOM y ordenó inscribir a favor de Bajo Hondo Agropecuaria la escritura de un campo perteneciente a los pueblos originarios.
El fallo fue dictado en diciembre del año pasado aplicando una ley vetusta, que permitía vender o enajenar la tierra de las comunidades indígenas luego de 20 años de titularización. Pero para los denunciantes tal normativa no se podía aplicar dado que al momento de la venta ya estaba en vigencia un nuevo texto legal, la Ley 6.166, que hizo operativo el artículo 37 de la constitución provincial.
“Al dictar esa resolución el juez cometió prevaricato e incumplió con los deberes de funcionario público. Sabía que no correspondía y estaba apartado del derecho”, explicaron los denunciantes
Además, nunca el campo técnicamente pasó a estar en el dominio privado porque antes de que venza el plazo de los 20 años entró en vigencia la nueva reglamentación que otorga los derechos a perpetuidad.
“El fallo es doblemente agraviante, pues no solo cercena los derechos reconocidos en la normativa interna, sino que pretende aplicar al caso, una ley derogada al momento de la firma del fraudulento boleto de compraventa”, señalaron.
“El pronunciamiento del juez nos llama a la reflexión sobre la continuidad en la provincia de las mafias que operan con la tierra pública y que durante los gobiernos de la UCR mercantilizaron y corrompieron una buena parte de la burocracia estatal, el poder político y la justicia”, afirmaron.
“Este tipo de pronunciamiento torna inútil toda la legislación vigente, protectora de los derechos de las comunidades indígenas, sin fundamento jurídico alguno, ya que viola de tal manera nuestros preceptos jurídicos fundamentales”, agregaron.
“Asimismo, es importante destacar que siempre hemos propugnado por lograr una justicia independiente; siempre defendimos la labor jurisdiccional por considerarla pilar fundamental para el ejercicio cotidiano de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, este tipo de conducta judicial, que se aparta voluntariamente de la ley vigente y cercena con ello los derechos inalienables de las comunidades indígenas, no debe quedar impune”, determinaron.
“Todos quienes luchamos por lograr una sociedad más justa, tenemos la obligación ciudadana de reclamar la plena responsabilidad de todos los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad de los funcionarios judiciales está claramente regulada en la Ley 188. Es este procedimiento el que venimos a poner en marcha, elevamos nuestra denuncia al órgano competente para juzgarla, con la plena seguridad de que existen sobrados fundamentos de hecho y derecho que dan base a la presente acción”, manifestaron.
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