En la Sala Nº 1 “Alfredo Palacios” del Anexo Legislativo, tuvieron lugares las reuniones correspondientes a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La Comisión de Asuntos Constitucionales fue presidida por Marcelo Castelán, y además estuvieron presentes los diputados María Lidia Cáceres, Darío Bacileff Ivanoff, Martín Nievas, Juan José Bergia y Daniel Trabalón. En esta reunión, contó Castelán, “se trató exclusivamente el proyecto de ley Nº 4632/11 que crearía la Defensoría General ante el Superior Tribunal de Justicia”. Se trata de una unificación de varios proyectos de los diputados Cáceres, Carballo, Bacileff Ivanoff y Bolatti. Para tratar este tema, se contó con la visita de Lorena Padovan, Defensora del Poder Judicial, y se recibieron opiniones de la Asociación Pensamiento Penal y de otras entidades.
Según manifestó, “se terminó de redactar el anteproyecto de esta ley que tiene la particularidad de equiparar la función de los defensores oficiales con la de los fiscales”. En este sentido, explicó que “por cuestiones constitucionales y de tratados internacionales, hay una tendencia a que los defensores oficiales tengan una equiparación en cuanto a su situación funcional y presupuestaria, remarcando la importancia de la defensa en el proceso penal, y que no dependa un Defensor de las instrucciones de la Procuración General”. Al finalizar la reunión, se resolvió que el lunes que viene se trataría de darle forma definitiva, y de existir un acuerdo se despacharía y se remitiría al Recinto para su tratamiento.
La diputada justicialista María Lidia Cáceres planteó el tema en el año 2011 cuando impulsó el proyecto de ley 4632 y en el año 2012 el proyecto 1372 y sobre las cuales explicó que fueron presentados como un proceso de reforma estructural de la Justicia Penal que implica resolver conflictos garantizando el acceso al servicio de administración de justicia con la posibilidad «para todo ciudadano de contar con un profesional del derecho que oficie como defensor oficial».
La diputada Cáceres señaló que propone que «la acusación o tutela de intereses colectivos sea ejercida por los miembros del ministerio público fiscal», pero en un contexto de completa escisión de los defensores.
En la actualidad eso se aplica en la práctica, pero al tratarse de dos roles judiciales que dependen de una misma superioridad constituida por el procurador general, se advierte que «el funcionario encargado de fijar las políticas jurídicas inherentes a la acusación es, al mismo tiempo, quien genera las pautas de políticas inmanentes a la actividad de los defensores públicos de la provincia», remarcó la legisladora en los fundamentos.
Es por ello que, «con el fin de escindir adecuadamente las funciones procesales conforme los roles a desarrollar dentro de los procesos y con la finalidad de garantizar a los justiciables un adecuado servicio de justicia, se propone la creación del titular del Ministerio Público de la Defensa, en cabeza de un defensor general ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco», planteó la diputada Cáceres. No obstante, en la próxima reunión de la comisión se formularía el dictamen que finalmente se pondría a consideración del Cuerpo legislativo.
Legislación general
En cuanto a Legislación General, también fue presidida por el diputado Marcelo Castelán y estuvieron presentes los legisladores Darío Bacileff Ivanoff, María Lidia Cáceres, Elda Pértile, Daniel Trabalón, y Luis Verdún, según declaró el presidente de la Comisión, “no hubo despachos, excepto un pedido al Ejecutivo respecto a cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la ciudad de Barranqueras”. Más específicamente, se trata del proyecto de resolución Nº 3778/13, que solicita al Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, incremente las acciones preventivas y asigne mayor dotación de personal policial en dicha ciudad.
Por otro lado, se remitieron notas a distintos organismos oficiales, reiterando pedidos de opinión para poder avanzar en el tratamiento de muchos temas que están en la Comisión pero que todavía no han sido motivo de despacho para su tratamiento como ley.
