El interno falleció el 23 de julio luego de casi 1 mes de internación en el Hospital Perrando.
En una conferencia de prensa, convocada por el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, y la presencia del Fiscal Federal de Resistencia Patricio Sabadini, se informó sobre el deceso de un interno en el Servicio Penitenciario Federal – U7 – luego de ingresar al hospital Perrando y cuyas causas actualmente se investiga.
El hecho ocurrió el pasado lunes 23 de julio del presente año en la U7 y fueron familiares del interno fallecido quienes denunciaron y pusieron en conocimiento a los miembros del Comité quien inmediatamente y ante la gravedad de lo planteado decidieron poner en conocimiento a las autoridades correspondientes, esto es el Fiscal Federal de Resistencia a cargo del doctor Patricio Sabadini, y producir este informe ante la opinión publica como parte de la actividad propia del Comité.
La rueda de prensa la inició el presidente del comité Provincial de Prevención contra la Tortura Mario Bosch, que representa a la sociedad civil como así también el doctor Juan Penchasky, las legisladoras Mariel Gersel y Elba Altarmiranda en representación del poder Legislativo, José Luis Valenzuela, secretario de Derechos Humanos por el poder Ejecutivo, el doctor Francisco Turraca, Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos por el poder Judicial y la presencia del Fiscal Federal de Resistencia doctor Patricio Sabadini.
El abogado Mario Bosch que es miembro del Comité y representa a la sociedad civil informó que el día lunes 23 de julio próximo pasado se tomó contacto a través del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes, con familiares de un interno de la U7 Prisión del Norte del Servicio Penitenciario Federal que había fallecido ese mismo día luego de casi 1 mes de internación en el Hospital Perrando, “como consecuencia aparente de una golpiza recibida el día 26 de junio de este año por parte de personal de requisa”.
Relató que “el detenido había ingresado al Hospital el día anterior, 25 de junio, con motivo de una intoxicación y fue sometido a un lavaje de estomago y luego fue conducido nuevamente a la U7 en una suerte de postoperatorio. Al ingresar el personal de requisa como consecuencia que él no se podía movilizar, no podía salir de su celda, habría sido sacado a golpes y puntapiés, los que evidentemente produjeron ciertos daños en zonas intestinales que están sujetos en este momento a análisis por parte de los médicos forenses”.
“Ante la gravedad de la situación – continuó – que se trataba de un hecho que en principio constituía un delito de acción pública perseguible de oficio, tormentos seguido de muerte, e independientemente que la causa de la muerte sea directamente relacionada o no, por los tormentos, existían pruebas también que conducían a la presunción de la existencia de estos hechos de tortura, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal, ya que la cárcel federal es competencia de la justicia federal y se solicitó la realización de una autopsia, exámenes anatomopatológicos, exámenes complementarios, para determinar la existencia de lesiones premortem y perimorten” señaló el presidente del Comité de Prevención contra la Tortura.
Por su parte el Fiscal Federal Patricio Sabadini se refirió concretamente a la investigación que está en marcha no sin antes aclarar que “por obvias razones y teniendo en cuenta las características del hecho la información es limitadamente pública por una sencilla razón que es el resguardo de pruebas; se están produciendo testimonios; estamos a la espera de la misma autopsia que es fundamental para marcar o limitar el ámbito de la investigación de aquí en más”.
Aclaró también que “si hay una suerte de irregularidad que tenga que ver con la enfermedad que en su momento tuvo el interno, esa no sería competencia federal, sería ya competencia de la provincia y si existiese responsabilidad de los médicos o no, ya sería la investigación atinente a la provincia” reiteró, no obstante, dijo “nosotros tenemos que enfocarnos en si existió alguna especie de tormento, apremio o vejación que haya incrementado el riesgo de muerte del interno a causa de esas infecciones, eso es lo determinante para nosotros de aquí en más” precisó.
Por otra parte, prosiguió “estamos a la espera de los informes que se han librado a la Procuración Penitenciaria de la Nación, si hubo actuaciones, denuncias anónimas en su momento” ya que recordó que “esto tiene el padecimiento del interno antes de su fallecimiento aproximadamente 30 a 40 días de que le agarró la infección y fue reingresado a la U7 y luego fue derivado con las presuntas lesiones que se denuncian, al hospital Perrando” manifestó el Fiscal Sabadini en lo atinente a la investigación y agradeció la invitación que le hicieron desde el Comité para asistir a esta conferencia de prensa, además de consignar que “lo que me motivó acompañar también tiene que ver con un parámetro común que se da, a partir de las denuncias que se vienen efectuando desde la Fiscalía General, justamente n los procedimientos de requisas que se realizan en los pabellones donde están los internos”
En ese sentido consignó que se tiene un reglamento carcelario para realizarlo “pero hay un parámetro común respecto de excesos que se producen al momento de las inspecciones o requisas”, en consecuencia, y dado que “la denuncia efectuada tiene ese parámetro común, es lo que nos motiva a profundizar por esta arista, de un posible apremio o vejación que haya recibido el interno Maximiliano Duarte”.
Advirtió además que “es compleja la cuestión en cuanto al control democrático y social que se hace en estos establecimientos carcelarios, los cuales conservan una estructura jerarquizada por no decir militarizada”, en este sentido planteó como “prudente” enfocar una política de reformulación del sistema penitenciario y el régimen de reclusión penal.
En cuanto a los controles que se realizan Sabadini indicó que “la fiscalía en los últimos meses ha recibido denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación por lo que hay que reconocer que la procuración está denunciando, cuenta con su cuerpo médico propio, que es lo que le da el marco – sin desprestigiar el cuerpo médico de la unidad penitenciaria – pero cuentan con médicos que deslinda toda sospecha de parcialidad de los informes médicos que se expiden y esto hay que reconocer, y nosotros evaluamos y vemos las aristas de investigación” sostuvo.
Juan Penchasky, abogado que representa a la sociedad civil y que actúa actualmente como secretario del Comité, subrayó que “el motivo fundamental de esta conferencia es destacar que en oportunidad de haberse presentado un episodio vinculado a un centro de detención, de inmediato los familiares encontraron las respuestas adecuadas en el Comité, ya fue la familia se contactó el lunes por la tarde y rápidamente se decidió tomar esta medida de hacer la denuncia y otras serie de medidas como ésta de poner en conocimiento sobre este hecho”.
En consecuencia, remarcó que “aquellos familiares de alguna persona que esté en un centro de detención frente a cualquier problema que tengan respecto de la situación del detenido pueda acudir al Comité porque es la función que tenemos de auditar y controlar cuales son las condiciones de los internos en recintos de detención” y es “esto – reiteró – lo que quería destacar para poder llegar a todos los sectores sociales para que se informen adecuadamente que hay un ámbito donde pueden ser contenidos como es el ámbito del Comité de Prevención contra la Tortura” expuso.
Mariel Gersel, legisladora que representa al poder Legislativo y es la vicepresidenta del Comité, remarcó que “se necesita que se apruebe también el Comité de Prevención a nivel nacional para poder articular estos casos que están radicados en la justicia federal, por tal motivo, pedimos a los diputados nacionales que nos acompañen porque es necesario articular desde este lugar”
Por otro lado comentó que estuvieron trabajando y realizando visitas a distintos lugares realizando la función que la misma ley otorgó al Comité de supervisar, aconsejar, trabajar en redes para “subsanar estas cuestiones que hoy nos abocan”
Asimismo la legisladora planteó que desde la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos que preside llegan denuncian las cuales algunas se actúan con el comité y otras desde la comisión, y remarcó que “tanto desde el comité como de la comisión acompañan cada una de estas cuestiones que van surgiendo”, no sin antes, marcar que “nos ponemos a disposición de la justicia para que se llegue a la verdad de estos hechos y desde el comité en cada uno de los contextos de encierros donde están los ciudadanos chaqueños”.
Destacó lo heterogéneo de las personas que integran el Comité de Prevención provincial lo que hace que las miradas sobre cada una de las situaciones “sean más diversas y ricas en los aportes” al mismo tiempo que recordó algunas cuestiones tendientes a resolver desde el comité como son los recursos financieros necesarios para poder poner en marcha en toda su funcionalidad a este ente que es “autárquico y autónomo” ya que “no contamos con un local propio para que sea de fácil acceso a la comunidad” sostuvo Gersel.
Por su parte la diputada provincial Elba Altamiranda, se refirió a una de las primeras intervenciones del comité que fue el traslada al edificio del Servicios Penitenciario II ubicado en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y pero remarcó en alusión al hecho concreto que “esta familia pudo hoy gracias al espacio que tiene el comité de prevención acudir a nosotros, a la fiscalía, de manera que podemos observar que hay un mecanismo, un lugar donde podemos contenerlos”, pero más allá de eso también planteó la necesidad que tiene nuestra provincia “de trabajar en políticas públicas de prevención de la tortura, y coordinar los mecanismos de control que es el objetivo a largo plazo del comité y por el cual estamos trabajando”
José Luis Valenzuela, actual secretario de Derechos Humanos y representante del poder Ejecutivo ante el Comité, en relación con las políticas públicas que se están llevando a cabo indicó “estamos avanzando en la currícula de la escuela de policía”, y esto “a partir de una decisión del propio gobernador de establecer represión cero”, y en ese sentido apuntó “se está trabajando en el área poniendo todas las herramientas necesarias para llevar adelante esa finalidad ahora con una subsecretaría de asuntos penitenciarios, la comisión de sanidad a cargo de salud pública como así también la comisión de asuntos internos, por lo que estamos trabajando en ese sentido con una política de represión cero”.
Como mensaje final Valenzuela consignó que “la seguridad no hace solo la policía sino toda la comunidad, un debate que el gobernador planteó a todos los municipios, en todos los barrios para llevar adelante, por lo que consideró que “estamos transitando un camino de transición pero está firme decisión del gobierno de la provincia del Chaco de cero represión en la policía y cero tortura en los centros de detención”
