El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Carlos Goya, negó todas imputaciones que realizó el titular de la Procuración de Violencia Institucional (PROCUVIN), Abel Córdoba, en una inspección realizada durante abril de este año. Goya afirmó que no hay hacinamiento y que las reclusas tienen posibilidades de estudiar y trabajar sin problemas.
«La Unidad de Mujeres del barrio Don Santiago de Resistencia tiene 16 reclusas alojadas en este momento incluso alguna de ellas con chicos. Hace unos días terminamos un programa con la Legislatura chaqueña donde pintamos lugares con las internas y el personal penitenciario femenino. En esta unidad no existe para nada hacinamiento, ni maltrato. La relación entre los detenidos y el personal penitenciario realmente muy buena», indicó Goya en diálogo con RADIO CIUDAD.
«Esta es una unidad de la que estamos orgullosos porque existe una plena vigencia de todas las normativas en cuanto a la regulación de los derechos humanos, respecto del trato de las personas y en cuanto al alojamiento de las mismas», añadió, al tiempo que destacó que hace un mes y medio se inauguró un taller textil y a seis internas se le está pagando un sueldo para que elaboren camisetas que serán comercializadas en dependencias del Estado. Asimismo destacó que las reclusas pueden concluir los estudios primarios, secundarios y aprender oficios.
Cabe recordar que el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Abel Córdoba, realizó una inspección a la alcaidía de Mujeres de Fontana en la que recabó una serie de denuncias y reclamos por parte de las reclusas. Hacinamiento, falta de elementos de higiene, pocas opciones laborales y educativas a nivel superior y de formación para oficios, fueron algunas. El Superior Tribunal de Justicia ya informó al gobernador.
Si bien la visita de Córdoba se produjo el 23 de abril, recién se dio a conocer el miércoles pasado cuando el expediente fue tratado en la última reunión de acuerdos del Superior Tribunal. En el punto cuatro del acta de acuerdos, se notificó a los jueces respecto del Oficio N° 31 presentado por el Fiscal de la Procuración General de la Nación Subrogante, Abel Córdoba, adjuntando copia certificada del acta labrada en el marco de la inspección realizada en la alcaidía provincial de Mujeres. El escrito advierte sobre violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad que allí se alojan.
«En atención a lo constatado y documentado en acta del 24/04/13 en la mencionada unidad de detención femenina por el Subsecretario Letrado de la PROCUVIN, Roberto Cipriano García y la Prosecretaria Administrativa de la PROCUVIN, Ana Laura López, acompañados por el integrante del Comité Provincial para la prevención contra la Tortura, Nelson Veira, se hace conocer sobre exceso de detenidas alojadas en dicha dependencia policial (25 personas), en relación al estándar de 7 metros cuadrados sugerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», señala el escrito.
«Así también que de las entrevistas mantenidas con algunas internas detectaron deficiencias tales como una ausencia de actividades productivas que generen ingresos mínimos para ellas, como de ocupar el tiempo de encierro y adquirir alguna experiencia laboral en oficios», añade.
El fiscal alertó también que «tampoco existen una completa cobertura de necesidades básicas (higiene, comunicaciones telefónicas con la justicia y familiares), ni ofertas educativas de nivel superior y/o formación de oficios que desarrollen las capacidades y destrezas de las mujeres».
