En diez años, la población carcelaria del Chaco se incrementó en casi un 760 por ciento, unos 725 puntos porcentuales más que el aumento registrado a nivel nacional. El dato surge de las estadísticas difundidas por el Ministerio de Justicia de la Nación en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de Pena. Durante toda la serie registrada, el salto más importante se dio entre 2002 y 2004, en medio de la peor crisis económica y social del país.
Los datos sobre el Chaco fueron difundidos por el Ministerio de Justicia en su página web pertenecen al período 2002/2012 y abarcan a la población carcelaria de ocho unidades penitenciarias: la División Alcaidía de Resistencia, la alcaidía de Mujeres, el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, la División Alcaidía Interior de Charata, la alcaidía de San Martín, la de Castelli, la de Villa Ángela y la Casa de Preegreso “San Maximiliano Kolbe”.
En el primer año relevado, el 2002, la cantidad de personas privadas de su libertad en el Chaco llegaba a sólo 116. Dicho número se elevó de manera exponencial durante los años 2003 (476) y 2004 (991), con la Argentina aún sufriendo el coletazo de una de sus peores crisis. Posteriormente el número de detenidos se amesetó y continuó oscilando entre los 800 y los 1000. Finalmente en el año 2012 (último dato publicado oficialmente) esta cantidad quedó en 996, lo que representa un incremento del 758,6% si se lo compara con el registrado una década atrás.
Con estos guarismos, el Chaco está muy por encima del incremento registrado en todo el país. La población carcelaria registrada en todas las provincias argentinas en el año 2002 fue de 46.288, mientras que en 2012 ese número se elevó a 62.263. Esto muestra un incremento de sólo el 35%, unos 725 puntos porcentuales por debajo del aumento registrado en el Chaco.
Instrucción, educación y trabajo
De los 996 detenidos en el Chaco, la mayoría está en esta situación por robo o tentativa de robo, seguido por los homicidios dolosos y culposos y los delitos contra el honor y violaciones. El 68% estaba en situación de condenado mientras que el 31 estaba como procesado y el 1% eran inimputables.
En cuanto al nivel de instrucción, el 39% tenía el primario incompleto, el 31% tenía primario completo, el 18% contaba con el secundario incompleto, sólo el 4% logró terminar los estudios secundarios, el 1% terminó algún terciario y 7% declaró no tener ninguna instrucción.
El 60% de ellos era trabajador de tiempo parcial, mientras que el 35% se declaró desocupado y sólo el 5% trabajaba tiempo completo. En relación al nivel de capacitación laboral al ingresar al presidio, el 56% dijo no tener oficio ni profesión.
La desigualdad
En el libro “Una gestión penitenciaria integral”, publicado en 2010, el Ministerio de Justicia de la Nación hizo hincapié en la desigualdad y la pobreza como uno de los factores principales en la producción de hechos delictivos que terminan con personas detenidas.
“A la hora de analizar la estadística de las últimas décadas sobre ejecución penal, también es necesario estudiar otras relaciones o índices -no siempre suficientemente observados- como por ejemplo, el coeficiente de GINI, que marca el índice de desigualdad entre los que más tienen y los que menos, con la consiguiente inequidad y exclusión”, indica el informe. “Sin mayor análisis, ese índice también se profundizó de manera sostenida en las últimas décadas del siglo pasado, y en definitiva nos habla de todos aquellos que quedaron fuera del derecho”, sostiene.
“El resultado de la larga noche neoliberal, que -salvo muy breves períodos- decidió la suerte de nuestros países en las últimas décadas del siglo pasado, arrojó en la Argentina un 50% de pobres y un 20% de indigentes, junto con un notorio desequilibrio: un 10% de la población manejaba una enorme porción de la riqueza”, afirma.
“A ello, debemos sumarle, con la máxima conciencia a la hora de programar cualquier intervención en este ámbito, una característica propia con la que opera el sistema penal: la selectividad. Ya que son siempre los más débiles, aquellos que no tienen padrinos ni protectores, los que pagan la incerteza del derecho, la extensión temporal de los procesos judiciales, la arbitrariedad de las penas y la crueldad de las cárceles. La población de más bajos recursos sigue siendo la víctima predilecta de la violencia, la delincuencia y las violaciones a los derechos humanos”, añade.
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