El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco presentó un detallado informe sobre su actividad durante el año pasado. Entre la serie de datos brindados se destaca el alto número de denuncias por apremios ilegales y condiciones de detención las cuales superaron el centenar: una cada tres días. El Complejo Penitenciario de Sáenz Peña, la Alcaidía de Resistencia y la comisaría décima de la capital chaqueña, las más denunciadas. Entre sus conclusiones, cuestionaron con dureza el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos -durante el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff- y la «clara inoperancia» por parte del Poder Judicial para investigar causas que involucran a integrantes de las fuerzas policiales del Chaco.
El informe presentado por el organismo que preside el abogado, Mario Bosch, señala que entre enero y diciembre de 2014 se recibieron 116 denuncias por apremios ilegales, condiciones de detención y detenciones arbitrarias. Las mismas fueron recibidas en la sede del Comité (Mitre 576) o por otras vías (sms, facebook, teléfono, entre otros). De estas, el 47% fueron ratificadas en sede judicial.
La unidad carcelaria más denunciada fue el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña, con 14 denuncias. Le sigue la Alcaidía de Resistencia, con 13; la comisaría Décima de Resistencia, con 10; Investigaciones, 7; Comisaría Primera de Resistencia, 7; Tercera de Resistencia, 7 y Cuarta de Resistencia, también con 7.
La comisaría Segunda y Quinta de Resistencia tienen 5 denuncias. El Centro de Detención Transitorio de Barranqueras tiene 4 al igual que la Seccional Segunda de Fontana. En tanto la Comisaría Seccional Sexta de Resistencia, la Séptima, Novena, Duodécima, Basail y Colonia Benítez tienen dos denuncias cada una. Cierran el listado la Policía Rural de Colonia Benítez, la comisaría de Vilelas, Tres Isletas, Machagai, Margarita Belén, Capitán Solari, Colonia Elisa, Las Palmas, Primera de Fontana, Guardia de la Fiscalía de Resistencia, Aldea “Tres Horquetas”, Drogas Peligrosas, U7 y la Undécima, todas con una denuncia cada una.
En este sentido, desde el Comité explicaron que las denuncias fueron realizadas a través de familiares o por los propios damnificados en ocasión de visitas a los lugares de detención. “En el mismo se ven claramente los índices que demuestran que la tortura y la degradación intramuros se extiende, de forma sistemática, en la mayoría de las comisarías y unidades penitenciarias provinciales”, señala el documento.
«Impunidad judicial y administrativa»
En este sentido señalaron que “la primera causa de la existencia de la tortura en nuestro territorio es la impunidad judicial y administrativa, sumado a las medidas de encubrimiento de la institución policial, que se demuestran en escasos requerimientos de elevación a juicio de las denuncias de tortura y deficiencias en la investigación, a pesar de la Ley de Seguridad Democrática (6.976) donde dice que debe haber un órgano de juzgamiento independiente para los policías que violan los DDHH y que los mismos deben ser exonerados de por vida. Demás está aclarar que en la realidad no se cumple”.
Violencia policial
“Otra cuestión a tener en cuenta”, señala el informe, “es la violencia policial callejera y las situaciones que tienen que ver con la represión de la protesta social”. En relación a esto, el Comité remarcó que “cuando se violan los protocolos se dan situaciones que después llevan a la posibilidad de que haya detenciones ilegales que traen consigo la tortura, que en comisarías es la misma matriz que condujo a las muertes que todos conocemos: las de Víctor Cendrich y Diego Aguilera”.
“Esto lleva a dos puntos en común de la misma razón política: el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia durante el año 2014 y la clara inoperancia por parte del Poder Judicial en la investigación de estos delitos que tienen la misma raíz ideológica”, denunciaron.
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