El exmagistrado, detenido por encubrir crímenes de Lesa Humanidad, sorprendió a propios y extraños al exhibir durante una audiencia de ampliación de indagatoria un flamante BlackBerry. Ningún preso puede tener tal aparato en su poder.
El ex Juez Federal, Luis Ángel Córdoba, detenido e imputado por encubrir crímenes de Lesa Humanidad, sorprendió a propios y extraños al exhibir durante una audiencia de ampliación de indagatoria un flamante teléfono celular BlackBerry. El aparato sonó en un par de oportunidades y el imputado incluso lo atendió en plena declaración indagatoria. La fiscalía pidió su secuestro.
El bizarro evento se produjo este martes en la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Resistencia cuando Córdoba estaba participando de la audiencia donde se solicitó que amplíe su declaración indagatoria en el marco de la larga serie de imputaciones que pesan sobre él, todos vinculados a su labor como Juez Federal durante la última dictadura.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, en medio de la indagatoria sonó un celular. Todos se sorprendieron al ver que el mismo era de Córdoba, imposibilitado de tener tal aparato por su condición de detenido. El estupor fue aún mayor cuando el exjuez decidió atender el llamado.
Nunca se supo con quien se comunicó, ni por qué motivo, lo cierto es que la misma tenencia del aparato configura una grave violación a las prohibiciones que tienen todos las personas cuando son detenidas. La fiscalía pidió que se deje asentado el incidente y solicitaron el secuestro inmediato del BlackBerry.
“El lugar estratégico ocupado por Córdoba por su función de Juez Federal, al tener la dirección de los expedientes en el marco de la Ley 20.840, base de los hechos que aquí se investigan; le otorgan una influencia eventual sobre subordinados e incluso sobre documentación, informes, testigos”, afirmó el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Patricio Sabadini y su par ad hoc, Diego Vigay.
“Por todo ello cabe concluir que la disponibilidad de un equipo celular de alta tecnología, con posibilidad no solo de llamadas, sino también de acceso a Internet; podría comprometer seriamente el desarrollo de la pesquisa y la efectividad de las diligencias en curso”, indicaron.
Normas.
La normativa vigente establecida en Decretos y Reglamentos que reglan la aplicación de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, prohíben la posesión de equipos de teléfonos celulares a todas las personas detenidas, las que deben comunicarse con sus familiares a través de los teléfonos públicos o de la institución donde estén alojados.
El Reglamento de Comunicaciones de los Internos en lo que respecta específicamente a las Comunicaciones Telefónicas, establece en el Artículo 129 que estas comunicaciones se efectuarán exclusivamente mediante los teléfonos públicos habilitados en el establecimiento de reclusión entre las 8 y 20 horas.
En todos los casos, el importe será satisfecho por el interno. Se conocen incluso rutinariamente las requisas y secuestros de teléfonos celulares en poder de internos alojados por ejemplo en la U7 que depende del Servicio Penitenciario Federal.
Pedidos.
Cabe recordar que en abril de este año, Córdoba había solicitado su excarcelación o, en su defecto, el arresto domiciliario. El exjuez fundamentó este pedido debido a que su hijo padece de esclerosis múltiple secundaria progresiva y fundamenta su solicitud, en razón del cuidado que debería prestarle.
Para la Fiscalía, el beneficio debería ser rechazado porque existen otros familiares de Córdoba como la misma madre y hermanos que concretamente se están haciendo cargo de la atención de su hijo. La solicitud aún debe ser analizada por el Juez Skidelsky.
Córdoba fue juez federal de Resistencia entre enero de 1976 y 1982. Está detenido desde el 6 de marzo pasado, donde un grupo de gendarmes lo apresó en el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.
Acusaciones.
El exmagistrado está acusado de ser una pieza fundamental de la represión ilegal en el Chaco durante los setentas al hacer caso omiso a las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos que sufrían los expresos políticos.
Así se lo imputa por la infracción del deber de denunciar delitos; omisión de hacer cesar una detención ilegal; omisión de promover la persecución y represión de delincuentes; omisión de investigar tormentos; omisión de investigar privación ilegítima de la libertad en calidad de autor; además de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Todo ello en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada.
