Representantes | 21 Noviembre de 2012 | La norma recibió el respaldo de 27 votos positivos en general, sobre 29 diputados presentes.
La provincia del Chaco cuenta con la reforma del sistema procesal penal. Esto resulta así tras la sanción que dio la Cámara de Diputados a 3 despachos donde se resumen las distintas iniciativas del Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo y la Legislatura, que dieron origen a la norma en la que se incorporan y modernizan institutos de la organización de justicia, y se incluyó el juicio por flagrancia como respuesta rápida y eficaz a la sociedad plasmada en la ley Nº 7143.
Paralelamente se crearon 3 fiscalías en Resistencia, por ley Nº 7144; y se creó una Oficina de Política Criminal, a partir de la sanción de la ley Nº 7145 modificatoria de la norma que regula el Ministerio Público.
Este resultado se logró a partir del trabajo que se gestó en la constitución de una comisión especial que durante 80 días debatió tanto la modificación a la Ley 4538 y sus modificatorias Código Procesal Penal, la creación de tres Fiscalías de Investigación o de Primera Instancia que se desempeñarán en la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Resistencia y la creación de una Oficina de Política Criminal y la modificación de la Ley 4396 y sus modificatorias -Ley Orgánica de Ministerio Público-.
La reforma procesal penal implica 4 aspectos: el criterio de oportunidad, la reforma integral del sistema de organización de justicia; la amplia participación de la víctima en el proceso y el juicio por flagrancia.
EL DEBATE
Lo que involucra esta reforma lo detalló el titular de la Comisión de Legislación General Martín Nievas, quien adujo que «esta iniciativa completa dos situaciones en el combate contra la inseguridad, por un lado la prevención primaria que está en manos del Estado y para lo cual se desarrollan políticas socio ? educativas, económicas, que tratan de sacar a la población que se encuentra en grado de vulnerabilidad y que sería campo propicio para la comisión de ilícitos, luego de esa prevención primaria tenemos la prevención policial propiamente dicha, que con la nueva Ley de Seguridad se pretende más tecnología, el manejo civil de las políticas de seguridad, la presencia policial en las calles, para prevenir la comisión de ilícitos».
«La sociedad hoy se considera indefensa ? sostuvo ? porque una vez ocurrido el hecho, cree que justicia cuando llega, llega tarde, por eso nos estamos reencontrando con la ciudadanía, con lo que siente y piensa, por eso le estamos dando esta herramienta al Poder Judicial para que de mejor respuesta y le devuelva a la sociedad la confianza».
«Esta reforma procesal penal tiene 4 patas ? explicó ? por un lado lo que es la reorganización total del sistema de persecución penal, que impulsó el Superior Tribunal de Justicia, quien contrató a un especialista que constató las deficiencias que tiene el sistema penal en el Chaco. Para tener una mejor atención en centros barriales, que recepcione las denuncias de las personas que sufrieron un ilícito, y una vez formalizada la denuncia la puede seguir vía online, la idea es que en la denuncia estén datos como el teléfono, donde desde la Oficina de Intervención Temprana donde lo estarán llamando a las 48 horas, pidiendo colaboración para esclarecer el delito y ganar confianza en el sistema».
«Esto ? indicó – tiene que ver con la ley del reordenamiento de los fiscales en la primera circunscripción del Chaco y en segundo lugar con la creación de una Oficina de Política Criminal de monitoreo permanente y la creación de 3 Fiscalías que serán refuncionalizadas y desaparece la diferencia entre lo que es el Fiscal de Investigaciones y lo que es el Fiscal de Cámara. Hoy el Procurador, en un caso como el de Tatiana que es el mejor ejemplo, puede ordenar a su mejor fiscal que investigue el hecho, que vaya ante la Cámara, que lo acuse y que consiga que lo condene, no hace falta dividir las cosas entre quien investiga y quien acusa».
«En segundo lugar ? acotó ?recurrir a la segunda pata de la reforma que es el criterio de oportunidad, significa que el Fiscal puede dejar de perseguir penalmente, desistir o limitarla, cuando vea que el delito cometido es insignificante, tanto en lo económico o en lo social, o cuando en un accidente de automóviles el culpable haya sufrido mayor daño físico que el que se le podría dar en una pena, o cuando la víctima manifiesta desinterés en el proceso, no siendo aplicable a menores de edad víctimas, o víctimas de violencia de género».
«Esto ? remarcó ? se entronca con la tercera pata que el es respeto irrestricto a la víctima, donde la víctima puede cuestionar el criterio de oportunidad por el cual el Fiscal dejó de perseguir al delito, antes la víctima descansaba en el trabajo del Fiscal, a partir de ahora toma una posición más activa y protagónica, donde debe ser consultada, ahora la sentamos para que controle el proceso donde fue perjudicada y que sea escuchada cuando se pretende suspender el proceso a prueba o el juicio abreviado».
«Finalmente ?precisó- la cuarta pata responde a la inquietud del Gobernador que manifestó su preocupación por impulsar el juicio por flagrancia, que es cuando una persona es sorprendida en el momento en que comete un ilícito o inmediatamente después de cometido, cuando se produce esa situación, se toman pruebas (fotos, hora, testigos) acude al Fiscal dentro de los 3 días y este acude al Juez de Garantías que señala a quien ha sido encontrado ?in fraganti?, cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer el delito o inmediatamente después; se fija una audiencia y se le comunican las 4 alternativas que tiene: pactar la pena, puede hacer trabajos comunitarios, puede ir a mediación o se le aplica el proceso de flagrancia, que es un proceso sumario, directísimo, sin afectar garantías, que en 30 días le dirá a la sociedad: en un mes los delincuentes reciben la sentencia».
La diputada María Lidia Cáceres celebró haber llevado adelante este extenso debate de donde se destaca el rol de la Legislatura y el amplio marco de participación que la discusión tuvo «donde más allá de los planteos que se pueden hacer y en los que me hubiera gustado avanzar un poco más, no quita la trascendencia que tiene la reforma».
«Fue un debate honesto ? destacó – donde estuvimos todos, fiscales, magistrados, defensores, todos aquellos que van a ser los que van a aplicar esta herramienta jurídica que marca la impronta que ha tenido la Cámara de Diputados y todos los poderes del Estado».
«Esta reforma ? apuntó – busca brindar respuesta a los justos reclamos de la sociedad, hemos avanzado sobre 4 cuestiones que son las de otorgar a la victima la posibilidad de incorporarse al proceso penal que era uno de los cuestionamientos más fuertes y lógicos que se hacia al Código Procesal Penal y las nuevas fiscalías van a reforzar la encomiable labor que hacen los responsables del Ministerio Público. Esta es una herramienta que va a permitir a los actores del sistema poder aplicar normas jurídicas que están siendo aplicadas algunas en otras jurisdicciones y muchas que van a ser innovativas de este ámbito y del proceso y de lo que signifique su implementación veremos sus frutos, aspirando que sean los mejores y sobre la marcha veremos si hay que ajustar algunas cosas e insistir si podemos incorporar algunas figuras».
«Hemos logrado un trabajo fecundo y fructífero ? resumió – que enaltece a los poderes del Estado trabajando para lograr la posibilidad de lograr llevar nuestra normativa al ideal de justicia que todos tenemos».
El diputado Marcelo Castelán expresó su beneplácito por haber logrado un amplio grado de consenso entre quienes participaron de esta instancia y además recordó que el año pasado se habían analizado los proyectos que había remitido el Superior Tribunal de Justicia con la intervención de un especialista como el doctor Chayer donde habíamos visto que a partir de la implementación del sistema acusatorio no se llegaban a soluciones de calidad en los procesos penales en mas del 6 por ciento de los casos y la aspiración que implicaba un gran cambio era que ese 6 por ciento se eleve a un 12 por ciento, por ello se avanzo se dio participación a los distintos sectores, se hicieron llegar sugerencias, lo que motivo que en mayo de este año aprobáramos una resolución de Martínez para analizar todos los proyectos de leyes de reforma del sistema procesal penal».
«Así es como a pesar de las dificultades ? remarcó – empezamos en agosto a funcionar como comisión y se agregaron a las propuestas que ya existían, otras que se fueron incorporando y una iniciativa que requería de mucho estudio como era la implementación del juicio por flagrancia, por eso la reforma que estamos por aprobar hoy es una combinación de que buscamos eficacia y la defensa de las victimas y el debido proceso para el imputado».
El legislador de Libres del Sur Carlos Martínez destacó la decisión adoptada por su bloque de abrir el debate y el acompañamiento de los legisladores de las distintas bancadas y de representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de las asociaciones de profesionales del derecho, de trabajadores del sistema de justicia para la reforma del Código Procesal Penal.
«Es evidente ? señaló – que tenemos motivos para sentirnos satisfechos, no solo respecto a la génesis de creación de la comisión sino por la incorporación del principio de oportunidad reglado en nuestro Código, es un avance en las políticas de mejoramiento y optimización del trabajo de quienes tienen que investigar la comisión de delitos».
«Otro motivo de satisfacciones ? reseñó – es la incorporación del derecho de las victimas, nos gustaría en particular hacer precisiones para garantizar el rol de la victima en el proceso penal. Respecto al juicio abreviado vamos a tener un posicionamiento en particular, hay modificaciones que se le han realizado al despacho y como es un instituto que ya esta en el Código de procedimiento penal queremos hacer precisiones respecto al rol del fiscal y la situación del imputado».
Respecto al procedimiento de flagrancia, Martínez adelantó sus dudas en este tema «nos cuesta acompañar ese capitulo, pero no porque tengamos miedo de ingresar en una zona donde podamos avanzar, pero pensamos que toda reforma que incorpore institutos nuevos no deben apresurarse, deben medirse los avances de la implementación. Tenemos dudas acerca de que si la estructura judicial va a poder soportar toda la tensión de la nueva implementación de este sistema, necesitamos una policía administrativa y esto tiene que ir de la mano del avance de la capacitación de nuestra policía».
Por su parte, el diputado del Ne-Par Juan José Bergia también ponderó el trabajo que hizo la Comisión de Legislación General y agradeció a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco por brindar el espacio donde se realizaron las reuniones «quiero pensar en positivo y celebro el hecho de que constantemente nos encontremos en la búsqueda de respuesta a los problemas cotidianos y tan sensibles a los ciudadanos» señaló y adelantó su acompañamiento al despacho subrayando «esta innovación va a constituir una solución rápida al problema del delito cotidiano o regular, el de todos los días, arrebatos, robos, hurtos, pero de la prueba que se haga del juicio por flagrancia y de los frutos que dé, dependerá que podamos celebrarlo o lamentarnos, pero siempre teniendo en miras, mejorarlo». «De resultar exitosa esta primera experiencia que se va a llevar a cabo en Resistencia, se va a poder generalizar en toda la provincia ?vaticinó- poniendo a disposición de los habitantes esta nueva herramienta procedimental».
Bergia reconoció: «de lo que no puede dudarse, es que se viene trabajando en serio contra la inseguridad en el Chaco, que este gobierno ha trabajado para fortalecer la seguridad en la provincia» y añadió «en ejercicio del mandato que el pueblo nos ha conferido, hemos trabajado para aumentar y mejorar la seguridad de los chaqueños, siempre dentro del más estricto respeto por los derechos humanos, pero teniendo siempre en claro que estos constituyen una prerrogativa de todos y cada uno de los ciudadanos, por los cuales tenemos la responsabilidad de velar día a día, para hacer de esta, una sociedad pacífica, democrática y digna»
Por último celebró que el resultado haya sido consecuencia de un trabajo arduo y participativo de la Comisión de Legislación General y sus colaboradores, a la vez que ponderó las propuestas y objeciones recibidas que dieron sustento a la ley sancionada para dar respuesta a los ciudadanos chaqueños. Desde su banca del Frente Grande Daniel Trabalón anticipó que no acompañará el despacho de la Comisión en virtud de que hay puntos en el proyecto del Superior Tribunal de Justicia y que estábamos en desacuerdo «algunos de esos aspectos fueron modificados pero la cuestión de fondo sigue intacta», observó.
«Una de las cuestiones que se plantearon ? acotó – es que esta reforma amplia requería un espacio de debate mas participativo, mas democrático y en ese marco deberían discutirse algunas cuestiones, y de darse así siempre acompañamos. Por eso creemos que era importante generar un debate que se transformo en un proyecto de una comisión que fue donde empezamos a discutir» dijo y cuestionó que el análisis no haya sido en un marco total y absoluto de igualdad.
Otra de las cuestiones con que difiere es con la mesa única donde «no fue debatido de que manera y en que condiciones va a funcionar, lo mismo sucede en cuanto al Fiscal y las funciones que tendrá y como será designado, todos estos puntos deben estar claros en la ley» advirtió.
El legislador sostuvo que hay avances en el principio de oportunidad y el derecho de las victimas «pero nos surgen algunas dudas y diferencias en cuanto al proceso de flagrancia y en lo que respecta al juicio abreviado, por lo que creemos que a este despacho le falta mayor definición sobre algunos artículos y pedíamos que no se despache el lunes y así poder discutir más a fondo y profundizar el debate en varios de estos puntos».
El diputado Luis Verdún también destacó el trabajo de la comisión, los avances logrados y anticipó su acompañamiento a la iniciativa, postura que también tuvo Sergio Vallejos del bloque UCR NEA.
Cerrando la lista de oradores el titular del bloque justicialista Ricardo Sánchez adhirió al dictamen y puso de relieve que se incluye a la víctima «hasta ahora era ajena al proceso penal que tenia la posibilidad de presentarse como actor civil y como querellante, pero luego de formular la denuncia no sabía luego que paso con ese trámite y esto de alguna manera abona el descreimiento que pueda tener la gente en la administración de justicia. Por eso ? aclaró – es importante lo del archivo del expediente, cuando hablamos de la mesa única y se puede disponer del archivo, pero la decisión se debe comunicar a la victima en 10 días y es obligatoria y aunque no este la comparencia de la victima. La victima va a ser notificada y va a poder tener el derecho de decir algo y cuando menos el derecho a saber de aquella denuncia porque no pudo identificar al delincuente por cualquier razón esa causa que hoy tiene autor ignorado y se reserva en secretaria hasta la prescripción, no tiene sentido el mantener ese expediente en supuesto trámite cuando sabemos que no se da y que no hay forma de investigar el hecho y pasa algún día al archivo. La victima ahora es rescatada de ese ostracismo en que estaba y ese es un tema que quiero poner en valor», subrayó.
«Otro tema a destacar es el de la flagrancia que es un tema donde ha motivado que algunos legisladores no estén de acuerdo. No escuché públicamente por lo menos, una critica tan fuerte sobre la reforma que vamos a implementar y debo decir que por un lado lo que se plantea como critica, ya ha sido corregido en el despacho y que tiene que ver con quien dicta sentencia en el proceso de flagrancia, que primero se pensó que podía ser dictada por el juez de garantía pero tal como esta el despacho, lo que sucede es que no interviene el juez de garantía sino lo que hace es declarar el caso como de flagrancia».
«Se habla del resquemor que puede tener la sociedad frente a la situación de poder que tiene la autoridad policial de detener en caso de flagrancia y no hay forma de darle otro sentido a este concepto. Este es un tema importante a debatir, pero uno se inclina por la absoluta constitucionalidad del concepto de flagrancia».
«Y si hablamos de garantías constitucionales ? sostuvo – uno en la ley nunca puede plantear la ilegalidad, y luego el tema que plantean como de dudosa competencia provincial, no estamos cambiando nada, estamos incorporando un proceso directísimo que refiere a la flagrancia y dentro de este proceso directísimo, que acá se dice que atropella cuanta garantía constitucional se le atreviese, plantea que hay una audiencia con el fiscal y el juez de garantías y la cuestión de las pruebas y frente a esto uno dice realmente que quien escribe esto, poco conoce el proceso penal».
«No estamos agregando nada nuevo ? expresó – ningún juez va a dictar una sentencia si no tiene un sus manos una pericia que determine como fue el hecho, va a requerir de todo el andamiaje de la justicia para que esa prueba llegue en el tiempo que tiene que llegar, por eso creamos tres fiscalías mas para Resistencia» observó y añadió «las criticas presumen que no tenemos las estructuras para llevar adelante este proceso, y va a tener que haber una adecuación de las estructuras, que es lo que nosotros estamos votando y donde ganaremos en seguridad para la gente», acotando además que este nuevo andamiaje legal será aplicado en la circunscripción de Resistencia como un primer paso, para después hacerlo extensivo a todo el territorio provincial.
La norma recibió el respaldo de 27 votos positivos en general, sobre 29 diputados presentes, en particular el diputado Carlos Martínez, se abstuvo de votar solo el artículo 12 que refiere al procedimiento de «flagrancia» incorporado en el código procesal penal, el tanto el bloque Frente Grande integrado por Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón mocionaron permanencia en cartera de los tres despachos puestos a consideración cuestión que no prosperó, siendo aprobadas las leyes por la mayoría de los legisladores.
