Así lo aseguró el presidente del Comité Provincial contra la Tortura, Mario Bosch, sobre el caso de Maximiliano Duarte, quién falleció el 23 de julio último en el hospital Perrando tras supuestas torturas en la unidad penintenciaria federal.
El presidente del Comité Provincial contra la Tortura (CPCT), Mario Bosch, aseguró que desde el Servicio Penitenciario Federal se intenta manipular a la opinión pública para ocultar la posible responsabilidad de personal de la U7 en la muerte del interno de esa unidad carcelaria acontecida el 23 de julio de 2012, luego de varios días de internación tras haber sido presuntamente torturado durante una requisa. En ese sentido, aclaró que, además de la causa que se investiga en la Fiscalía Penal Nº3 sobre si hubo responsabilidad de personal del hospital en el deceso de Maximiliano Duarte por “septicemia generalizada”, existe abierta una investigación en la Fiscalía Federal de Resistencia para determinar si fue trasladado al hospital Perrando luego de haber sido brutalmente torturado por agentes de la U7.
En diálogo con FM Libertad, Bosch aclaró que “es cierto que la Fiscalía Nº3 no imputó ni acusó a ningún personal penitenciario por la muerte de Maximiliano Duarte, sencillamente porque la Fiscalía jamás investigó lo que ocurrió dentro de la U7 con Maximiliano Duarte, porque eso es competencia federal”.
El abogado penalista recordó que cuando el Comité Provincial contra la Tortura tomó conocimiento a través de los familiares de Duarte de la golpiza que había recibido durante una requisa en la U7 solicitaron la intervención de la justicia federal. Sin embargo, advirtió que “curiosamente, la U7 no da aviso a la justicia federal, como correspondía, de la existencia de esta muerte, ya que se trata de un detenido en un establecimiento federal sino que da aviso a una fiscalía de la provincia tergiversando u orientando como si se tratase de una muerte intrahospitalaria”.
“Se está investigando al participación del personal penitenciario”
Bosch detalló que Duarte falleció en el Perrando producto de una infección generalizada, pero recalcó que “esta infección tiene un origen, y el origen es la pérdida de materia fecal producto de rotura traumática de los intestinos. Muere por una infección generalizada que se produce porque durante la golpiza le rompieron los intestinos”.
“La fiscal de investigaciones Nº3 no investiga lo de la U7, y no tiene personal penitenciario imputado, sólo investiga si hubo responsabilidad del personal del hospital Perrando en la muerte. Lo que esconde el Servicio Penitenciario es que existe una causa federal que tramita por ante la fiscalía del Dr. Patricio Sabadini en que sí se está investigando la participación del personal penitenciario que lleva a que los intestinos no se rompen solos”, graficó el titular del Comité Provincial contra la Tortura. Y agregó que “en la autopsia dice rotura traumática, y trauma significa golpes”.
“Tortura seguida de muerte”
Bosch advirtió que en caso de comprobarse la existencia de la tortura en la U7 podría tipificarse dentro de la figura penal de “tortura seguida de muerte”, una de las metodologías preferidas por los genocidas argentinos durante la última dictadura cívico-militar.
“Si la muerte fue consecuencia de la tortura estamos ante un tipo penal que tiene una pena de prisión perpetua, que es tortura seguida de muerte. Si la muerte no fuese consecuencia de la tortura, igual las torturas existieron y produjeron lesiones graves, lo que de ningún modo exime de responsabilidad, discutiremos la figura penal aplicable, y si hay vinculación directa del homicidio con la tortura”, analizó el titular del Comité Provincial contra la Tortura.
“Lo que tenemos que investigar es por qué fue al hospital con un cuadro agudo que lo llevó a la muerte”, precisó Bosch. Y reflexionó que “tal vez si se lo llevaba a un hospital de máxima complejidad se lo podía salvar, pero esto en nada exime la responsabilidad a quiénes le dieron la golpiza que provocó la rotura de intestinos”.
Asimismo, el penalista consideró “de suma gravedad que la institución salga oficialmente a respaldar a personas que, si se confirma lo que muchos testigos confirmaron, cometieron un homicidio a una persona que tenían bajo su custodia. Recuerda los momentos más negros de la dictadura donde salía la institución a respaldar y a encubrir a criminales”. Y sostuvo que “si en cualquier institución de nuestra provincia se produce una muerte violenta, lo que uno espera es que la institución preste toda la colaboración en la investigación”.
“No digo que todos los funcionarios de la U7 sean responsables, hay responsables concretos. Pero que ellos, en vez de investigar la muerte salgan a respaldar públicamente y a confundir a la sociedad, nos parece de suma gravedad”, concluyó.
