En el marco de las medidas tomadas por el gobierno nacional para reformar el Poder Judicial, los diputados peronistas, María Cáceres y Eduardo Carballo, presentaron un proyecto de ley con el cual pretenden que tanto los jueces de Paz como de Faltas se sometan a la consideración popular y sean elegidos por el voto de la ciudadanía. Para concretarlo necesitan una enmienda constitucional.
Por medio del proyecto de ley 2205/13, Cáceres y Carballo propician enmendar el articulo 159 de la Constitución Provincial agregando un párrafo en cuyo texto quedaría incorporado que «los jueces de Paz Titulares y Suplentes, serán elegidos en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Serán removidos, cuando incurrieren en algunas de las causales previstas en el párrafo primero del artículo 154 de esta Constitución».
Paralelamente propicia establecer una cláusula transitoria para determinar que «la enmienda prevista, será aplicable en aquellos casos en que se produzcan vacancias en los distintos Juzgados de Paz; cuando los Jueces de Paz deban ser reelectos en sus funciones, y/o en caso de creación de nuevos Juzgados de Paz».
La justificación
En algunos de los párrafos del abundante fundamento que expusieron los legisladores vale remarcar que consideraron que «en cuanto a la presente iniciativa, la misma es de gran relevancia en el campo institucional, y pretende brindar mayor transparencia en el ámbito judicial. Actualmente, los ciudadanos tenemos solamente el derecho o facultad de elegir al Presidente de la República pero no a nuestros jueces de región, ni provinciales o distritales. Por ello se pretende, legitimar el sistema de justicia frente a los ciudadanos, restablecer el poder de la clase política, el poder judicial en particular y el sistema de justicia en general, abriendo nuevos desafíos para mejorar y renovar un sistema judicial haciéndolo más independiente, eficiente y accesible elementos imprescindibles para recuperar la seguridad jurídica como valor democrático».
«La propuesta -aclaran- se dirige a crear una verdadera democratización de la justicia. Pues los últimos diagnósticos sobre los problemas del sistema judicial apuntan a la injerencia política en el sistema que provoca una desmesurada politización de la justicia y judicialización de la política, a la falta de políticas públicas comprensivas y eficientes en relación a la seguridad pública y a la violación de las reglas del debido proceso, cuando no al régimen universal de los derechos humanos».
