El juez Ricardo Fernando Franco elevó este jueves su renuncia al cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco para evitar el inicio de un juicio político en su contra por diversas denunciadas que actualmente se encuentran bajo análisis de la Comisión Investigadora de Juicio Político de la Cámara de Diputados del Chaco (ver nota aparte). La denuncia fue aceptada por el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quién firmó junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Muñoz Femenía, el decreto Nº 959/13 que acepta la renuncia de Franco, que se hará efectiva a partir del 1 de agosto de 2013 y el polémico magistrado se acogerá de esa manera al beneficio de la jubilación.
Cuestionado desde el origen
Vale recordar que en julio del año 2010 el gobierno del Chaco había impulsado una acción de inconstitucionalidad contra los decretos que designaron en el Superior Tribunal de Justicia tanto a Franco como a sus pares Ramón Rubén Avalos y Rolando Ignacio Toledo – estos dos exfuncionarios de gobiernos radicales-, por no haber accedido a sus cargos a través de concursos de oposición y antecedentes, como lo prescribe la Constitución de la Provincia del Chaco.
2012, año negro
El 2012 fue un año negro para Franco. En agosto, el polémico magistrado se despachó con una declaración incendiaria. En diálogo con Radio Libertad dijo que el crimen organizado en el Chaco tiene el financiamiento y apoyo de «políticos, jueces y empresarios y demás». La Legislatura lo citó para que amplíe sus dichos, pero el juez sólo habló vaguedades respecto de causas penales abiertas contra funcionarios nacionales.
Dos meses después, a bordo de su VW Bora, Franco embistió a un automóvil Corsa, en avenida Las Heras al 500. Hasta allí un accidente de tránsito más. Sin embargo, el médico policial Marcelo Fanti examinó al ministro sel Superior Tribunal de Justicia y le diagnosticó primer grado de intoxicación alcohólica con aliento etílico. Llegado el momento de trasladarse hasta la sede de la comisaría jurisdiccional, el magistrado se empecinó en conducir en el estado en que se encontraba. Por supuesto, los agentes policiales se lo impidieron.
Tras el episodio, y en medio de pedidos de juicio político impulsados desde el Frente Chaco Merece Más, sindicatos judiciales y movimientos sociales, los restantes miembros del STJ decidieron soltarle la mano. En un acuerdo extraordinario, resolvieron quitarle la presidencia de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional que quedó a cargo del juez Modi y dejaron asentado su posición respecto de cómo debe manejarse un magistrado de la Justicia local.
Según la acordada, un juez debe tener una conducta decorosa «en su máxima expresión», «prudencia, circunspección y mesura», señalando que cuando esto no se cumple y trasciende a la esfera pública, «afecta la credibilidad y la confianza que en el Servicio de Justicia debe tener la sociedad, produciendo afectación de la imagen judicial».
La última polémica
El último suceso que involucró al juez Franco fue la presentación que radicó la semana pasada ante la Fiscalía en Turno denunciando supuestas agresiones físicas por parte de su pareja, María Masso. Sin embargo, el día posterior la propia mujer fue quién se presentó a denunciar al magistrado por «agresiones verbales y físicas».
El cargo vacante
Con la renuncia de Franco se generará una vacante en el máximo tribunal del Chaco y será la oportunidad de que ese cargo se renueve adoptando los mecanismos de transparencia que prescribe la Constitución Provincial, es decir, a través de un concurso público de oposición y antecedentes que despeje cualquier especulación sobre cualquier intento partidario de copar el STJ.
