El titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2, Marcelo Peluzzi, intimó al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que «brinde una solución urgente» a la situación de vulneración de derechos de los internos de la Unidad 7 del Chaco, prohibió el traslado de internos a su cargo hacia ese penal y, entre otras medidas, pidió la colaboración de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) para monitorear las condiciones de alojamiento.
En esa cárcel ocurre, como en otros lugares del país, que parte de los internos proviene desde grandes distancias: en Chaco hay jóvenes alojados cuyo núcleo familiar y lugar de residencia era, hasta su encierro, la provincia o la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El Servicio Penitenciario suele fundamentar que no tiene vacantes en cárceles más próximas, pero la medida es vista como una forma de destierro y castigo dirigido a determinados internos. Esta situación, explica que un juez de ejecución porteño disponga medidas en relación detenidos que se encuentran a más de mil kilómetros de la sede del juzgado.
La resolución del juez Peluzzi incluye varios puntos que venían siendo reclamados por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Procuvin, en relación al cese de las pésimas condiciones de alojamiento, las torturas y los malos tratos a los que es sometida la población de ese penal, que está en el foco del problema por la cantidad de hechos denunciados últimamente.
Esta decisión judicial es el segundo reclamo que recibe Hortel en los últimos quince días respecto de la situación de la Unidad 7. El juez de Ejecución porteño Axel López le envió el 13 de junio un oficio en el que solicita se «disponga de medidas de intervención directa a los efectos de fiscalizar la actuación del personal de ese establecimiento carcelario e intentar evitar, de una vez por todas, la continuidad sistemática de prácticas que impliquen condiciones crueles de detención».
Con ese antecedente, la resolución de Peluzzi, firmada el viernes pasado, requiere a Hortel que «brinde solución urgente» a la situación del penal y le informe al quinto día de recibir la orden «las medidas que se adoptaron».
El juez Peluzzi también dispuso la prohibición de trasladar internos a disposición de su juzgado desde cualquier otro penal a la Unidad 7, hasta tanto se resuelvan la situación general del penal, con el objetivo de evitar poner en riesgo las garantías constitucionales.
Puntualmente, el magistrado se refiere al artículo 18 de la Constitución Nacional, que ordena que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de los que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice».
En esa línea, el juez Peluzzi también ordenó a Hortel que, en diez días, efectúe una evaluación integral de cada uno de los internos a cargo de su juzgado y «se establezca si el perfil criminológico coincide con el alojamiento en esa unidad penitenciaria de régimen cerrado». Asimismo, solicitó a la defensora oficial ante el juzgado a su cargo, Patricia García, a efectuar «un seguimiento periódico de los internos» que representa a través de la Defensoría Pública Oficial de Resistencia, y que notifique de manera inmediata cualquier noticia de agravamiento de las condiciones de detención a los fines de tomar medidas en el caso.
Finalmente, estableció la realización de un monitoreo semanal de las condiciones de alojamiento de la Unidad 7, ordenó la realización de una inspección que se realizará mañana en la cárcel junto a funcionarios judiciales y representantes del Ministerio Público del Chacho, y requirió colaboración a la PPN y a la Provuvin.
«Condiciones infrazoológicas»
El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, destacó ante Fiscales las decisiones de López y Peluzzi porque «son una excepción en la incondicionalidad general del sistema judicial con las torturas» y reflexionó: «Preocupa saber que si en el sistema carcelario se matara o torturara al doble o triple de víctimas que actualmente, el sistema judicial probablemente siguiera imperturbable, más ocupado en el manejo de fondos que en la muerte de las personas que encierran en cárceles donde el mismo sistema judicial permite condiciones de alojamiento infrazoológicas».
El fiscal consideró que «todo espacio que los jueces dejen en manos de los ejecutores penitenciarios, serán focos de violencia, torturas y muerte» y remarcó que la decisión de Peluzzi «marca un cambio en la práctica judicial de dejar hacer a costa de la integridad de las personas, muchas de las cuáles son encarceladas, sin más prueba que un acta policial, por delitos muchos más leves que los que luego padecen durante el encierro».
Córdoba señaló que los monitoreos y las evaluaciones dispuestas por Peluzzi son «señales claras» contra un «sistema carcelario actual que funciona sobre un esquema violento y que es gobernado por generación de miedo, lesiones y tormentos».
«En ese esquema los jueces son quienes tienen las facultades y el deber de modificar esa situación que de otro modo se profundizará, dado que está arraigado el desinterés judicial por las víctimas de la violencia institucional y la habilitación tácita a llevar al extremo la violencia que no encuentra otro límite que la resistencia biológica de las personas. La tolerancia judicial, cuando la muerte es de una persona marginada, no tiene referencias humanitarias», concluyó el titular de la Procuvin.
Los reclamos
En su resolución, el juez Peluzzi tuvo en cuenta una nota que le remitió la PPN, en la que se detallan problemas en las condiciones materiales de detención de los pabellones de alojamiento y del Servicio de Atención Médica. También lo pone en conocimiento de «recientes antecedentes de violencia institucional y situaciones de conflictividad entre presos allí alojados».
En esa comunicación, la PPN solicitó que se garantice a los internos los derechos que contempla la ley de ejecución penal y «se desarrollen estrategias de prevención de conflictos entre la población penal».
En los considerandos de su decisión el juez también pone de resalto que le confirió un traslado al fiscal de Ejecución Penal, Jorge Andrades, y que este respondió que «nada tenía que opinar acerca de la vista conferida por estar interviniendo» la Procuvin.
La Procuvin, en tanto, le remitió copia al juez del acta de la inspección realizada a fines de abril pasado, «considerando que las situaciones referidas importan la violación de derechos humanos de las personas privadas de su libertad».
La defensora oficial ante el juzgado de Ejecución, por su parte, se valió de los informes de la PPN y la Procuvin, para dictaminar que en la Unidad 7 «se verifica la vulneración de diversos derechos y garantías consagradas constitucionalmente» y enumeró «la vulneración del derecho a la integridad psíquica, física y moral, del derecho a la slaud y del derecho a no sufrir tormentos, tortura, pena cruel, tratos inhumanos y degradantes, del derecho a la adecuada alimentación, de la posiblidad de mantener comunicación efectiva con el exterior, donde se incluye no sólo al grupo social de pertenencia sino también a los operadores judiciales».
La Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal viene siendo un reiterado escenario de denuncias por aplicación de tormentos y otros malos tratos. De hecho, la Procuvin viene denunciando diferentes situaciones y solicitando el traslado de detenidos víctimas de violencia institucional.
En ese marco, el fiscal de Resistencia Carlos Amad solicitó la detención de siete penitenciarios de aquél penal por torturas y violación y participó de un allanamiento a esa cárcel luego de recibir una denuncia de un interno a quien penitenciarios habrían encargado el crimen de otro preso.
Fuente: Fiscales.gov.ar
