SANTIAGO.- La asociación de magistrados del Poder Judicial de Chile pidió perdón ayer por las omisiones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando la Justicia no protegió «a quienes fueron víctimas del abuso estatal».
«Ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y la sociedad chilena», dijo la agrupación de jueces en una inédita declaración pública a 40 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno del socialista Salvador Allende e instaló la dictadura de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.
«Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», agrega la declaración.
El pedido de perdón no alcanza, sin embargo, al Poder Judicial como institución, la que hasta ahora no ha realizado ningún reconocimiento de las omisiones en el ejercicio de sus funciones durante la dictadura en materia de derechos humanos.
Unos 5.000 recursos de amparo, en favor de víctimas de la dictadura de Pinochet, por desapariciones o detenciones ilegales, fueron rechazos durante el régimen militar por los tribunales chilenos, que argumentaron no contar con la información suficiente para darles curso.
En la nota, los jueces solicitan al actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, hacer también un pedido de perdón.
«La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia», agrega la declaración de los magistrados.
Uno de los presidentes de la Corte Suprema durante los primeros años del régimen de Pinochet, consultado por los detenidos desaparecidos, respondió que «los desaparecidos me tiene ‘curcuncho’ (hastiado)».
Un ejemplo contrario fue el caso del juez Carlos Cerda, quien en 1986, en plena dictadura, procesó a 40 uniformados en una causa por violaciones a los derechos humanos, y sus superiores le ordenaron dar un pie atrás, pero como no lo hizo, lo castigaron con tres meses de suspensión .
Fueron contados con los dedos de una mano los jueces que se atrevieron a presentarse en el lugar en que la policía represiva tenía a un detenido y hacerlo que lo llevaran a su presencia. Casi todos se conformaron con preguntar al Ministerio del Interior dónde estaba el desaparecido, y se conformaron con la respuesta de que en Interior no sabían.
Con motivo del próximo aniversario de los 40 años del golpe de Estado, varios políticos de izquierda y derecha han pedido perdón por sus actos u omisiones para denunciar los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en dictadura, que se saldó con más de 3.200 víctimas y 38.000 torturados.
(AFP/AP)
