El ex procurador general de Justicia, Eduardo Samamé, afirmó que intentará volver a su antiguo cargo y si ello no es posible, llevará su reclamo ante la Corte Suprema de la Nación y si es necesario ante cortes internacionales.
Las expresiones de Samamé fueron hechas luego que en una entrevista radial realizada por FM del Lago se le hiciera al conocerse que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró nulo el juicio político por el cual la Legislatura provincial lo destituyó hace casi cuatro años.
El fallo se conocerá en el día de hoy, pero ya están notificando a las partes, aunque el abogado cordillerano aseguró que aún no se le ha informado sobre la resoluciòn del máximo organismo judicial del Chubut.
La decisión de los jueces, se basaría en las presuntas irregularidades administrativas y jurídicas que se cometieron en 2008 al juzgarlo. Sin embargo, en los considerandos no se le ordena restituirlo ni habla de los salarios caídos.
A raíz de ello, Eduardo Samamé, que no ahorró críticas hacia los legisladores que lo enjuiciaron, al actual Procurador, Jorge Miquelarena y a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, precisó que exigirá la recomposición a su cargo y que al estar en situación pasiva desde hace un año, no es prohibitivo para volver a ejercer su antiguo cargo, tal como ocurrió con Carmen Argibay, cuando fue designada como ministra de la Corte Suprema de Justicia.
En un fallo inédito y de enorme repercusión política, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró nulo el juicio político que en agosto de 2008 destituyó al Procurador General de la provincia, Eduardo Samamé, por las presuntas irregularidades jurídicas y administrativas cometidas durante sustanciación de aquel juicio.
En 2008, Samamé fue destituido e inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos públicos. Fue el resultado confirmado por los 6 votos de legisladores del PJ, 4 del ProVeCh y uno del PaCh.
Los cargos por los que el Procurador fue apartado fueron cuatro: ejercer la superintendencia de la Procuración de manera arbitraria; no fijar una política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; negar arbitraria e infundadamente licencias ordinarias y extraordinarias a empleados directos y a los fiscales jefes; y omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de investigaciones y el resultado de las gestiones de los fiscales de cada circunscripción
