01/02/2012  | Ayer se realizó una audiencia con los policías involucrados. La Provincia asumió ayer el rol de querellante en el caso de los policías acusados de haber ultrajado a un menor de 16 años en una Comisaría de Trelew. Lo hizo en una audiencia pública en la que se presentó el fiscal de Estado Blas Meza Evans y el doctor Roberto Díaz, quien lo secundará cuando no pueda estar en los actos procesales que se hagan, de ahora en más, en el proceso judicial que tiene por el momento a cinco uniformados detenidos.
La audiencia -que fue un mero formalismo en una causa penal contra más de una decena de policías- comenzó poco después de las diez de la mañana en la Oficina Judicial de Trelew, se extendió alrededor de media hora y de la misma participaron los imputados; aquellos que están presos en la Alcaidía y quienes están en libertad.  El defensor que los patrocinó a todos, fue el doctor Carlos Pericich, de la Defensa Pública, y la fiscal del caso Mirtha Moreno. Encabezó el procedimiento el juez de Garantías José García.
Antes de ingresar a la sala de audiencias el doctor Roberto Díaz hizo declaraciones para este diario y aseguró al hablar brevemente y con mucha cautela del caso que «hasta ahora todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal son realmente contundentes y por eso la Fiscalía de Estado ha decidido participar como querellante».
«Muchas veces esta tarea es un poco ingrata porque vengo a hacer el malo de la película, pero hay que cumplir la Ley. Todos somos esclavos de la Ley y con más razón los funcionarios públicos, como en este caso», señaló después.
El doctor Blas Meza Evans, luego de hacerse presente en el tercer piso de los tribunales de Trelew, también habló al respecto con la prensa y entre otras cosas dijo: «Hay causas que por sus características -esta es una de ellas por la gravedad del hecho que se investiga, por una clara violación a los Derechos Humanos- en las que se indica que el Estado debe estar presente», explicó.
Agregó: «Por un lado para preservar la institución policial, porque este es uno de los sentidos que tiene nuestra presencia como querellantes, y por el otro;  porque creemos que la gravedad de los hechos amerita que el Estado participe en la investigación de sus propios funcionarios, porque los policías son funcionarios públicos», remarcó.
«En ese marco, va a depender de la gravedad de los hechos que se investigan en cada caso la actuación que tenga la Fiscalía de Estado, tratando simplemente de ayudar a la Justicia que en este caso viene actuando con la celeridad y responsabilidad que ya se ha puesto de manifiesto» públicamente, añadió el fiscal de Estado.
Luego le preguntaron si compartía la calificación que se le había dado a los hechos presuntamente ocurridos con la demora del jovencito y después de su traslado a la Comisaría Segunda, haciéndosele notar de que en los últimos días hasta se hablaba de que el caso bien podría ser considerado como «tortura».
Ante esa consulta el fiscal de Estado respondió: «En el lenguaje popular; cuando un policía comete hechos de estas características, es un acto de tortura y una grave lesión a los Derechos Humanos condenados por Convenciones Internacionales a las que la Nación adhiere, y debemos preservar el funcionamiento del Estado para que no tenga dentro de sus estructuras personas que estén generando este tipo de violaciones».

Fuente: http://www.elchubut.com.ar/despliegue-noticias.php?idnoticia=181952