El tema se suscitó luego de una serie de excusaciones de magistrados, debido a la presunta “violencia moral” en la que se veían expuestos por el entuerto que los jueces mantienen con el Gobierno provincial, por el incumplimiento de un acuerdo salarial homologado por el Superior Tribunal.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales emitió un comunicado en el que dice que “existe un sistema normativo que marca cuándo un juez debe apartarse de entender en una causa. Ese esquema, custodio de la imparcialidad del magistrado, está integrado al Código Procesal Civil y Comercial en sus arts. 17 y siguientes”, aclaran los jueces.
Y agregan: “Dentro de ese marco, cuando un juez valora que su situación encuadra en alguna causal que el Código Procesal contempla como motivo de apartamiento se excusa, porque así lo establece la ley. El gobernador de la Provincia del Chubut suscribió con esta Asociación un acuerdo por el que se reconocía un importante desfasaje en la remuneración de los magistrados y funcionarios chubutenses, respecto de la media remunerativa patagónica. Dicho acuerdo fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia debidamente integrado por Abogados de la Matrícula. Ante ello, es indudable que los jueces y funcionarios alcanzados por dicha sentencia somos acreedores del Estado Provincial, no por conjetura propia, sino por la aludida sentencia.”
Más adelante, explican que “las excusaciones que los jueces han realizado en aquellas causas en que la Provincia del Chubut es parte, tiene como único fundamento el haber quedado constituidos como acreedores de la misma, conforme a lo dispuesto por el art. 17, inc. 4 de la Ley Provincial XIII Nº 5 (antes Ley 2203), y lo estipulado por el art. 30 del mismo cuerpo legal. La especial situación procesal producida por dichas excusaciones legales, que han motivado el referido Acuerdo Plenario del STJCH, tiene su origen en el incumplimiento del Poder Ejecutivo Provincial de una Sentencia emitida por el Máximo Tribunal de la Provincia –que el mismo Poder Ejecutivo ha contribuido a formar con el acuerdo previo ahora homologado- y no en la debida excusación de los Jueces, ahora devenidos en acreedores por dicho incumplimiento”, le enrostran los jueces a los ministros del Superior.
Para el final dejaron otro párrafo duro: “Entendemos que no es facultad asignada, ni por la Constitución ni por las leyes, al Superior Tribunal de Justicia, la de recomendar, exhortar o aconsejar, las conductas a seguir por quienes tienen atribuida constitucionalmente la potestad jurisdiccional, la que debe ser ejercida de modo independiente e imparcial.”
Punto ¿final?
