2 de febrero de 2012
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la ratificación, por parte de República Dominicana, del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. República Dominicana ratificó dicho Protocolo el 19 de diciembre de 2011 y depositó el instrumento de ratificación en la OEA el 27 de enero de 2012.
Con este acto, República Dominicana ha ratificado cuatro de los seis instrumentos interamericanos de derechos humanos adicionales a la Convención Americana, ratificada en 1978. Los otros instrumentos ratificados por República Dominicana son: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, o Convención de Belém do Pará, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
A través de esta ratificación, República Dominicana ha dado un paso más en el camino hacia la universalización de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. La CIDH alienta a República Dominicana a avanzar en este camino y ratificar también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador.
La CIDH reitera la importancia de que el sistema interamericano avance hacia la aceptación y aplicación universales de sus normas a través de la ratificación de todos los instrumentos regionales de derechos humanos por parte de todos los países miembros.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Los Estados miembros de la OEA han asumido el compromiso de otorgar a la CIDH todas las facilidades necesarias para llevar a cabo sus misiones de observación con plena libertad, con el fin de dar cumplimiento a su mandato.
