La Municipalidad y el área de Adultos Mayores hacen relevamientos periódicos. Hasta abril se concretaron clausuras administrativas, otorgando plazos a los propietarios para regularizar la situación. Ahora están cerrando de manera definitiva los lugares que no se adecuaron a las normativas.
La Municipalidad de Santa Rosa ya concretó 8 clausuras definitivas a geriátricos que habían sido advertidos de esa situación irregular pero no hicieron nada para adecuarse a las leyes y ordenanzas vigentes.
Al menos en un caso puntual, la situación demandará de la intervención del Poder Judicial, ya que la propietaria quita reiteradamente las fajas de clausura, se negó a facilitar información a las autoridades intervinientes y por momentos hasta pareció tomarles el pelo a los intervinientes.
La información fue confirmada ante una consulta de El Diario por la directora de Sanidad y Control de Actividades Económicas, la ingeniera Daniela Viviana Bejar.
Las anomalías en que incurren los geriátricos son diversas: desde cuestiones administrativas o legales, hasta arquitectónicas, pasando por situaciones de otro tipo, como maltratos y desidia respecto de los adultos mayores alojados en el lugar.
Estas últimas cuestiones también requieren de la intervención del Poder Judicial, que a su vez es requerido para la realización de allanamientos en sitios que aunque funcionan como geriátricos no están habilitados formalmente ni son parte del registro oficial, y que cuando son visitados por las autoridades se niegan a brindar información o facilitar el ingreso.
Este martes clausuraron un geriátrico ubicado sobre la calle Garibaldi, que sería propiedad de una mujer llamada Silvia Seitz.
El caso más problemático ha sido hasta ahora el de un geriátrico de la calle Don Bosco, a cargo de Clide Kloster. Esa clausura se produjo hace un par de semanas, pero la mujer una y otra vez quita las fajas de clausura, al punto que el personal de la Dirección va hasta el mismo sitio prácticamente en doble turno cada jornada.
La situación, de todos modos, derivará en la justicia, porque la mujer incurrió en otras anomalías. De acuerdo a lo que explicó Bejar, el hecho “ya excede a la Municipalidad”.
Cuando a la propietaria del lugar le preguntaron por las identidades de los adultos mayores alojados en ese sitio, dijo que no sabía quiénes eran, situación que como pone en juego la identidad podría derivar incluso en la Justicia Federal. La propietaria del geriátrico tampoco brindó el nombre de la abogada y dio números telefónicos falsos, por lo que se hizo la denuncia.
Relevamiento
La tarea del municipio se hace en conjunto con el área de Adultos Mayores que depende del Ministerio de Bienestar Social de la provincia. Las clausuras son, desde ya, disposición del Juzgado Municipal de Faltas.
Los relevamientos y operativos de control comenzaron el año pasado. Hasta el mes de marzo o abril se produjeron sucesivas clausuras administrativas: les dan a los propietarios 45 días hábiles para regularizar la situación de habilitación.
Si no está cumplido, el juez puede dictaminar la clausura definitiva: en esos casos -que son los que se prdoujeron en los últimos tiempos- después de informados de la situación, a los propietarios les dan 15 días para que notifique a los familiares de los adultos mayores, para reorientar a los residentes.
Después de abril de este año se hicieron diversas y numerosas fiscalizaciones de los lugares: algunos lograron la habilitación y otros no. Hubo geriátricos donde los propietarios del inmueble (en general quines regentean los geriátricos son inquilinos) no permitían modificaciones edilicias y debieron reubicarse.
Pero otros lugares “no tienen intención de habilitar y continúan. Por eso se comenzó con las clausuras definitivas”, dijo Bejar.
Con el área de Adultos Mayores, van tres veces al año a fiscalizar las residencias. De esa inspección se saca una calificación y los equipos técnicos resuelven.
“Nos ha pasado de tener lugares donde íbamos a las inspecciones por denuncias a geriátricos fuera del registro, no nos han permitido el acceso y hemos tenido que plantear el tema en Fiscalía, también se ha hecho ese trabajo”, explicó la funcionaria municipal.
