El tema que más preocupa a los argentinos es la inseguridad. Lo evidencian las encuestas de distintas consultoras y universidades, y fue uno de los reclamos insistentes en las dos manifestaciones en contra del Gobierno nacional, realizadas el 13 de septiembre y el 8 de noviembre últimos.
Sería tan absurdo minimizar el problema calificándolo de “sensación” –en palabras de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré– como afirmar que los delitos empezaron a propagarse por el territorio nacional desde que el kirchnerismo asumió el poder en la Argentina.
La complejidad sociocultural y antropológica del crimen no se reduce tampoco a cifras, las que siempre pueden ser interpretadas de modo positivo o negativo, según el cristal a través del cual se las mire.
Como ejemplo, sirva el informe del Observatorio Hemisférico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), difundido a principios de octubre de este año.
Según ese estudio, la Argentina es el país que ostenta la más alta tasa de robos de América (973 cada 100 mil habitantes).
El mismo informe señala que la tasa de homicidios (5,5 cada 100 mil) es una de las más bajas del continente.
En la provincia de Córdoba, la seguridad también concentra la preocupación de los ciudadanos y divide a sus dirigentes.
El punto más controversial es el Código de Faltas, en especial la figura del “merodeo”, que faculta a la Policía a detener a quien “merodeare edificios, vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros o permaneciera en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos” (artículo 98 del citado código).
Distintos actores sociales y políticos –como el Colegio de Abogados; la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto; el legislador Roberto Birri; la jueza de Control y Faltas de Río Segundo, María de los Ángeles Palacios, y las diversas organizaciones que convocan a la sexta Marcha de la Gorra para mañana a las 18 desde Colón y la Cañada, en el centro de la capital provincial– denuncian la inconstitucionalidad del Código y pretenden abolir al menos los instrumentos cuya aplicación genera arbitrariedades.
En la vereda opuesta, quienes defienden este cuerpo legal sostienen que es una herramienta de regulación social, pues protege normas de buena vecindad y posee una función preventiva.
Tanto las víctimas de detenciones abusivas por parte de la Policía como las víctimas de delitos pueden contarse por miles, y en ambos casos se trata de experiencias que dejan estigmas.
Por ese motivo y porque no existen fórmulas mágicas para solucionar un problema de esta magnitud, hay que abordarlo desde todos los frentes –el social, el político, el jurídico, el criminológico– y entender que no vivimos en un Estado de excepción sino en una sociedad democrática cuyas normas de convivencia están definidas por la Constitución.
