Una crítica recurrente de la cultura política argentina es la dificultad de sus protagonistas por alcanzar acuerdos y concertaciones. Esto es: la escasez de consensos duraderos para construir políticas de Estado. Se habla muy habitualmente, como contraste, de España y de Brasil, muchas veces idealizándolos. El caso, ahora, es que se construyó un acuerdo preliminar para modificar la legislación penal en la Argentina. Y una vez alcanzado el acuerdo comenzaron las críticas destructivas desde diversos sectores.
Cualquier argentino mínimamente informado sabe de la antigüedad y el carácter al menos desordenado y no pocas veces vetusto de la legislación penal. Se identificaron, por ejemplo, 300 normas que no estaban vigentes o que nunca fueron aplicadas. ¿Puede un gobierno construir una legislación penal duradera con sus mayorías legislativas? Sin conversación y sin acuerdo esas modificaciones no perdurarían en el tiempo.
Ahora se acaba de construir un acuerdo trabajoso para una nueva legislación penal entre personas que obviamente piensan muy diferente y que pertenecen a distintos partidos políticos. Pero una vez que el acuerdo se ha logrado comienza una crítica furibunda de ese “consenso”. Debemos entonces complementar nuestra crítica a la dificultad de acuerdos con otro rasgo central de la cultura política argentina: la dificultad por abstenerse de criticar cualquier cosa y en particular avances relevantes para el país.
No se trata aquí de analizar el contenido del anteproyecto. Como tal será perfectible, por la obvia razón de que debe ser sometido al debate y a las modificaciones que el Congreso nacional considere pertinentes. De hecho, estamos hablando de un anteproyecto para consideración de los legisladores. Interesan sobremanera las opiniones de juristas destacados, que puedan realizar aportes que mejoren la propuesta. Es riesgoso, en cambio, que este tema sea parte de una campaña electoral partidizada.
De lo que se trata es que con las limitaciones, dificultades y disidencias, se logró algo que excede a cada uno de sus protagonistas. En realidad, nadie que conozca las trayectorias de sus protagonistas podría suponer que alguno de ellos estaría dispuesto a resignar sus propias convicciones. Del mismo modo, podíamos prever que, como hicieron, supieron jerarquizar su vocación de entender los diferentes puntos de vista y construir acuerdos, dejando sentados los desacuerdos.
Este caso resulta especialmente ilustrativo para comprender la cultura política argentina. Para entender los acontecimientos resulta necesario realizar un ejercicio intelectual. El problema puede pensarse desde dos puntos vistas diferentes. Uno, desde el problema de la legislación penal vigente, su falta de coherencia, su antigüedad. Desde ese punto de vista se impone una renovación políticamente sustentable. Que atraviese gobiernos, más allá de modificaciones menores o correcciones que podrán hacerse en este debate o en el futuro. Para ello se debe construir un acuerdo como el que se realizó y promover un amplio debate. Además, si en unos años la mayoría de los legisladores considera que hay algo perfectible, nada prohíbe que se introduzcan modificaciones. Es decir, se introduce una mejora con concertación interpartidaria y eso no es un punto final del trabajo legislativo. Pero sí un nuevo inicio.
Ahora, el ejercicio intelectual continúa en su etapa dos. Olvídese de los problemas de la legislación penal y concéntrese en la lucha kirchnerismo y antikirchnerismo. El conflicto y el desacuerdo no deben generar temor. No existen democracias sin grandes debates y confrontaciones. Sin embargo, la dicotomización política es otra cosa: es colocar la propia identidad partidaria o ideológica por encima de los hechos. El conflicto democrático es, por ejemplo, proponer diferentes modelos económicos para que la ciudadanía elija el que prefiere. Dicotomización es la incapacidad de aceptar logros del adversario o errores propios.
La dicotomización no es una característica de un actor político argentino, es una característica profundamente negativa de nuestra cultura política. Lamentablemente, la idea de dos países enfrentados ha estado presente en diversos momentos de nuestra historia y ha tenido capítulos dolorosos. A veces ha adquirido la forma “capital-interior”, peronismo-antiperonismo o kircherismo-antikirchnerismo. Esto afecta la calidad del debate público porque las propuestas de ley y las propuestas políticas en general pueden juzgarse de un modo cuando se aplican criterios como democracia, justicia e igualdad, pero se juzgan de otro cuando lo que importa es quién gana y quién pierde votos. No sea que volvamos a escuchar en una campaña electoral que “hay que meterle bala a los delincuentes”. La fórmula junta votos con un costo cultural y político devastador. Cada protagonista de la dicotomización puede creer que lo hace en su propio beneficio. Quien dudosamente se haya beneficiado de la misma es la Argentina y la mayoría de la población. Siempre daña la calidad del debate y por lo tanto de nuestra democracia.
Hoy estamos presenciando un caso claro en el cual la polarización juega con fuego. La batalla partidaria, en lugar de procurar el disenso y el debate, puede socavar la legitimidad de un trabajo difícil entre personas que piensan diferente. Busca derruir no solo ese acuerdo, sino el avance cultural que implicaría que acuerdos de este tipo puedan ser construidos y puedan perdurar.
