Profesores universitarios, juristas y abogados de renombre destacaron que más allá de unareforma del Código Penal es necesario un cambio en el Código de Procedimientos para que más causas lleguen a juicio rápidamente y las penas se apliquen. Disintieron en la desaparición de la reincidencia y advirtieron sobre el falso discurso político de que con penas menores se posibilitarían excarcelaciones masivas.

Consultados por LA NACION, opinaron sobre el anteproyecto del Código Penal el constitucionalista Alejandro Carrió, profesor de la UBA y de la Universidad Di Tella; el abogado penalista Jorge Sandro e Ignacio Tedesco, defensor oficial y profesor de Derecho de la UBA. Aunque todos advirtieron que es difícil analizar un anteproyecto de 289 artículos, cuyos detalles aún no se difundieron. Lejos de la política, Sandro alertó: «Todas las opiniones que vi tienen intencionalidad política y ningún fundamento legal».

Sobre la reincidencia, Sandro entendió que debe subsistir, pero alertó: «Si a un delincuente se le aplica la pena que corresponde para cada delito y la cumple, la noción de reincidencia deja de ser importante, porque en cada caso existiría el castigo que corresponde». Aceptó que «los códigos penales modernos no toman este instituto, aunque su existencia es opinable». Carrió entendió, en cambio, que su existencia es constitucional y que, en todo caso, su desaparición en el anteproyecto es una decisión del legislador. «Hay razones para tratar más severamente al reincidente que demuestra un desapego al Estado de Derecho».

En las antípodas, para Tedesco, «es absolutamente natural y normal que desaparezca la reincidencia. Es un anacronismo. Las personas no se las puede penar por lo que son o fueron, sino por lo que hicieron».

El tema que centró las coincidencias fue el de los montos de las penas y su incidencia sobre las libertades y excarcelaciones. Sandro no cree que exista una reducción general de penas. «Algunas suben y otras bajan. Lo que prefiero es que las penas se apliquen y se cumplan.»

Tedesco opinó que es lógico, en este sentido, que haya desaparecido en el anteproyecto la figura de la prisión perpetua «porque es una ilusión decir que existe, cuando no se aplica ni siquiera para los crímenes de lesa humanidad. No es momento para discutir esto. Es triste que se le haga creer a la gente que la seguridad pasa por un tema de penas altas y bajas».

Carrió no cree, como lo advirtieron legisladores opositores, que la reducción de penas se traduzca en una lluvia de pedidos de libertad. «Para que así sea deben ser reducciones sustanciales, pero si alguien recibió 18 años y ahora la pena bajó a 15, debe esperar a ese momento para hacer la petición. Con el cambio en la pena mínima pienso que no es posible hacer planteos, mientras la condena impuesta esté dentro de la nueva escala penal.»

También dijo que es falso que se precipiten excarcelaciones: «La excarcelación es un derecho que sólo cede cuando se demuestra que la persona entorpece la investigación o va a escaparse de la justicia».

«Los legisladores tienen que modificar el Código de Procedimientos Penal para que los juicios tengan lugar cuanto antes. Si se fija una pena alta para evitar excarcelaciones es una mala política, porque la excarcelación tiene que servir para impedir la fuga», agregó.

Tedesco rechazó la idea de que una reforma penal que rebaje los mínimos abriría la puerta para excarcelaciones. «Desde hace mucho, el periodismo instauró la fantasía de que los delitos que se penen con menos de tres años son excarcelables. En la época de Menem se aumentaron los mínimos a 3,5 años para impedir estas excarcelaciones y se generó un Código Penal sin racionalidad.»

Con respecto a los delitos cometidos por funcionarios y la posibilidad de que prescriban, Sandro y Tedesco juzgaron razonable que el funcionario pida que cese la causa por el paso del tiempo si están dadas las condiciones, en caso de que deje su cargo por otro diferente donde no tiene posibilidad de incidir sobre la investigación.

«Hay un movimiento ideológico contra la prescripción, pero de no existir el Estado o los jueces podrían tener a una persona bajo investigación 30 o 40 años. Así la pena verdadera es el juicio. La prescripción es el fracaso del Estado», explicó.

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