El nuevo Código Procesal Penal desatará esta semana una batalla reglamentaria entre el Frente para la Victoria y el PRO. El kirchnerismo prepara el borrador de una intimación a la Comisión de Legislación Penal, presidida por la macrista Patricia Bullrich, para poder celebrar el plenario de comisiones convocado para este jueves a las 11.
La iniciativa, sancionada la semana pasada por el Senado, recibió giro a tres comisiones de la Cámara de Diputados pero el oficialismo designó como cabecera a la Comisión de Justicia para evitar que Legislación Penal, presidida por el macrismo, controle los tiempos del debate. El proyecto comenzará a ser debatido en plenario de comisiones este jueves a las 11 siempre y cuando el PRO, que preside Legislación Penal a través de Bullrich, no se abstenga de convocar a ese cuerpo legislativo. Desde el PRO advirtieron que la cabecera del análisis y emisión del dictamen del nuevo plexo normativo corresponde a Legislación Penal y podrían amotinar a esa comisión para evitar que se celebre el plenario de tres comisiones convocado para el jueves de esta semana. Es que el kirchnerismo dio giro de la iniciativa también a las comisiones de Justicia, como cabecera, y de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por el Frente para la Victoria, para poder así controlar los tiempos del debate.
La prórroga de las sesiones ordinarias se extiende hasta el 30 de diciembre. Pero el dead line para emitir dictámenes es el 21 de diciembre. Al escueto calendario de fin de año se suman las fiestas de Noche Buena y Noche Vieja del 24 y 31 de diciembre, que caen miércoles. Son dos semanas menos de sesiones que acortan la prórroga y meten presión al tratamiento del nuevo Código Procesal Penal que en el Senado debió sufrir más de 40 modificaciones para ser aporbado con 39 votos a favor.
Este jueves a las 11 en la sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados se realizará el primer plenario de las Comisiones de Justicia, presidida por la peronista cristinista Graciela Giannettasio, de Presupuesto y Hacienda, a cargo del kirchnerista porteño Roberto Feletti, y de Legislación Penal, presidia porla diputada macrista Bullrich. Si bien la cabecera del proyecto debería ser Legislación Penal -teniendo en cuenta la materia a tratar y el antecedente del Senado, donde la cabecera fue la Comisión de Justicia y Asuntos Penales-, el Frente para la Victoria optó por Justicia para evitar que el PRO quede a cargo del cronograma para la definitiva conversión en ley del proyecto.
Bullrich había denunciado al titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, por presunto fraude legislativo. La acusación de la legisladora por Unión PRO se fundamenta en una supuesta violación del reglamento en la Cámara por el giro del proyecto del Código Procesal Penal a la Comisión de Justicia, la cual se encuentra controlada por el kirchnerismo. Sin embargo, el Frente para la Victoria prepara una intimación formal en caso de que Bullrich no convoque a la comisión de Legislación Penal para este jueves, también a través de una denuncia de violación del Reglamento por presunta obstrucción al funcionamiento de la Cámara.
Dentro de las atribuciones de la Presidencia de la Cámara aparece la potestad de intimar a las comisiones a que funcionen. Artículo 106 de la Cámara de Diputados: «La Cámara, por intermedio del presidente, hará los requerimientos que juzgue necesarios a las comisiones que se hallen en retardo; y no siendo esto bastante, podrá emplazarlas para día determinado».
Desde el PRO también invocan el Reglamento para reclamar que la comisión de Legislación Penal sea cabecera del debate. Artículo 74: «Compete a la Comisión de Legislación Penal dictaminar sobre todo asunto relativo a la legislación penal, procesal penal, policial, carcelaria y régimen de defensa social». Mientras que desde el kirchnerismo explican que el cambio de sistema inquisitivo a acusatorio bendice la cabecera de Justicia a través del ar-tículo 69: «Compete a la Comisión de Justicia dictaminar sobre todo asunto o proyecto que se relacione con la organización y administración del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Ministerio Público; y sobre las leyes de procedimientos civil y administrativo».
La Comisión de Legislación Penal, más allá de estar presidida por la oposición, no es territorio confiable para el kirchnerismo de paladar negro. También allí habita el fuego amigo: el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, ya dejó trascender su rechazo a varios aspectos de la reforma, en especial la tipificación de delitos y agravantes referidos a extranjeros, un articulado defendido por el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Un sector del Frente Grande alineado con el oficialismo, y representado por Adriana Puiggrós, también mastica en silencio los reparos contra la iniciativa de la Casa Rosada.
Al producirse el giro a la Comisión de Justicia del proyecto, Bullrich advirtió que «la Comisión de Legislación Penal tiene ocho proyectos de creación de un nuevo Código Procesal Penal, y 400 proyectos de modificación del mismo». «Ningún proyecto de modificación se encuentra en la Comisión de Justicia, porque no corresponde, ya que dicha Comisión se encarga de los temas de administración de la Justicia y de materias civiles y comerciales», finalizó.
La iniciativa sufrió más de cuarenta modificaciones producto del debate que se llevó adelante entre los distintos espacios políticos durante su tratamiento en comisión. En relación con los extranjeros, el nuevo código habilitaría la posibilidad de que los extranjeros que delincan pero que residan legalmente en el país podrán solicitar una «probation» para no ser extraditados. Otro de los puntos que se eliminó luego de ser discutido con la oposición fue el del término «conmoción social» como posible disparador de una orden de prisión preventiva hacia un acusado. Entre otros puntos, el proyecto prevé la creación de 17 nuevas fiscalías y 1713 cargos.
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