El proyecto de Código Procesal Penal impulsado por el gobierno nacional sigue su paso firme en el Congreso: ayer tuvo lugar la tercera audiencia pública ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que expusieron una docena de especialistas, que coincidieron en destacar las virtudes de la iniciativa, aunque se detuvieron en críticas sobre aspectos como la expulsión de extranjeros irregulares o el uso de la “conmoción social” como factor a la hora de decidir prisiones preventivas. Hoy y mañana continuará el debate público y la semana que viene se tratará el texto en comisiones, donde se incorporarán los cambios que surjan de este proceso. La idea del oficialismo es darle media sanción en quince días.
Por la Cámara alta desfilaron ayer, exponiendo sus argumentos, los jueces Mariano Borinsky, Luis María Cabral, Guillermo Yacobu-cci, Carlos Bruzzone y Daniel Erbetta, así como el fiscal Carlos Donoso Castex (presidente de la Asociación de Fiscales), el fiscal federal Félix Crous, el docente en Derecho Penal Julio Maier, el abogado Julio Federik y el ex diputado nacional radical Ricardo Gil Lavedra, así como Diego Morales y Eva Asprella, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
La exposición más destacada fue la del especialista Julio Maier, autor de un proyecto similar que no logró ser aprobado por el Parlamento en 1987 y que influyó largamente en el que se discute en la actualidad. Allí, dejó caer una crítica a quienes se opusieron al debate de un nuevo Código Penal de fondo, que “debería haberse comenzado por modificar” antes de debatir el código de procedimientos. De todas formas, aprobó que se avance hacia una “organización horizontal de la Justicia”, ya que “la que hay en la actualidad está verticalizada y eso no responde a un estado democrático”.
Por su parte, Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, elogió que el nuevo código “tiende a modernizar todo el proceso”, la “participación de la víctima” y, entre otros puntos, por “fijar plazos claros del proceso, porque eso da tranquilidad”, aunque a su vez cuestionó como controvertido el articulado referido a la “conmoción social del hecho” delictivo porque “generaría presión en el magistrado”.
También cuestionó la suspensión del proceso a prueba, que finalizaría con la expulsión de los extranjeros al recordar que “la Ley de Migraciones vigente tiene la situación ya regulada”.
El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, pidió a su turno “tener cuidado” con los juicios abreviados aunque elogió la intención de acelerar los tiempos. “Nuestra estructura judicial es burocrática. Ese es el desafío. El proyecto tiene muy claro este objetivo”, sostuvo el santafesino, que agregó que para tener éxito con este buen proyecto hay que terminar con la figura del expediente, como algo eterno e inmóvil.
En tanto, el vicepresidente de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, cuestionó “la participación de la víctima” porque dijo que era muy amplia y coincidió en criticar la expulsión de extranjeros, basándose en la existencia de la Ley de Migraciones. El ex diputado radical y ex camarista Ricardo Gil Lavedra dijo que este código nuevo es “infinitamente superior al código presente”, aunque consideró un injerto la figura de conmoción social. También sostuvo que debe ser “moderada la potestad de la Procuración de asignar causas”.
Por el contrario, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Gustavo Bruzzone defendió el poder que les da el nuevo código a los fiscales. “No les podemos tener miedo a las reglas que le permiten al procurador armar sus equipos”, sostuvo Bruzzone y agregó que tampoco hay que temer “al poder que se les da a los fiscales, siempre que estén trabajando en conjunto con los demás poderes del Estado”.
En el mismo sentido, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, Carlos Castex, se manifestó a favor de “pasar a un sistema acusatorio”, al tiempo que elogió el principio de oportunidad, que les permitirá a los fiscales elegir qué causa merece ser investigada, aunque advirtió que “oralizar las causas en una ciudad como Buenos Aires, por la cantidad de casos, tal vez no se pueda llevar a cabo de manera efectiva”.
En eso coincidió con Félix Crous, quien funciona como enlace legislativo con el Ministerio Público Fiscal, y defendió el poder que se le brinda a la Procuración porque “los fiscales deben actuar bajo una conducción coherente”. Por último, los representantes del CELS pidieron “dejar de lado la figura de conmoción social del hecho” y la ampliación de las “facultades de los jueces para dictar prisión preventiva”.
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