Que el sobrecupo de las cárceles nacionales haya superado en diciembre de 2011 el 33% no resulta novedad cuando se sabe que en Colombia, en los últimos años, en celdas acondicionadas para uno o dos reclusos viven entre cuatro y nueve. Los presos deben someterse a graves deficiencias en servicios públicos y asistenciales, sumadas a la violencia y la carencia de oportunidades y medios para su resocialización.

Hacinamiento que no dista mucho de otros países de latinoamérica, entre ellos Honduras, que afronta una crisis por la muerte de 354 reclusos durante un incendio en la cárcel de Comayagua, donde la población era el doble de la capacidad del penal

Durante 20 años ningún gobierno tomó medidas de fondo frente al hacinamiento —que es el principal problema del sistema carcelario nacional y una violación a los derechos de los detenidos— . La situación pareció tener solución cuando en marzo de 2004 el gobierno de Álvaro Uribe, con Fabio Valencia Cossio como ministro del Interior, puso en marcha la construcción de 11 penitenciarías en Yopal, Jamundí, Puerto Triunfo, Acacías, Medellín, Guaduas, Ibagué, Cúcuta, Florencia, Bogotá y Cartagena, y la adecuación de otras 19. La iniciativa buscaba abrir 24.331 nuevos cupos y reducir el índice de hacinamiento al 2,7%, cuando en 2004 se ubicaba en el 36,8%.

Estas “cárceles de nueva generación” se construyeron con estándares estadounidenses, justificadas en que su levantamiento y puesta en marcha serían más económicos y que el nuevo modelo traería más interacción entre internos y agentes y un trato justo para los reclusos.

Sin embargo, según un informe presentado hace unas semanas por la Contraloría, que calificó la ejecución del proyecto como deficiente, las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de ejecución y liquidación, 36 y 12 meses, se extendieron a seis años y medio.

Al Mininterior no le cuadran las cuentas. Asegura que en 2006 el proyecto se calculó en $873 mil millones, a los que en 2009 se adicionaron $130 mil millones para concluir las obras, que de ese modo terminaron costando cerca de $1.004 mil millones.

Lo cierto es que, desde cualquier punto, si el proyecto terminó costando 27 veces más del valor inicial, como asegura la Contraloría, o 20% más, como dice el Ministerio, se está hablando de un sobrecosto millonario.

A esto se suma que, según la Contraloría, la construcción de la cárcel en Cartagena fue abortada luego de que se comprobara que el lote, ubicado en el sector de La Ternera y cuyo valor fue de unos $900 millones, no cuenta con las licencias necesarias para el levantamiento de una penitenciaría. Entre tanto, la cárcel de Guaduas aún no opera y de las nueve restantes siete —exceptuando las de Medellín y Bogotá— se entregaron con dificultades de operación debidas, en su mayoría, a errores en los diseños arquitectónicos.

En el caso de Cartagena, el Mininterior también tiene otra versión. Según el secretario general, Luis Felipe Henao, el lote adquirido en 2006, por intermedio de Fonade, sí es construible y cumple con toda la normatividad. Henao dice que las obras se aplazaron por falta de presupuesto, pues se requerían $51 mil millones para completar los $120 mil millones necesarios, así que “sólo será realizable cuando el Estado apropie los recursos suficientes para su construcción”.

En cuanto a las demás cárceles, en Cúcuta, la guardería para los hijos de las reclusas no ha sido habilitada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); en Jamundí, equipos de odontología y rayos X , sin estrenarse, permanecen apilados, y en Ibagué, Acacías, Yopal, Florencia y Puerto Triunfo se encontraron grietas en paredes, fisuras en pisos, filtraciones de agua en espacios que aún no están ocupados por los internos y patios sin desagües que permanecen inundados.

En total, la Contraloría encontró motivos en 130 hallazgos para iniciar investigaciones contra funcionarios del Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) y el Mininterior. De ellos, 14 hallazgos tendrían alcances disciplinarios y 27 fiscales, para los que se espera que se adelanten las acciones que corresponden.

El Espectador pidió conocer la posición del Ministerio de Justicia, que desde la división del antiguo Ministerio del Interior y Justicia quedó a cargo del sector penitenciario; pero, con la justificación de que el proyecto fue adelantado por la administración pasada, se negó a dar declaraciones.

Lo más preocupante es que, además del sobrecosto y los trabajos a medias, el índice de hacinamiento, motivo por el que se construyeron los planteles en primer lugar, no se redujo ni siquiera en 10 puntos. El crítico indicador del 33,05% a diciembre de 2011 demuestra que las 142 cárceles nacionales, donde viven unos 100.500 presos (de los 124.900 que registra el Inpec en el país) sólo tienen capacidad para albergar a 70 mil de ellos. La situación no presenta posibilidad de mejoría si se entiende que el nivel de hacinamiento del 2005 alcanzó el 34,1%, pasó al 21,0% en 2007, al 35,8% en 2009 y al 41,7% en 2010.

Pero ¿por qué con esta inversión millonaria no se redujo el hacinamiento? El contralor delegado para la justicia, Javier Lastra, explica que se han presentado problemas con el traslado de los reclusos a las nuevas penitenciarías, donde los cupos disponibles no están siendo ocupados en su totalidad. El general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec, acepta que son casi 7.000 los cupos que aún no están habilitados y además, como argumento de fondo, explica que “las reformas de justicia, el nuevo sistema penal acusatorio, la Ley de Justicia y Paz, y la Ley de Seguridad Ciudadana han creado nuevas conductas e incrementado las penas en muchos delitos, aumentando la población”.

Ya los estudiosos del tema, como el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, lo habían dicho: la acción administrativa, que busca mejorar la situación carcelaria, choca con las políticas impulsadas por el Gobierno, que ha elegido elevar las penas y usar en exceso la detención preventiva, lo que ha elevado el número de presos y el hacinamiento. Hoy, el 40% de la población intramuros está compuesta por sindicados y el 60% por condenados.

El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, aseguró a finales del año pasado que para aliviar el hacinamiento crítico se necesita habilitar 26.000 cupos adicionales y que se cuenta con un presupuesto de $60.000 millones, que es insuficiente para ejecutar el proyecto que, según el director del Inpec, comprendería seis nuevas cárceles construidas por concesión para “evitar cometer los errores del pasado”, con el fin de habilitar más de 24.000 cupos. Penitenciarías que estarían listas al final del gobierno Santos.

En agosto de 2010, cuando el ministro Fabio Valencia Cossio entregó, junto al presidente Uribe, las cárceles de Yopal y Cúcuta —que hoy presentan fallas de infraestructura— aseguró: “Hasta hoy, en Colombia, las cárceles eran escuelas del crimen. Pero estos establecimientos son cárceles de verdad. Transformarán al hombre y a la mujer. Nuestro sistema carcelario se vuelve un modelo a nivel internacional”.

Quizá los organismos internacionales piensen lo contrario, más si consideran que cualquier prisión que funcione con índices de hacinamiento superiores al 20% (es decir 120 recluidos por 100 plazas disponibles) no sólo propende a un nivel crítico de sobrepoblación, sino que representa una violación clara a los derechos humanos.

La respuesta a un informe impreciso

En diciembre de 2008 el Estado colombiano presentó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) el sexto informe en que exponía sus avances en la protección de los derechos humanos, incluyendo el problema carcelario y los logros obtenidos con la construcción de 11 cárceles para reducir el hacinamiento. Pero el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes y la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos, encontraron serias imprecisiones que quisieron aclarar. Durante un año y medio revisaron y adelantaron investigaciones para llenar los vacíos, y en julio de 2010 presentaron ante el CDH, en Ginebra (Suiza), el Informe Sombra, en respuesta al presentado por Colombia, y en él, entre otras cosas, cuestionaban las cifras de hacinamiento presentadas. El Gobierno consignó la cifra de hacinamiento de diciembre de 2007 (21%) como la más actualizada, cuando para la fecha de entrega del informe se sabía que a octubre de 2008 el hacinamiento era del 30,7%.