El debate por la penalización del consumo de prostitución llega al Congreso. Mañana, se presentarán dos proyectos que, con algunas diferencias, castigan con penas de prisión a los clientes. Uno es del senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria. El otro, de la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, que cuenta además con el respaldo de representantes del oficialismo y la oposición. El de Fernández penaliza sólo a los clientes que consuman prostitución de personas víctimas de trata. El de Rodríguez, en cambio, impone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga “por el uso sexual de una persona”. En ninguno de los casos se plantea una condena a las personas que son objeto de ese comercio.

“Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata”, destacó a Página/12 la diputada Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace más de una década, donde los clientes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas.

Fernández no quiso adelantar los detalles de su propuesta. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, en Radio Continental, aclaró que su proyecto penaliza a los clientes que consuman prostitución de personas en condición de trata. “Creemos que tiene que penarse a aquel que consume, para evitar que nuestras chicas sean explotadas, secuestradas o manipuladas en cualquier lugar del país. Así podremos conseguir que no exista una actividad tan deleznable como es la trata de personas. Si no podemos convencerlos por lo honorable, por lo moral, los deberemos convencer por un ejercicio de la política penal, porque no pueden consumir nuestras chicas, ni jóvenes ni menos jóvenes”, indicó el senador del FpV. En su blog, además, escribió: “Como indica Amnesty International, es deber del Estado no sólo impulsar una investigación seria y comprometida para identificar, juzgar y condenar a los responsables, sino también prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual”.

Las iniciativas tienen diferencias. Para Rodríguez, “la prostitución siempre es explotación”, independientemente de que quien la ejerza lo haga por propia decisión. Fernández, en cambio, sostiene: “Sin clientes no hay trata”. Es decir, su proyecto no persigue a quienes pagan por sexo si hay una meretriz o un varón en situación de prostitución que da su consentimiento para desempeñar esa actividad.

Rodríguez viene planteando hace varios años la necesidad de penalizar al cliente-prostituyente para eliminar la trata para explotación sexual. Este no es el primer proyecto de Rodríguez en el mismo sentido. En esta oportunidad, la acompañan con su firma diputadas y diputados de un amplio arco político, entre ellos Héctor Recalde, María Elena Chieno, Nancy González, Inés Lotto, Graciela Caselles, Carmen Nebrera y Stella Maris Levenberg, del Frente para la Victoria; María Luisa Storani, de la UCR; Nora Iturraspe, de Nuevo Encuentro; Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino; María Virginia Linares, de GEN; y Estela Granero, de Córdoba Federal. El mismo Gobierno ha defendido esa política en foros internacionales desde 2009 (ver aparte).

El proyecto de Rodríguez modifica el Código Penal e incorpora como artículo 126 bis el siguiente texto: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que ofreciere o entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero o provecho económico o cualquier tipo de beneficio por el uso sexual de una persona. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también en el caso de que el pago del dinero o la entrega de la cosa apreciable en dinero o beneficio sea realizado por una tercera persona. En ningún caso son punibles por la comisión de este delito las personas prostituidas”.

En los fundamentos de la propuesta, se detalla que la reforma tiene como objetivo “adoptar medidas necesarias para la eliminación de la explotación sexual”, que “es una de las mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales contra mujeres, niños y niñas así como personas transgénero, travestis e intersex, que implica un atentado a la integridad sexual, a la dignidad y a la libertad de la persona, al mismo tiempo que una manifestación de la desigualdad entre los sexos y de las diversas formas de violencia contra las mujeres en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país”.

Una propuesta similar está vigente en Suecia desde hace más de diez años. “Estudios que se han hecho en Suecia muestran que el modelo de penalización del cliente funciona bien, porque reduce notablemente la trata y la prostitución”, indicó la diputada a este diario. “La trata de niños, niñas y mujeres casi ha desaparecido” y “la prostitución bajó casi en un 80 por ciento en algunas ciudades”, precisó. Para Rodríguez la discusión no debería anclarse en si el cliente paga para consumir el cuerpo de una víctima de trata o la persona –mayoritariamente son mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social– no se encuentra en esa condición. “En realidad casi no hay nada para discutir. Si un hombre sabe que la mujer es víctima de trata, es partícipe de la comisión del delito, de acuerdo con las modificaciones que se le introdujeron a la ley de trata a fin de año. Si yo compro un coche robado, sabiendo que es robado, nadie discute que cometo un delito. Creo que someternos a discutir que si en lugar de un coche es una mujer objeto de trata es ya perder mucho terreno en el contexto actual”, opinó.

La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada, tratados internacionales de derechos humanos, y en un informe de la ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda, quien sostiene que “es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo”. Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata “deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual”. En el informe, presentado ante el Consejo Económico y Social, el 20 de febrero de 2006, la ex relatora sostuvo: “La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas”.