La Comisión Internacional de Derechos Humanos con sede en Washington, capital de los Estados Unidos, admitió tratar la situación de Oscar Gorigoitía, un policía acusado como «gatillo fácil» por la muerte del joven Hugo Gómez Romagnoli, en un hecho ocurrido en agosto de 1996.
Esta es la primera vez que el caso de un uniformado mendocino llega al sistema interamericano, constituyéndose en uno de los pocos que pasaron todos los filtros, después de que fuera denunciada la denegación a la doble instancia o casación de la sentencia que lo condenó a la pena de 14 años de prisión.
Esta presentación estuvo refrendada por Carlos Varela Alvarez, reconocido abogado defensor de los derechos humanos y que, en su momento, le provocó duras críticas de los organismos vinculados al tema y de no pocos profesionales del derecho.
Consultado ahora Varela Alvarez señaló que «pese a las legítimas críticas de aquel momento, consideré como importante actuar con las convicciones y que los sistemas pueden estar abiertos a todos aquellos que sean víctima de la violación de un derecho humano».
El caso
Hugo Gómez Romagnoli fue muerto de un tiro por la espalda cuando se conducía en un Renault 6 blanco y era perseguido por varios móviles policiales que respondieron a un llamado donde se involucraba a un vehículo de características similares.
El «error» inicial tuvo un agravante cuando la policía «le plantó» un arma a la víctima, que después quedó demostrado que no funcionaba por lo que difícilmente se pudo haber producido un intercambio de disparos entre los efectivos y la víctima.
Gómez Romagnoli era un estudiante universitario que cada año viajaba a España como instructor de esquí y en ese tiempo se encontraba en la provincia visitando a su madre.
La investigación determinó que el disparo mortal había partido del arma que empuñaba el sargento Oscar Raúl Gorigoitía y acusado de homicidio simple fue juzgado por la Primera Cámara del Crimen, integrada por Víctor Hugo Comeglio, Jorge Marzari Céspedes y Julio Alberto Carrizo, mientras que la defensa del policía estuvo a cargo del abogado Rodolfo Moreno, mientras que en representación de Amalia Romagnoli viuda de Gómez, estuvieron Darío Pérez Videla y Alejandro Poquet.
Por su parte Omar Cucchiarelli fue el fiscal de Cámara y representaron al Gobierno y la Fiscalía los abogados Manuel Linares y Eduardo Giménez, respectivamente.
Condena y reclamo
El viernes 5 de setiembre de 1997, el Tribunal condenó al sargento a la pena de 14 años de prisión y lo mandó, en ese mismo momento, a la cárcel.
Sin embargo la sentencia en un recurso de casación encontró el rechazo a su tratamiento por la Suprema Corte de Justicia y por eso se denunció al Alto Tribunal por haber hecho una «mala praxis» judicial al denegar un derecho.
Esto basado en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra «el derecho humano de todo condenado a obtener una revisión de la misma por otra instancia superior o interdependiente…».
Este trámite comenzó a transitar por los despachos un par de años después de la condena a nivel local y hace seis en el orden internacional fue instalado ante la CIDH, que podría condenar al Estado Argentino por este hecho ocurrido hace 17 años.
