La administración de justicia del país, y no digamos la federal, necesita cambios profundos, urgentes y de largo aliento. Desde hace muchos años hemos denominado a ese programa “democratización de la justicia” bajo el entendimiento de que no se trata de que los jueces sigan los dictados de la mayoría –lo que iría en contra de su función constitucional- sino que se trata de que la administración de justicia sepa acompañar el crecimiento y desarrollo de una sociedad plural, dinámica, tolerante e inclusiva.
Hoy no puede hacerlo con su cerrazón, sus procedimientos antiguos, su lógica de trámites, su pesadez burocrática, su egocentrismo valorativo, su falta de imaginación y su desprecio práctico hacia todo lo que tenga rostro humano y no sean papeles. Por eso adherimos al debate que se abrió en los últimos meses y hemos hecho propuestas concretas para alimentarlo.
Lo que está en juego es la necesidad de contar con espacio judicial nuevo, donde la lucha por los derechos, el control del poder, la gestión pacífica de los conflictos, la vigencia efectiva de la Constitución y la afirmación de valores básicos de la convivencia se haga de un modo transparente, abierto, sensatamente rápido y con un nuevo diálogo con la sociedad. Todo esto es muy importante para el futuro de nuestro país.
El plan que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional es una versión pobre, escuálida y timorata de ese proyecto. La reacción de la oposición es previsible, funcional al empobrecimiento del debate y sin muchas ideas. La sociedad se queda, en consecuencia, sin chicha ni limonada.
La ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura no apunta a ningún tema de fondo.
Seguirá siendo un organismo burocrático, repleto de personal y cada vez mas trabado en su propia lógica corporativa, alejado de la sociedad y atrapado en la lógica judicial y sus “operadores judiciales” oscuros. Para destrabarlo hay que ir en sentido inverso, reduciendo sus miembros, y reformarlo de raíz en su funcionamiento cotidiano.
Por otra parte, el mantenimiento de vacantes permanentes es una práctica del Poder Ejecutivo, no por falta de gestión sino para negociar con la corporación judicial. La Creación de nuevas Cámaras de Casación, en el contexto actual, es un plan de burocratización (no de democratización) que sin duda dejará contentos a abogados y jueces con sus nuevos honorarios y cargos.
La limitación de las medidas cautelares es dependiente de la rapidez de los procesos y ellos con los actuales procedimientos y prácticas seguirán demorando, dejando los derechos en el aire y permitiendo la extorsión judicial- que no la sufre solo el Estado nacional-. Nombramientos por concurso está muy bien, veremos bajo que método y de todos modos el punto es que el personal no cumpla funciones judiciales y se acabe la delegación judicial en empleados subalternos.
La transparencia de las declaraciones muy bien, pero existen mil formas de amañarlas.
En fin reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República: sólo son demostración de la escasa reflexión que tiene nuestra dirigencia política sobre la función del poder judicial en nuestra democracia.
En el camino quedaron grandes temas que no fueron encarados: la verdadera participación ciudadana a través de jurados, la transparencia real y publicidad de todos los procedimientos a través de la oralidad, las medidas de fortalecimiento de la justicia de cercanía para facilitar el acceso a la justicia, la reforma de la abogacía para generar una verdadera abogacía social, el reconocimiento de la justicia de los pueblos indígenas, la modificación profunda del sistema recursivos, la democratización interna del poder judicial cambiando las formas de gobierno interno, la creación de una verdadera carrera judicial. Además las medidas están llenas de guiños hacia la corporación judicial. No se toca el tema ganancias cuando la AFIP puede ya comenzar a cobrarlo, dado que lo único que puede hacer el Poder Judicial (en términos administrativos) es negarse a ser agente de retención), nada se dice de la exclusividad que tienen que tener jueces y fiscales, que ocupan todos los cargos universitarios sin dedicarse verdaderamente ni a una ni a otra cosa, nada se dice de los verdaderos sistemas de control patrimonial, ni de cómo evitar que los jueces cobren fortunas con subrogancias y viáticos que los llevan a prolongar juicios, haciendo negocio incluso con los juicios de lesa humanidad. Con estas medidas tampoco se va a “controlar” el poder judicial, ni se lo va a sacar de su letargo ni se beneficia a la ciudadanía en su acceso a la justicia.
Retórica ya inútil a esta altura del partido que distraerá esfuerzos y nos hará perder el rumbo de la democratización por un tiempo.
Mi simple percepción personal, si se quiere emotiva: se trata de armar un boquete para que un sector que hoy está en la periferia de la corporación judicial se posicione mejor. En buen romance, agrandar la “familia judicial” con alguna nueva tribu en crecimiento. La corporación judicial, contenta, un nuevo miembro es siempre una nueva oportunidad de revitalizar las viejas mañas
