El Estado Nacional deberá pagarle más de medio millón de pesos a una vecina bonaerense que fue detenida casi sin pruebas por la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio. Se trata de una mujer de iniciales M.I.A., que fue involucrada en un megaoperativo de narcotráfico sólo por figurar como titular de un teléfono celular sospechado en la causa.
Demanda al Estado
La afectada era vicedirectora de un jardín de infantes en San Cayetano, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por el daño moral y familiar que le causó el incidente, demandó al Estado y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro le dio la razón.
El caso original explotó en julio de 2002. Unos 150 kilos de cocaína fueron incautados del buque de bandera panameña Sierra Guadalupe, en Puerto Deseado, Santa Cruz. Era el mayor decomiso narco en la historia de la Patagonia y la droga se valuó en más de 3 millones de dólares. Según la primera sospecha de Parcio, M.I.A. era el contacto local.
Lo cierto es que el 9 de abril de 2003 a las 3.45, la mujer estaba en su casa de la calle 6 de Setiembre de San Cayetano con su esposo (L.O.A.), cuando irrumpieron un civil y un uniformado apuntándolos con un arma. Revisaron la vivienda al detalle y secuestraron un celular, una agenda y documentación con datos de clientes del marido.
Fue detenida, esposada y retirada abruptamente. Fuera de la casa había más uniformados armados. La calle, cortada al tránsito. La subieron a un coche y en Prefectura completó planillas, le tomaron fotos y huellas dactilares. La trasladaron al Juzgado Federal de Mar del Plata.Luego a un calabozo de la Comisaría VI y por fin, en la Departamental de la Mujer.
Al otro día voló a Comodoro, vestida con chaleco antibalas y tapada la cabeza con una campera. Nunca había tomado un avión. En el despacho de Parcio la interrogaron por números de teléfonos y cantidad de celulares que usaba. Allí se entera que la detenían porque en la libreta de otro involucrado figuraba un número que supuestamente era de ella.Fue encarcelada en el subsuelo de la sede de la Policía Federal. El 14 de abril quedó libre pero recién la sobreseyeron el 19 de diciembre.
La mujer demandó al Estado por el periplo que sufrió. Según el fallo, “la administración de justicia y la seguridad de la sociedad no pueden ser excusas para cercenar un derecho fundamental como la libertad”.La orden de allanamiento y detención “obedeció a un actuar apresurado e irreflexivo de la magistrado ya que basó su sospecha únicamente en el uso de un celular que supuestamente era de la actora”. No hubo investigación “previa, seria y responsable” que de haberse efectuado “hubiera comprobado que la señora ninguna relación tenía con el tráfico de estupefacientes”.
Una vez localizado el domicilio real de la sospechosa en San Carlos, “no se realizó ninguna tarea de investigación acerca de la persona, grupo familiar, actividades laborales, económicas, inserción social y cualquier otro dato de interés a los fines de dar crédito a la sospecha inicial”.La mujer tenía más teléfonos a su nombre pero a diferencia del primero, no fueron intervenidos para probar su conexión con el crimen organizado.
La jueza Parcio –en lugar de allanar y detener- bien pudo haberla citado a declarar ante el Juzgado Federal de Mar del Plata. En lugar de eso entendió que junto con su marido eran los contactos locales para exportar droga a España. “Arriba a tal conclusión luego de destacar esencialmente los contactos telefónicos frecuentes con otros abonados relacionados a la causa y en función de ello ordena la captura y el allanamiento”.Las tareas de investigación fueron nulas con la mujer: sólo se intervino una línea para decidir capturarla.
Según los camaristas federales Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, “la sospecha no puede apoyarse exclusivamente en la supuesta titularidad de un celular sin ningún otro componente que le brinde solidez a la sospecha. Menos cuando de la investigación surgen otros elementos que de haber sido valorados e investigados oportunamente podrían haber llevado a la desvinculación de la mujer o al menos no detenerla de esa forma”.
El vértigo de la pesquisa ante la detección de una carga inusual para la región y la posibilidad de que ella fuera el nexo con el envío de droga al exterior no eran excusas, ya que se la detuvo recién 8 meses después. Tiempo suficiente para investigarla mejor.
Parcio le pidió a Unifón información clave sobre ese celular: la compañía contestó tarde, después de la detención. Si la jueza hubiese insistido, nada habría sucedido. “La envergadura de la operación (contrabando de exportación de más de 125 kilos de estupefacientes) debió llevar a reflexionar al instructor que difícilmente los involucrados utilizarían sus teléfonos”, ironiza la sentencia.
“Entre la fecha de la detención y la libertad no hubo nuevos elementos, todo lo cual denota el actuar apresurado de la juez al momento de ordenar la captura, quien teniendo el conocimiento ya del domicilio real de quien figuraba como abonado y que la supuesta titular poseía otros números telefónicos, no investigó si la titular de la línea era efectivamente la usuaria”.
La propia Parcio, al desvincular a la pareja, admitió que “ni M. I. A. ni L. O. A. fueron los usuarios de los equipos telefónicos utilizados por los partícipes del plan ilícito ejecutado, pese a figurar como titulares de los mismos. Las pruebas colectadas despejan toda duda a su respecto y los sitúa al margen del hecho investigado”.
Los camaristas precisaron que el daño moral incluyó “estar detenida y alojada en diferentes comisarías, el desconocimiento del hecho y consecuente incertidumbre acerca de su situación como también la afectación de su honor ante semejante imputación de involucrada en una causa por tráfico de estupefacientes”.
Detención pública
La detención de la mujer se publicó en los diarios locales. “No cabe duda de que una noticia de esta índole lesiona la reputación de la persona por las dudas que genera sobre la efectiva comisión del delito (…) máxime en una localidad con reducido número de habitantes, sumado ello al alejamiento familiar”. San Cayetano no tiene más de 8 mil habitantes.
Todos los testimonios coincidieron en el estado anímico de la mujer y el impacto en su círculo de amistad, familiar y en la comunidad. “Estaba abatida, desesperada, demacrada, y su estado general era terrible. Los familiares estaban azorados y desesperados, y en el pueblo fue una conmoción que generó sorpresa, estupor y toda clase de comentarios por relacionarla con el narcotráfico”.
La mujer padece síndrome por stress postraumático crónico, “causado por lo disruptivo y violento de la exclusión abrupta del hogar familiar, allanamiento y traslados a comisarías con la incertidumbre acerca de su destino y latente amenaza a su integridad física y moral”. Hubo daño a su reputación ya que era vicedirectora de un jardín en constante contacto con padres y menores.
La vivencia “le causó especialmente intranquilidad, miedos y sentimientos relacionados al temor por su integridad física y espiritual y angustia e incertidumbre”, indicó finalmente el fallo.#
