En la madrugada del 18/03/2019 fue hallada sin vida Elisa Vanesa Castaño, en el pabellón E2 del Establecimiento Penitenciario de Bouwer. Esta es la tercera muerte en lo que va del año, que fueron calificadas como de etiología “dudosa”, de mujeres privadas de la libertad y la mayoría acusadas por delitos de casos de escasa entidad penal.
Diversas organizaciones sociales han puesto de resalto que los dispositivos de castigo y tortura que sufren quienes están presas son el hostigamiento psicológico cotidiano, la negación de atención médica y la sobre medicación como forma de control. Denuncian, además, que los métodos de aislamiento, encierro y sujeción, aplicados por parte del personal penitenciario, resultan crueles y degradantes. A ello se suma la sobrepoblación carcelaria, la falta de bienes y servicios básicos que hacen a la calidad de vida y la escasa perspectiva de género con la que el servicio penitenciario implementa y las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal imponen las detenciones.
A su vez, nuestra provincia fue dos veces visitada por el Comité Nacional Contra la Tortura oportunidad en la que se constató la realidad penitenciaria cordobesa. Sin embargo, lejos de incidir favorablemente, cada día las complicaciones y tensiones hacia adentro de las cárceles aumenta.
Resulta indispensable que las autoridades locales y los diferentes actores que intervienen sobre los centros de detención busquen nuevas alternativas a las viejas prácticas penitenciarias.
Desde la Asociación de Pensamiento Penal Córdoba, organización que entre sus metas se encuentra la defensa de los derechos humanos y garantías vigentes en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, expresamos nuestra alarma ante tales circunstancias e instamos a las autoridades penitenciarias y ejecutivas a realizar un verdadero diagnóstico de la situación carcelaria que atraviesan las mujeres en Bouwer y los demás presos y presas de nuestra provincia, y a las autoridades judiciales a revisar con perspectiva de género sus prácticas sistemáticas en la aplicación constante y abusiva de medidas restrictivas de la libertad sobre la población femenina.
Entre estas soluciones queremos destacar que la provincia de Córdoba aún no ha implementado el Comité Provincial Contra la Tortura, medida que además de responder a exigencias legales que hoy se incumplen, se presenta como urgente e indispensable.
