Este 19 de Mayo, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, presidida por la Dra. Carina Lurati, acompañada por la Dra. Georgina Depetris y el Dr. José Luis Mascali, ha dictado un fallo completamente carente de perspectiva de Género condenando a Y., una joven en situación de pobreza, sin trabajo fijo ni hogar estable y víctima de violencia de género.
El 25 de febrero de 2019 Y. había sido llevada juicio oral por la supuesta comisión de un hecho de encubrimiento. Desde el Capítulo Santa Fe de la Asociación Pensamiento Penal, ya nos habíamos manifestado con preocupación por esa decisión del Ministerio Público de la Acusación (www.facebook.com/notes/asociaci%C3%B3n-pensamiento-penal-santa-fe/comunicado-de-app-cap%C3%ADtulo-santa-fe-con-motivo-del-juicio-contra-y-p/2311755562447367/).
En aquel momento nos preguntábamos por qué esos recursos estatales no fueron destinados a investigar la violencia sufrida por Y. por parte de su pareja o a brindarle asistencia para que pueda acceder a una vivienda digna y acompañarla como sostén de sus hijxs. Pedíamos que el caso se analice con perspectiva de género y se tenga especial consideración por la vulnerabilidad de la joven.
El Juez que dirigió el debate oral, Dr. Lanzón, resolvió absolver a la joven. Sin embargo, la Fiscalía no cesó en su afán de perseguir a personas vulnerables y apeló la resolución.
Siete días atrás, pero cuatro años después de que ocurriera el hecho, las juezas Lurati, Depetris y el juez Mascali decidieron revocar la sentencia mencionada y condenarla. Y en una consideración que sorprende por la ausencia total de perspectiva de género, consideran que el hecho de “que fuera maltratada por su consorte de causa no le quita mérito al dolo, ni a la comisión del delito”. Ignorando por completo la dificultad de tomar decisiones autónomas por quién se encuentra en contexto de sometimiento.
A lo largo de la resolución, las y el magistrado la demonizan, describiéndola como una peligrosa criminal que orquestó un plan maestro para sacar un provecho económico de un robo cometido por quien era su pareja en ese momento. Además de evidenciar que el patriarcado también se encuentra anclado en la justicia, demostraron un desconocimiento preocupante sobre la realidad que aqueja a las personas empobrecidas.
Igual de grave resulta el hecho de que luego de la absolución un año atrás, prácticamente ningún área del Estado se acercó a Y. con el objeto de asistirla en todas las dificultades que enfrentaba: la situación de calle, la falta de trabajo, la violencia de género que continuó sufriendo y las medidas impuestas por la Secretaría de Niñez respecto de sus hijxs, fueron la única respuesta que encontró. Olvidando por completo la obligación internacional del mismo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de aplicar una justicia con perspectiva de género, fuera de todo estereotipo que genere nuevas violencias.
Tal como ocurrió el 25 de Febrero de 2019, nuevamente el Estado se hace presente, pero únicamente en su faz punitiva, olvidando cualquier intervención constructiva y política pública para hacer frente a la vulnerabilidad de Y.
Desde A.P.P. insistimos en promover medidas alternativas a la persecución penal, que disminuyan la violencia y que tiendan a la realización de una verdadera justicia restaurativa.
