El 9 de marzo de 2017 los Defensores Públicos de Río Negro tomamos conocimiento del anteproyecto de ley que la Procuración General presentó ante la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma Procesal que modifica la actual ley del Ministerio Publico que rige nuestra labor y que afecta al servicio público de defensa de manera sustancial lo que motiva nuestra profunda preocupación.
Dicho proyecto no es compartido por los funcionarios de la Defensa ya que no ha respetado en absoluto la instancia de discusión democrática que requiere todo proyecto de esta índole en un institución republicana como el Ministerio Público, sino además porque no garantiza las condiciones mínimas y necesarias para que pueda prestarse un servicio público de la defensa acorde a las exigencias internacionales (Resoluciones de la OEA, entre otras) de acceso a justicia de los sectores mas vulnerables del cuerpo social.
Este proyecto contradice el propio documento que fiscales de la provincia junto a la Procuradora suscribieron e hicieron público en el mes de noviembre de 2016 en el cual expresamente manifestaron la imposibilidad de poner en vigencia el nuevo código procesal acusatorio sin previamente dotar de autonomía a la Defensa publica.
En otro orden, reviste doble gravedad institucional, la circunstancias de que el 8 de marzo de 2017 la Procuración General convocó a una reunión ordinaria del Consejo de Fiscales y Defensores de la Provincia, que se celebró en la ciudad de Viedma, y ni siquiera en dicha instancia puso en consideración de los consejeros defensores el mentado proyecto de ley, que fue conocido de manera extra-orgánica, lo que motiva el presente comunicado.
Por último requerimos a los señores legisladores de esta provincia que en ejercicio de la representación popular que detentan y con miras a garantizar el acceso irrestricto a justicia de los sectores mas postergados, den tratamiento favorable al anteproyecto de ley que los defensores públicos de Río Negro elaboramos en el año 2016 y que fuera presentado a la Procuradora General reconociendo su condición de máxima autoridad del Ministerio Público Provincial que hoy detenta y respetando la vía jerárquica, con expresa petición de que lo elevara a la Comisión Interpoderes.
