PENSAMIENTO PENAL CAPÍTULO SANTA FE SOBRE MUERTE DE EMANUEL RODAS

En la noche del 3 de Abril falleció Emanuel Antonio Rodas, un joven que se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Piñero; un hecho lamentable y evitable.
Emanuel estaba privado de su libertad desde el 3 de Septiembre del año pasado porque el Fiscal César Cabrera Molino le había imputado la presunta comisión de dos robos simples y un encubrimiento, y solicitó que se le impusiera prisión preventiva para evitar, entre otras cosas, el entorpecimiento de la investigación. Investigación de hechos sencillos, pero que -en más de seis meses- no había pasado la etapa inicial.
Otra de las razones para mantener la prisión preventiva de Emanuel era la posibilidad de que se fugue y no se presente al proceso. El detalle macabro es que él, como toda su familia, era pobre. Vivía en un barrio en los márgenes de la ciudad, trabajaba limpiando vidrios, tenía seis hermanos desempleados y una madre cuyo único ingreso fijo es una raquítica pensión. Una familia que pese a las necesidades estaba dispuesta a alojarlo. Por esto, resultaba muy difícil que pudiera evadirse del accionar judicial.
Teniendo en cuenta estos y otros motivos, su defensor, en numerosas oportunidades, había solicitado su libertad con las medidas alternativas a la prisión preventiva que fueran necesarias o, en su defecto, su arresto domiciliario. Finalmente, este 29 de Marzo el juez Nicolás Foppiani resolvió otorgarle la libertad pero a condición del pago de una exorbitante fianza de $10.000, que ni él ni su familia podían pagar. Ante lo cual ofrecieron la suma de $4.000, en dos cuotas. Sin embargo, el Fiscal se opuso y el juez resolvió, sin más, rechazar el planteo y que Emanuel continúe preso hasta tanto pague la cantidad de dinero impuesta.
La historia de cómo este joven quedó atrapado en el laberinto de la “Justicia”, desgraciadamente, ilustra la de muchxsotrxs, pero que tiene en este caso un final trágico. Emanuel empezó a vomitar sangre en su celda, sus compañeros pedían a gritos la asistencia médica que tardaba en llegar y murió en una ambulancia camino al hospital, solo y lejos de su familia.
Desde que se declaró la Pandemia por el COVID-19, el mundo enteró cambió sus prácticas. Pero el Poder Judicial aún conserva las suyas, algunas de las cuales son medievales. Como consecuencia de la gravedad que la situación que reviste para las personas privadas de su libertad, reiteradas veces, organizaciones de la sociedad civil hemos llamado la atención al respecto y enunciamos medidas sencillas, no drásticas y alternativas para descomprimir la situación.
Poco antes de que esta realidad estalle en hechos violentos en cárceles de la provincia, desde APP presentamos un documento en el que, junto a otras ONGs, analizamos la situación de sobrepoblación carcelaria y sus efectos negativos. Ahora se le suman todas las recomendaciones hechas por expertxs para reducir el número de presxs. Sin embargo, la mayoría de lxsjuecxs siguen sin escuchar.
Al contrario, decidieron tomar el rol de legisladores, definiendo trámites cuasi ilegales para el análisis de, nada más y nada menos, que los recursos de habeas corpus. Los mismos siguen siendo rechazados in limine, es decir, sin llegar a discutirse en audiencias (práctica estandarizada desde mucho antes del aislamiento social obligatorio), con argumentos de dudoso respeto por los Derechos Humanos.
En resoluciones vergonzosas lxsmagistradxs consideran que teniendo en cuenta la situación de probreza de muchos de lxsimputadxs, no se ha podido demostrar que lxspresxs estén mejor en sus domicilios, junto a sus familias, que en las cárceles. O que aquellas personas con padecimientos de salud mental, podrán volver a sus “tratamientos” cuando la situación se normalice, tal como debe aguardar el resto de la ciudadanía.
Todo con un nivel de cinismo que pareciera desconocer que se trata de un sector de la población que nunca ha tenido acceso a los derechos sociales y a las políticas públicas y que de ningún modo la mejor respuesta a ello es el encarcelamiento, sino el acceso a derechos.
La situación de excepción que estamos viviendo no nos afecta a todxs de la misma manera. Las personas privadas de libertad están expuestas a las violencias ínsitas de las instituciones carcelarias, que el aislamiento significó la imposibilidad de estar en contacto con sus familias y seres queridos en todas sus formas, que no cuentan en esos lugares con los elementos de higiene que les permite evitar contagio de enfermedades, que la atención de la salud de ellxs nunca es una prioridad.
Desde sus cómodos despachos pretenden igualar las situaciones de quienes estamos aisladxs en nuestros confortables y preparados hogares, con las de quienes viven hacinadxs en celdas de dos metros cuadrados. Parecen olvidar que nosotrxs, a pesar de las medidas, aún manejamos nuestros horarios, tenemos “salidas transitorias” cuando se nos antoja. Y que quienes no vivimos en barrios empobrecidos, no corremos el riesgo de ser detenidxs arbitrariamente o de ser baleados por las fuerzas de seguridad.
A pesar de la desesperanza que estas situaciones nos suelen generar, todavía creemos que quienes ocupan las magistraturas recordarán que su rol en el proceso es el de garantes de los derechos, que la prisión preventiva es siempre excepcional –y más aún en el contexto de pandemia.
Y que dictarán resoluciones racionales, acordes con nuestra Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales y en el respeto por los Derechos Humanos, siguiendo a nuestra más eximia doctrina y sobresaliente jurisprudencia en esta materia.