Entrada la tarde de ayer, el bloque de senadores kirchneristas terminaba de redactar más de 40 modificaciones al proyecto de reforma del Código Procesal Penal que se debate en la Cámara alta. Tras escuchar más de 30 exposiciones, el oficialismo recogió algunos de los planteos que se realizaron durante las reuniones de comisión, que pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11, cuando se firmará dictamen. Entre otros cambios, se eliminará la “conmoción social” como criterio para otorgar la prisión preventiva y se le dará una nueva redacción al artículo 35, que establecía la expulsión de extranjeros bajo determinadas circunstancias. Con discursos que variaron entre un fuerte apoyo y el acompañamiento con mayores o menores críticas, la nota discordante de ayer la dio el sindicalista opositor Julio Piumato. El líder del gremio de empleados judiciales (UEJN) se despachó con acusaciones como la supuesta creación, por la jefa del Ministerio Público Fiscal, de una “Gestapo” para “perseguir a opositores y garantizar la impunidad” del Gobierno.
La sexta y última reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda comenzó con la presentación del vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder, quien se pronunció “extremadamente a favor” de la reforma, que fundamentalmente establece el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio. “Se está dando un paso enorme acabando con una figura, que es el juez de instrucción. Es un personaje con un nivel de concentración de poder que es inadmisible en nuestro sistema constitucional”, sentenció el jurista, que remarcó además la “importancia histórica” de la modificación.
En respuesta a algunos detractores del proyecto, Binder aclaró que el fiscal, quien a partir de ahora tendrá la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, no pasará a acumular el poder que estaba en manos del juez. “Esto no significa que el poder pasa al fiscal. El fiscal está sometido a un doble juego de controles. Quitarle al juez la investigación significa que va a aparecer un juez de control. Y el fiscal tiene un segundo control, que es el de las víctimas y los querellantes. No estamos hablando de un fiscal omnipotente ni mucho menos”, explicó. Si bien pidió dejar de lado los “arquetipos” utilizados al presentar la problemática del delito cometido por extranjeros, rescató aspectos positivos de la regulación que establece el nuevo código en este sentido.
El artículo 35 del proyecto, uno de los más cuestionados por la oposición y por organismos de derechos humanos, sostiene que, en caso de ser sorprendidos en flagrancia, aquellos inmigrantes en situación irregular pueden ser expulsados del país por entre 5 a 15 años. Esto se implementaría a solicitud del acusado, con el consentimiento necesario del fiscal y para aquellos delitos cuya pena no exceda los 3 años. El último orador, Pablo Ceriani Cernadas, investigador de la Universidad de Lanús y primer experto argentino en integrar el comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre Trabajo Migrante, rechazó este artículo. Consideró que podría obstaculizar la investigación de redes de narcotráfico, promover la xenofobia y la “criminalización” de la irregularidad migratoria, al tiempo que se utilizaría el Código Procesal Penal para hacer un control migratorio.
Los senadores opositores Rubén Giustiniani y Liliana Negre de Alonso recordaron la aprobación por unanimidad de la Ley de Migraciones, impulsada por el senador Aníbal Fernández cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior de Néstor Kirchner.
Por otro lado, fuentes del Frente para la Victoria confirmaron la eliminación del concepto de “conmoción social” como uno de los motivos del dictado de la prisión preventiva. También se encontraba en análisis la reasignación de causas a los fiscales, que actualmente quedaba a cargo de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Precisamente, la necesidad de reformular la Ley del Ministerio Público Fiscal, garantizando su independencia y otorgándole los instrumentos necesarios para actuar bajo el nuevo Código, fue otro de los ejes principales de las audiencias realizadas. “Da la sensación de que lo que se persigue es de-sembarcar con un grupo de tareas, designados a dedo por esta procuradora, que tiene un poder omnímodo”, disparó Piumato.
El único cruce que se produjo ayer fue cuando el senador radical, Mario Cimadevilla, se enojó con el presidente de la comisión, Pedro Guastavino, porque le informó que Gils Carbó no asistiría al debate. “Es una decisión política del bloque”, le dijo Guastavino ante el requerimiento. “Se encubren mutuamente, usted encubre a la procuradora y la procuradora los encubre a ustedes”, retrucó Cimadevilla.
La jornada se completó con otros expositores como el profesor de Derecho Penal y Criminología de la UBA Fernando Díaz Cantón, su par de Derecho Penal y Procesal Penal Maximiliano Rusconi, el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, Ariel Cejas Meliare, y la abogada y ex diputada Rosario Romero, entre otros.
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