Las leyes demasiado transgredidas merecen, como mínimo, ser revisadas. También la guerra contra las drogas, que pone énfasis en la represión, y que sólo ha demostrado innumerables fracasos en todos los países de la región. Prohibir es parte del problema, no de la solución. Esas fueron las grandes conclusiones que dejó la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se desarrolló este mes en Bogotá, Colombia. Más de 500 miradas expertas pusieron la lupa en la propuesta uruguaya de regular la venta y el consumo de marihuana. El proyecto por ahora está frenado, pero las autoridades uruguayas calculan que a mediados de 2013 comenzará a hacerse realidad.

Uruguay será el primer país en patear el tablero prohibicionista con su ley para crear centros regulados por el Estado para venta y consumo de cannabis. Y muchos no dudan en que podría convertirse en un ejemplo a seguir. Todo está por verse. La propuesta se encuentra en debate en el Parlamento uruguayo. Esta semana, el presidente José «Pepe» Mujica pidió a los legisladores de su partido que «frenen» el trámite del proyecto de ley gubernamental, porque la sociedad aún «no está madura». No obstante, el Gobierno aclaró que no renunciará a la idea de legalizar la marihuana. «Estamos esperando tener apoyo popular de la iniciativa», dijo el presidente después de conocer los resultados de una encuesta según la cual el 64 % de los uruguayos está en contra del proyecto.

«A nuestro presidente le parece que lo más importante de este proyecto es su tratamiento democrático. Esto es, que no usemos la aplanadora de votos que tenemos en ambas cámaras, sino que se posibilite un gran debate para convencer con argumentos a la sociedad sobre la importancia de este proyecto. No dejaremos de lado la iniciativa. Lo que se hace es correr los plazos para que el tratamiento se realice durante el primer semestre de año que viene», explica a LA GACETA el viceministro de Educación y Cultura de Uruguay, Oscar Gómez.

El funcionario, que participó de la conferencia regional en Colombia, sostiene: «el paradigma de guerra a las drogas fracasó. Las fallas más notorias se evidencian por el incremento del consumo de sustancias, el aumento de violencia y otros delitos asociados. Hay que hacer hincapié en la prevención, políticas de inclusión social, acciones de salud y reducción de daños».

Con una humildad que sorprende, Gómez, que es maestro de escuela, lleva la voz cantante del proyecto oficial de Uruguay. Es miembro de la Junta Nacional de Drogas y de la Junta Antilavado de Activos. Confiesa que ha vivido el infierno de las drogas desde bien adentro. Un hijo suyo acaba de recuperarse de su adicción a los estupefacientes. Había empezado a consumir marihuana a los 13 años. Un día, cuando no consiguió porro, siguió con la pasta base de cocaína. Por eso, este docente y padre de familia, tiene más que una razón para abrazar el plan de regularización del mercado del cannabis y la separación del mercado de esta droga del resto de sustancias.

«Uno de los factores de mayor riesgo que tiene la población juvenil adolescente es que al no estar separados los mercados, el consumidor se hace usuario múltiple de drogas, fundamentalmente de aquellas que consideramos tienen mayor grado de letalidad y de consecuencias adversas inmediatas, como es por ejemplo la pasta base, la cocaína, el éxtasis», señaló.

Gómez dio todos los detalles sobre esta nueva regulación. «Con la legalización de la marihuana, es posible arrebatarle el 75% del mercado al narcotráfico. Y aplicar gravámenes a quienes produzcan y vendan cannabis, de manera de crear con esa recaudación programas de prevención y asistencia de adictos», precisó.

– ¿Qué factores les hacen pensar que es posible regular la venta y el consumo de cannabis?

– Primero, la geografía de nuestro país: tiene 180.000 km2, no posee montañas ni selvas. Creemos que el control sobre las propiedades que cultiven marihuana es posible. No somos productores, simplemente tenemos una parte de ingresos clandestinos y algunas veces tránsito de la droga. Lo otro que ayuda es la situación económica: tenemos el índice más bajo de desocupación de la historia, del 6 %. Es un momento clave para arrebatarle al mundo del crimen organizado el narcomenudeo de cannabis. Esto, por supuesto, implica la generación de una economía sustitutiva para quien está en el último eslabón del narcotráfico para no lanzarlos al delito de otra forma. Ya estamos pensando en programas de inclusión social. El Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte de la Junta Nacional de Drogas, está abordando programas de empleo transitorio y rutas de salida para que la persona recupere los hábitos de trabajo.

– ¿Cómo se pondría en práctica esta ley? Uruguay no es un país productor de marihuana…

– La norma prevé la creación de un nuevo organismo, Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que tendría como tarea regular la producción, bajo el control del Ministerio de Agricultura. Además, actuará el Ministerio del Interior para darle seguridad a las plantaciones y para prevenir posibles fugas. También intervendrá Salud Pública para control de calidad. El Ministerio de la Industria tendrá que fijar el precio de la marihuana; La idea es que sea menor al del mercado ilegal para desalentarlo.

– ¿Qué tendrá que hacer un consumidor para comprar marihuana?

– Demostrar que es mayor de 18 años. La idea es identificar al usuario de cannabis con una tarjeta con códigos de barras, aunque serán innominados. Esto servirá para regular que no use más de 40 gramos mensuales (un porro por día) y que no sea una tarjeta de uso libre o múltiple. Los consumidores, para acceder a la sustancia, pasarán por una revisión médica que muestre que el consumo no tiene contraindicaciones con su salud. En síntesis, de la misma forma que para tomar un ansiolítico tenés que ir al médico, para usar marihuana también se lo hará.

– ¿Por qué se establecerán los 40 gramos mensuales?

– Sabemos que el consumo de marihuana siempre es malo. Pero en los hechos existe. Evidencias nos muestran que 40 gramos no tendría repercusiones desde el punto de vista médico muy negativo; siempre hay cuestiones perjudiciales. Cuarenta gramos es también la cantidad que admite que haya plantación domiciliaria. Está previsto que hayan clubes de consumidores de 15 miembros, cuya producción sea de hasta 7 kilos anuales de cannabis.

– Si alguien quiere vender o plantar marihuana, ¿pide un permiso al Gobierno y listo?

– Van a haber muchas exigencias: lugares específicos y personas capacitadas para vender. Hay que regular los puntos de venta: dónde van a estar ubicados, cuáles serán los horarios de atención, la apariencia (no puede ser tan llamativo que convoque al consumo); lo mismo con la mercadotecnia, pensamos que debe ser una sola marca y que no haya competencia o publicidad.

– ¿Un extranjero podría comprar marihuana en Uruguay?

– La regulación del consumo de cannabis será exclusivamente para residentes, porque tampoco queremos que nos pase como a Holanda y que Uruguay se convierta en turismo de drogas. – ¿Qué falta para la aprobación del proyecto?– El proyecto fue aprobado en comisión; ahora debe ser aprobado en Diputados y pasar a Senadores. La fuerza política del gobierno en Uruguay, el Frente Amplio, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Lo que falta es poner el debate también en la sociedad civil. No existe un amplio consenso en Uruguay sobre la regulación, aunque cada vez son más los sectores que ven en esta propuesta una buena forma de enfrentar la violencia que genera el uso de drogas ilegales. Creemos que entre mayo y junio será aprobado.

– ¿Cree que esta iniciativa podría aplicarse en otros países de la región?

– No exportamos ideas. Yo no estaría sugiriendo a otros países más que razonar juntos. Ese razonar es preguntarse hoy: ¿la política que criminaliza el consumo ha permitido reducir el consumo y la demanda? ¿Esa política ayuda o perjudica las tareas de inclusión social? ¿Ayudan a la integración de aquel que el algún momento pudo estar muriendo? En Uruguay, estas preguntas tienen una clara respuesta negativa. Cada uno tendrá que dar su respuesta a ese interrogante. En nuestro país, criminalizar el consumo llevó a que se juntaran en las cárceles los que habían fumado un porro por única vez con los que tenían consumos problemáticos, con los que habían robado o matado. Me tocó visitar alumnos encarcelados. Les decía «¿pero qué pasó?». Y ellos me decían: «yo sólo quería probar, me agarraron a la salida del boliche con un porro». Vivir esa experiencia para ellos fue horrible. Las cárceles, al menos en Uuruguay, no son centros de rehabilitación; hay agresiones físicas y sexuales.

fuente http://lagaceta.com.ar/nota/526524/policiales/con-legalizacion-marihuana-posible-arrebatarle-75por-ciento-mercado-narcos.html