El alto jefe policial insiste con la fórmula de una presencia efectiva en la calle y la intervención de distintos organismos que colaboren independientemente de los encargados de administrar justicia. “Lamentablemente Comodoro está en riesgo: creció mucho y la zona norte se encuentra saturada por asentamientos ilegales, la usurpación de terrenos. Todas cuestiones hacen a la seguridad. Desde el punto de vista policial estamos en una situación de extrema necesidad donde se requiere el mayor compromiso, la mayor entrega policial para llevar mayor presencia a la calle. Se hace difícil porque estamos trabajando sobre los mismos recursos, tanto humanos como materiales y tecnológicos”, planteó Buttazzi.

-¿Hay ausencia del Estado?

-Debe ir acompañado de otras medidas porque en muchos casos la Policía ha visto crecer a jóvenes que hoy están en serio riesgo. Los aprehendió por primera vez a los 10 años y hoy tienen 16. Se debe acompañar de un trabajo interdisciplinario, mancomunado con otras instituciones que están trabajando pero se requiere mayor compromiso. Hay menores que no están escolarizados, que son adictos a determinadas sustancias y deberían estar internados en una comunidad terapéutica, como lo establece la ley nacional de minoridad. Y el acompañamiento también de los estamentos municipales que se tienen un fuerte compromiso. Las instituciones como que se quedaron en el tiempo, aunque hay muchas que trabajan y muy bien, pero son las menos.

La indefensión

-¿La reforma constitucional de 1994 influyó para que se llegue a esta indefensión?

-Hubo cambios de legislación con la reforma constitucional del 1994 a partir de la incorporación de distintos tratados internacionales con rango constitucional, insertos en el artículo 75. Esto hizo que todo el sistema jurídico de la Argentina se deba adaptar a esos preceptos internacionales. De allí que cuando se pide mayor prisión preventiva, por ejemplo, no nos debemos olvidar que está enmarcado en la Constitución y por ende se debe respetar todos los derechos a la que Argentina se ha adherido.

-¿Habría que modificar la Constitución para dejar de lado esos acuerdos firmados?

-No digo modificar la Constitución. Hemos incorporado leyes o tratados constitucionales y no se actualizaron o no tenemos la estructura necesaria para poder brindar la solución de requieren estos tratados internacionales con rango constitucional y deben ser respetados como tal. Todos dicen que fundamentalmente, palabras más palabras menos, debe haber el menor número posible de detenidos.

-¿Hay liviandad en las leyes?

-Entiendo que no porque el conjunto o el paquete de la ley debe ir acompañado de otras cuestiones. Por ejemplo nosotros podemos detener 30 personas en forma diaria, pero más allá de eso, esas personas cuando recuperan su libertad deben tener un seguimiento o tratamiento, si tienen trabajo, si los menores están escolarizados, etcétera. Porque en el caso de los menores muchos son víctimas de una violencia estatal social porque los padres carecen de trabajo o de todas las necesidades mínimas esenciales y vitales para salir adelante y nosotros no podemos hacer esos controles permanentes ya que hay otras situaciones que demandan el trabajo policial. Es una función de otro estamento del Estado que en verdad se hace, pero debería hacerse en forma más rigurosa. Entonces nos apoyamos en el concepto de que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Ese concepto debe ponerse en valor de la familia, es la única forma de salir adelante.

-¿El motivo de los delitos es la disgregación familiar y la desidia paterna?

-Sin duda. Hay muchos que asocian la pobreza con el delito, pero no es así, porque la pérdida de valores se da en todos los estamentos de la sociedad. En la gran mayoría de los casos donde están involucrados menores, se nota la ausencia de la parte paterna. Hay problemas familiares graves. Se da que quienes tienen un poder adquisitivo alto pueden más rápidamente rescatar a sus hijos de la situación por la que atraviesan, es decir, en el caso de adicciones, por ejemplo, hospitalizarlos o internarlos en un centro especializado. Las familias de bajos recursos son las más vulnerables y ahí es donde el Estado tiene que marcar mayor presencia, porque si bien está, hay toda una burocracia y eso demora los tiempos y hace que el chico sigue siendo vulnerable. El Estado debería trabajar con más firmeza y celeridad en el seno familiar y no esperar que el menor vuelva a delinquir para recién darse cuenta de que ese menor está en riesgo. Indudablemente en estas situaciones se nota la ausencia de estas instituciones específicas que deben abordar situaciones así. Las instituciones pareciera que se quedaron en el tiempo y no se actualizaron. Pareciera que las leyes no se adaptan a una realidad social o al revés la realidad social no se adapta a la ley.#