Un grupo de operadores del Instituto Provincial de Socialización y Educación de Adolescentes (Ipesa) denunciaron una serie de graves irregularidades en el funcionamiento del lugar, entre ellas la ausencia de docentes, la presencia de policías que no realizaron el curso de operador, la falta de condiciones para desarrollar su tarea y la repetida fuga de menores que se dio durante este año.
Mediante una carta enviada a esta redacción con el título «Situación actual del Ipesa», los denunciantes se autodenominan un grupo «pequeño» de operadores que trabajan «y nunca piden carpeta médica por largo tratamiento, ni afectación en otras dependencias».
Los trabajadores del Instituto aseguran que de los 32 operadores que ingresaron en 2005, hoy quedan menos de diez, porque el resto ya no están debido a distintas razones: carpetas médicas de largo tratamiento, afectación en otras funciones en el mismo establecimiento o en otras dependencias del Poder Ejecutivo.
«¿Será acaso que la institución no brinda el marco y las condiciones de trabajo necesarias para que podamos cumplir nuestra labor con responsabilidad? ¿O que ningún funcionario del Ministerio de Bienestar Social le interesa lo que pasa en el Ipesa?», se preguntan.
Otra de las denuncias refiere a que en la actualidad trabajan «más de 20 policías retirados y en actividad, quienes no tienen el curso de operadores realizado». Sin embargo, agregan, los funcionarios aseguran que los mencionados «no trabajan como operadores, en la medida que su única función es que los chicos ‘no se fuguen’, lo cierto es que nunca hubo tantas fugas como este año».
A esa información los operadores agregan que por el servicio que prestan esos agentes se pagan entre 32 y 35 mil pesos «por semana».

«Ignorados».
Los empleados del Ipesa aseguran que se sienten «ignorados» por sus representantes gremiales (ATE y UPCN) y se preguntan: «¿será porque los dos delegados de ATE están ‘becados’ en el Programa Egreso, que funciona fuera del Ipesa, y nadie controla que ni siquiera van a cumplir horario?».
También mencionan que las instalaciones de Residencia Sur «están destruidas» al tiempo que resaltan que mientras los operadores responden a la dirección del Instituto, los policías lo hacen al comisario Fabio Girabel.
En cuando a la educación de los adolescentes, la carta afirma que no hay docentes en el Ipesa y «los chicos concurren a las escasas actividades que hay, si quieren».
Por otra parte, los operadores señalan que entre junio y agosto de 2011 se les realizó un examen psicotécnico a cargo de Liz Rossi de Bergez pero «nunca se informó sobre los resultados finales».

Adicionales.
Otra irregularidad que se indica en la carta es que «todos los operadores que no cumplen tareas a cargo de los menores internados igualmente cobran adicional por función (30% de la Categoría 1) y el riesgo psicofísico (1% de la Categoría 1), algo totalmente injusto con los que sí estamos en contacto directo con los residentes en el Ipesa».
Finalmente, los operadores sostienen: «Queremos advertir al señor gobernador y a la opinión pública en general, que si no se le da a la problemática del Ipesa la seriedad que corresponde, todos vamos a lamentar una tragedia».

Cobran como monotributistas
Otra de las denuncias de los trabajadores del Instituto señala que hay seis operadores que cobran como monotributistas por la Fundación Paulo Freire, “dos de ellos se desempeñan” como auxiliares, “algo que no está permitido por la Ley 2116 (Ley del Ipesa)”.
Según la denuncia, todos ellos tienen el curso de operador realizado. Además, los trabajadores recuerdan que la Fundación Paulo Freire, que recibe suculentos subsidios otorgados por el Ministerio de Bienestar Social, es “melliza” de la Fundación Nuestros Pibes, ya que su presidenta “es hija de Stella Maris García, y su domicilio en la calle Bolívar, es el mismo de Stella Maris García”.

fuente http://laarena.com.ar/la_ciudad-_con_los_policias_hay_mas_fugas___dicen_los_operadores_del_ipesa-90539-115.html