Un paso formal en el trámite legislativo en torno al proyecto enviado por el Ejecutivo para endurecer el régimen de excarcelaciones para casos de detenidos por uso de armas desnudó ayer la controversia que genera esa iniciativa impulsada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad Ricardo Casal en el seno del oficialismo.
Ayer, los senadores que integran la Comisión de Seguridad del Senado debían refrendar con sus firmas el acuerdo informal que habían alcanzado en la reunión del pasado 14 de mayo por el cual le daban despacho a ese proyecto.
Pero dos hombres del oficialismo cercanos al vicegobernador Gabriel Mariotto no pusieron sus firmas, lo cual si bien no impidió que la norma siga su curso hacia la Comisión de Legislación General desnudó las diferencias dentro del kirchnerismo.
Se trata de Santiago Carreras y Luciano Martini, dos senadores muy cercanos a Mariotto que integran la Comisión de Seguridad y que decidieron no prestar apoyo al despacho del polémico proyecto que reforma el régimen de excarcelaciones, cuestionado por organismos de Derechos Humanos.
LAS PROPUESTAS
Se trata, en rigor, de dos proyectos.
La iniciativa más cuestionada apunta a modificar la ley que restringe el beneficio de la excarcelación para quienes sean aprehendidos con armas ilegales, de modo de sortear el cuestionamiento de la Suprema Corte, que suspendió la norma hasta tanto resolver su posible inconstitucionalidad, según lo planteado por varios organismos de Derechos Humanos.
La ley restringe las excarcelaciones para los imputados por tenencia y portación ilegítima de armas que resistan el accionar policial o intente fugarse. La modificación presentada en este caso se limita a subsanar algunas expresiones que, según la Corte, tornaban inconstitucional los cambios aplicados al artículo 171 del Código Penal. Entre ellas figuraba un “imperativo” para que el juez resuelva la situación del acusado en un único sentido, “violando el principio de inocencia y limitando la crítica del magistrado”.
En tanto, el otro proyecto establece la creación de un Registro Provincial de todos los comercios dedicados a la venta de armas, que tendrán que identificar a cada comprador de armas y proyectiles. Además, cada usuario deberá realizar acto de toma de muestra de proyectil testigo por cada arma, de manera que los mismos sean archivados en un “banco” para futuros cotejos.
Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Scioli que la Legislatura apure el tratamiento de estas normas. “Necesitamos re adecuar la legislación vigente a la nueva realidad del delito. Por eso necesitamos reducir la tenencia y portación de armas”, dijo.
“Confío en que la Legislatura debatirá los Proyectos de Pacificación orientados a desarmar a los delincuentes y generar condiciones para que los jueces tengan instrumentos para que aquel que sea sorprendido con un arma y tenga antecedentes, vaya preso y no salga”, planteó Scioli.
AUDIENCIA
Poco después de que sean ingresadas por el Ejecutivo al Senado organismos de Derechos Humanos encabezados por la Comisión por la Memoria y el CELS pidieron al vicegobernador Gabriel Mariotto que convoque a una audiencia pública para debatir la ley sobre excarcelaciones.
La Comisión por la Memoria sostuvo que las iniciativas “intentan evitar la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte bonaerense, pero mantiene algunas cuestiones preocupantes”.
