Un equipo de investigadores analizó más de 1.000 expedientes manuscritos del foro judicial que datan del siglo XIX y que dan cuenta de cómo se estructura el discurso moderno respecto de qué se castiga y cómo se castiga. En esta entrevista con Argentina Investiga, Laura Naput, directora del proyecto, habla sobre la tensión entre lo que las prácticas normativas dicen y lo que las prácticas de hacer Justicia realmente llevan a cabo, entre otros temas que aborda la investigación.

-¿Cuál es el objeto del estudio?
-Las configuraciones del poder punitivo en la segunda mitad del siglo XIX, desde la caída del gobierno de Rosas hasta que por primera vez se aprueba, a nivel nacional, un Código Penal en 1886, analizado a partir de los expedientes del foro penal de la provincia de Entre Ríos que constituyen nuestro corpus de estudio. En este período, el Estado nacional todavía no cuenta con los atributos propios del Estado, es decir, que el monopolio del uso legítimo de la fuerza no se encuentra aún instalado en la institución Estado. Las provincias todavía retienen atributos de poder, que luego van a ser parte del Estado nación.

Se trata de una etapa donde Entre Ríos desempeña un papel fundamental en la historia argentina: el período de la Confederación, el gobierno de Urquiza, los siguientes diez años en los que sigue siendo un referente importante en la historia argentina y los diez años posteriores a su muerte. La Justicia es la institución donde se estructura el discurso moderno respecto de qué se castiga y cómo se castiga, donde se compromete el Estado. En este momento, la norma empieza a decir qué debe ser castigado y cómo debe ser castigado. En nuestra investigación, observamos diferencias entre las normas y las prácticas, es una etapa en la que todavía muchos actores desempeñan un papel central: los patrones, los caudillos, la iglesia. Un momento interesante para ver cómo se constituye la dominación moderna en el proceso de formación nacional y, particularmente, en la provincia de Entre Ríos.

-¿Existe una relación entre este tema y la actualidad?
-Esto tiene actualidad, porque podemos observar que siempre existe una tensión entre lo que las prácticas normativas dicen y las prácticas de hacer Justicia hacen; así funciona el poder estatal y, yo diría, el poder. También, esa tensión, ese conflicto inherente al modo en que el poder se ejerce, es lo que nosotros trabajamos y, en este caso, lo hacemos en el período de transición a la modernidad.

-¿Cuál es la metodología de trabajo?
-Este proyecto combina estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas. La primera etapa fue de acercamiento a las fuentes, a los documentos -más de 1.000 expedientes del foro judicial de la provincia-. Son documentos difíciles de leer, muchas veces mal conservados, con un lenguaje no habitual para nosotros y escritos a mano. Poseen una dificultad material para ser leídos y para hacer luego un análisis crítico.

-¿Cuáles son los resultados parciales a los que llegaron?
-En principio, el acercamiento a las fuentes nos permitió identificar cuáles son las figuras punitivas, qué constituye delito, qué se castiga, qué tipo de castigo se aplica, cómo son los procedimientos y si funcionan las garantías constitucionales. El resultado es una importante recopilación de las normas, resoluciones, decretos, información acerca de dónde estaban las prisiones en la provincia, acuerdos del Superior Tribunal y demás. En síntesis, la compilación del corpus normativo de la época, que luego profundizaremos con un análisis de carácter cualitativo de algunas de estas figuras delictivas o formas de castigo. Podemos decir que, en la normativa citada aparecen normas indianas que vienen de la época colonial, otras de origen eclesiástico, español, otras modernas; hay una dispersión notable, precisamente porque no tenemos un Código Penal.

-¿Cual es el aporte al debate o discusión que realiza la investigación?
-El campo de la historia de la Justicia se desarrolló en el ámbito de la historia y del derecho. Es un campo interdisciplinario, al cual se incorporaron antropólogos y sociólogos. Es enriquecedor, en este sentido, y este enfoque nos interesa.

Además, como docente, me siento comprometida con la idea de enriquecer la historia regional y conocer la historia social de Entre Ríos, que excede la historia de la Justicia. En el foro penal, los actores, víctimas o victimarios, son actores anónimos que no solemos ver en las páginas de la historia política. Los expedientes judiciales son una fuente privilegiada para trabajar también la historia social más tradicional, ver cómo viven los humildes, los marginados, los que generalmente ocupan las páginas policiales de los diarios. En este sentido, recuperar estos documentos puede significar un aporte para otros campos de la historia de la región, no sólo para la historia de la Justicia.

-¿Quienes integran su equipo de investigación?
-El profesor de Historia Nelson Walter Musich y el profesor de Derecho Hugo Alejandro Haimovich, ambos docentes de la Facultad de Trabajo Social.

Naput es docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social y el proyecto que lleva adelante se titula “Configuraciones del poder punitivo en la provincia de Entre Ríos (1860/1886): una reconstrucción desde los archivos judiciales”.