Las cuestiones que tienen que ver con la legislación penal avanzan hacia el centro de la escena parlamentaria. En un escenario donde el oficialismo parece haber decidido no monopolizar el temario a debatir, los opositores más experimentados ven el espacio y se lanzan a ocuparlo.
En ese camino se encuentra Patricia Bullrich, la mujer que apenas con una banca, la suya, logró cambiarle el nombre al bloque macrista –ahora se llama Unión Pro–, se quedó con la presidencia de la Comisión de Legislación Penal en nombre de ese espacio y obtuvo para sí la vicepresidencia de la bancada.
En ese marco, y con la decisión de Bullrich de abrir el debate a cuanto tema sea presentado en la comisión, la legislación penal ganará espacio en la agenda del Congreso.
El comienzo del recorrido ya está marcado y será con el debate de un nuevo Código Procesal Penal, que tendrá su inició formal el próximo 22 de abril en el seno de esa comisión. Será con la exposición del fiscal general porteño, Germán Garavano; el camarista Gustavo Bruzzone; y el especialista en Derecha Penal José Ignacio Cafferata Nores, que participó en la elaboración del Código Procesal Penal cordobés. Más allá del trabajo de la comisión, la idea es, como se hizo en el debate sobre el Código Civil, recurrir al formato de audiencias públicas.
Las coincidencias de todo el arco político van más allá de la necesidad de la reforma y abarcan el cambio del sistema inquisitivo actual a un sistema acusatorio donde la instrucción de las causas esté en manos de los fiscales.

Hay plena coincidencia de todo el arco político con representación parlamentaria en avanzar con la reforma. Claro que la discusión se dará cruzada por lo ideológico. Desde el oficialismo señalan que las chances de que la iniciativa avance son buenas e incluso recuerdan que hay ya un trabajo hecho al respecto. Sin embargo, también advierten que el clima de campaña reinante puede ser un obstáculo a la hora de dar un debate profundo.
Las ideas fuerzas que promoverá la presidenta de la comisión para el nuevo Código, más allá del sistema acusatorio, serán la oralidad de todo el proceso, la desformalización del proceso y el juicio por jurados.
Las coincidencias de todo el arco político van más allá de la necesidad de la reforma y abarcan el cambio del sistema inquisitivo actual a un sistema acusatorio donde la instrucción de las causas esté en manos de los fiscales. Los legisladores son conscientes de que el traspaso de poder de jueces a fiscales no será sencillo y asumen «que el looby de la familia judicial será violento». Con el nuevo sistema no sólo la instrucción quedará a cargo de los fiscales sino también los recursos para llevarla a cabo. Así las cosas, los jueces perderían poder y caja. Dos cosas que, desde ya, no están dispuestos a resignar.
La primera reunión de la Comisión de Legislación Penal también mostró un acuerdo en cuanto no sumar parches al viejo Código Procesal, sino derogarlo y trabajar en una nueva codificación.
La institucionalización del debate tendrá un efecto secundario, quizá deseado por la mayoría de los actores: sacar el debate de los medios, un terreno donde el massismo saca ventaja, y ubicarlo en el Parlamento, que por ahora resulta un escenario  esquivo para los «renovadores».
En el plano de las coincidencias, los integrantes de Legislación Penal de Diputados señalaron la necesidad de crear una comisión bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. Así mismo, los senadores avanzaron en la creación, por primera vez desde que se sancionó la ley, de la bicameral de seguimiento de la Seguridad Interior. Allí verán de avanzar en un nuevo Código Procesal Penal.
No son pocos los legisladores que, al igual que lo hiciera el Ejecutivo, pusieron los ojos sobre el Servicio Penitenciario. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció en el verano el envío de una nueva ley orgánica que aún no ingresó al Congreso. Legisladores de la oposición plantearon la necesidad de avanzar en ese sentido dentro de la Comisión de Legislación Penal, al coincidir en que su «fracaso» dificulta el avance en la baja del número de reincidentes.
Así mismo, la comisión intentará con el mismo fin poner en marcha el mecanismo de prevención de la tortura, que ya fue creado por ley pero queno aún no entró en vigencia debido a la demora del Congreso, que es el encargado de ponerlo en funcionamiento.
Mientras todo eso sucede, nadie en el Congreso puede confirmar si finalmente el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma del Código Penal. Por ahora, impulsados por la coyuntura, en plena campaña electoral y con la intención de sortear el parate que provocará el Mundial de fútbol, los legisladores intentarán poner el debate en el centro de la escena parlamentaria.  «
Zaffaroni, más críticas a la emergencia bonaerense
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni reclamó soluciones «estructurales» para afrontar los problemas de seguridad y cuestionó el decreto de emergencia anunciado por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al considerar que la seguridad «no se va a solucionar de ninguna manera si no se repiensa el modelo de policía».
El magistrado se refirió ayer al debate en torno a la seguridad que se hizo público en las últimas semanas. En diálogo con Nacional Rock, Zaffaroni cuestionó las respuestas «de coyuntura» y reclamó soluciones «estructurales» a la delincuencia. «Hay que pensar en cosas más definitivas y estructurales. Es difícil actuar en serio cuando lo que se está haciendo es un manejo electoralista», expresó sobre el proyecto impulsado por Scioli.
«Creo que no se va a solucionar (la inseguridad delictiva) si no se repiensa el modelo de policía, pero tampoco se puede pensar ese modelo en una semana. El sistema penal es como una nave que hay que arreglarla pero tiene que seguir navegando y eso tiene su tiempo», agregó.
El juez se refirió también a la eventual reforma del Código Penal. Opinó que no cree que se logre «en menos de tres años», y se refirió a las críticas que recibió el anteproyecto que está a consideración del Ejecutivo: «Cuando todos dan alaridos, es muy difícil dar una explicación. Cualquier ley penal se puede desacreditar con alaridos pero explicar la racionalidad requiere tiempo y la televisión no es el medio para eso.»
Al ser consultado por la posibilidad de que sea candidato a presidente si decide jubilarse de la Corte, el magistrado lo desmintió de manera tajante: «No voy a ser candidato a ningún cargo ejecutivo. Si tuviera 20 años menos tal vez lo pensaría, pero hoy no. Creo que a lo largo de estos años me han hecho candidato a todo, lo único que ha faltado es que me hagan candidato a obispo.»
Masones
«Pacificación«. Reunidos en el XV Congreso Nacional del Simbolismo, la Masonería argentina pidió desde Comodoro Rivadavia por la «pacificación de los espíritus y el reencuentro de quienes se han distanciado por meras cuestiones coyunturales».
http://www.infonews.com/2014/04/14/politica-139474-consenso-del-oficialismo-y-la-oposicion-para-darle-prioridad-al-debate-penal.php