Celebra el debate abierto sobre la ley de contravenciones policiales.

Exige mecanismos que garanticen la operatividad de los resultados de la discusión, y propone profundizar la discusión sobre algunos puntos.

La situación en materia de contravenciones policiales en la provincia de Tucumán es un reflejo de lo que acontece, aún, en varias provincias argentinas. Debatir qué tipo de derecho contravencional queremos, como sociedad democrática, es uno de los principales desafíos de la provincia y la región. Por eso, andhes celebra la apertura de espacios de discusión, mientras considera importante remarcar que el debate no debe terminar convirtiéndose un fin en si mismo.

Andhes, que viene trabajando hace más de 8 años alrededor de la problemática contravencional en la provincia y en la región, entiende que el valioso debate abierto en la provincia de Tucumán debe tener como resultado una construcción participativa que, receptada y canalizada por las vías institucionales, resulte efectivamente en un aporte al próximo código de convivencia provincial. Ya en 2007 andhes presentó un Anteproyecto de Código Contravencional ante la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, proyecto que nunca fue tratado por la Legislatura Provincial, indicaron desde la institución. En ese sentido, «al tiempo que celebramos la discusión y el debate democrático en todo sentido, entendemos que el mismo no debe convertirse en un fin en sí mismo, esto es, que la metodología del proceso debe preveer una efectiva receptividad de los aportes generados en la discusión«, agregaron.  

Es muy importante profundizar sobre algunos de los puntos en discusión tales como: el debido proceso, el tipo de sanciones y los tipos contravencionales a ser incluidos en la próxima ley.  Sobre el primero de ellos, parece haber un consenso generalizado respecto de la necesidad de poner en funcionamiento juzgados contravencionales, aunque no se ha escuchado la voz del Poder Judicial en ese sentido. Vale resaltar que la inconstitucional Ley vigente, también prevé juzgados contravencionales, que jamás han sido puestos en funcionamiento. Por ello, «es muy importante conocer el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia al respecto, en tanto es el órgano que deberá destinar fondos y tornar definitivamente operativos estos juzgados», señalaron desde la organización.

Respecto de los otros dos puntos, que vienen siendo materia de discusión, andhes se reitera que la premisa que debe guiar la discusión es que la regulación de la convivencia social no puede basarse, bajo ningún punto de vista, en la negación de garantías propias de todo/a ciudadano/a, y mucho menos creer que éstas puedan constituir un obstáculo para uno de los bienes más preciados de una sociedad, como lo es la seguridad colectiva. Por ello, la privación de libertad resulta inadmisible para sancionar faltas menores a la convivencia, como lo son las contravenciones. «Es importante entender que no estamos hablando de delitos, sino de alteraciones menores al orden social, por lo que la privación de libertad resulta desproporcionada en sí misma, sin contar que además conlleva a la vulneración de otros derechos, como el derecho a trabajar» indicaron.

En relación a los tipos contravencionales, señalaron además que «toda tipificación contravencional que pretenda ser constitucional debe versar sobre dos requisitos legales que devienen necesarios para ser punible: el riesgo cierto y la mínima lesividad en la conducta que se busca evitar en aras de la convivencia social. Es imperiosa entonces la determinación exhaustiva de las conductas -no de las personas- que se consideran reprochables.

Reflexionando alrededor de estos puntos, Lucas Crisafulli, Abogado, investigador y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC) señaló:

«La historia del poder punitivo es la historia del castigo hacia quien se consideró enemigo de la sociedad. Quizás la rama menos democrática de un Estado sea esa donde se aplica deliberadamente dolor, es decir, donde se pena, pues se entendió la política criminal en términos de amigos/enemigos, donde el enemigo era digno de castigo.

Desde la costumbre Inquisitorial de fritar mujeres (¿Brujas?) en Europa hasta nuestros días, pasando por la construcción de la otredad «indígena» en la Campaña del Desierto, los anarquistas de principios de siglo XX en las leyes de Residencia y Defensa Social, o los «subversivos» de los años 70′ en la doctrina de la seguridad nacional, el castigo se ha dirigido a quien en términos políticos, ha sido considerado un enemigo.

No es casual que los enemigos contemporáneos sean los jóvenes pertenecientes a los sectores populares, los mismos que desde la aplicación de las políticas neoliberales fueron expulsados del sistema económico.Estos jóvenes son transformados en peligrosos desde los discursos securitarios, donde el espacio contravencional, generalmente aplicado sin garantías constitucionales y al libre arbitrio, los utiliza como materia prima policial. Ello confirma una vez más, que el poder punitivo termina abarcando lo que el sistema económico no puede, o no quiere».Remarcó Crisafulli quien, además, es miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos (SEU-UNC).

La discusión abierta hoy en nuestra provincia no consiste simplemente en puntos de vista, pareceres, opiniones y oportunismos partidarios. Se trata de una oportunidad única para conformar un código constitucional y respetuoso de derechos y garantías de todos los ciudadanos, sin distinción.«La República Argentina comienza a despertar de un letargo de décadas en materia contravencional. Catamarca, Córdoba, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán han tomado la delantera y comienzan a sacudirse la modorra de la indiferencia a los desheredados.  Discriminaciones, abusos, arbitrariedades que deben cesar en beneficio de una sociedad democrática, pluralista, que integre definitivamente a las minorías con respeto a sus diversidades» señaló Mario Juliano, Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea.

«La lucha por la visibilización de este verdadero territorio de «no derecho» no ha sido gratuita. Walter Bulacio es el involuntario abanderado de esta causa. Pero innumerables son los Bulacios inmolados en los altares de la intolerancia a lo largo y ancho del país, como innumerables las organizaciones de la sociedad civil que han luchado y luchan por un orden social más justo. Tal el caso de andhes, que ha mantenido las banderas en alto durante 10 años y nos marca el camino a transitar. Tucumán tiene la oportunidad de ponerle una bisagra a esta historia de desencuentros con la sanción de una ley contravencional para la convivencia.» Concluyó Mario Alberto Juliano, quien también es presidente de la Asociación «Pensamiento Penal».