Un hombre y una mujer fueron condenados ayer a penas leves de prisión en suspenso por tenencia de drogas por un hecho ocurrido hace cinco años en Villa Constitución y por el cual resultó absuelto un tercer imputado. El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 fue dividido. Uno de sus miembros, la jueza Laura Cosidoy, se inclinó por absolver por el beneficio de la duda a los tres acusados.
El punto más fuerte de este juicio es que la fiscalía y la defensa coincidieron en que la investigación policial fue de una irregularidad escandalosa. En las audiencias quedó claro para ambas partes que cuando los policías secuestraron la droga que motivó la detención de las tres personas no hubo testigos. Que se allanó un lugar que no tenía nada que ver con la descripción del denunciante. Que fue encontrado misteriosamente un cargador de ametralladora al lado de la droga incautada. Que los policías decían todo el tiempo no recordar lo que ellos mismos habían hecho según el acta.
«Me resulta muy difícil acusar con todas las contradicciones que surgen en las audiencias. Lo hago porque no me queda más remedio debido a una instrucción general de la Procuración. ¡Pero terminemos señores! ¡Estamos en el Siglo XXI! En nombre de proteger a la sociedad de quienes violan la ley no se pueden justificar atropellos como estos. Los imputados también tienen derechos y estos no son inconciliables con los de la sociedad», exclamó la fiscal Mabel Colalongo, en relación a las anormalidades de la investigación policial.
En este contexto la defensora oficial de los imputados, Matilde Bruera, cuestionó duramente la actuación que originó la causa. Dijo que sus defendidos siempre sostuvieron que la droga les había sido plantada y deslizó que la causa fue armada, con tantas irregularidades que incluso la fiscalía no pudo acusar a los imputados de tenencia de droga para la venta.
«Si la fiscalía tiene dudas técnico jurídicas no puede sostener la acusación. Para pedir condena se requiere certeza. Y la fiscalía no hace más que marcar las dudas de lo ocurrido», dijo Bruera.
Una jueza que se destaca por su severidad como Cosidoy terminó absolviendo a todos. Y los dos jueces que condenaron lo hicieron por la mitad de la pena que pidió la fiscalía.
Un viaje, dos causas. La causa proviene de septiembre de 2007, luego que un remisero denunciara a una pasajera por no haberle pagado un viaje. El chofer —contó Bruera— había llevado a esa mujer a varios domicilios en una zona de Villa Constitución cercana al río donde ella le dijo que había adquirido droga.
«Esto originó dos causas paralelas. Una contra el principal denunciado, en la que ya hubo dos condenados. Y otra posterior contra un sobrino de ese sospechoso que vivía a la vuelta y cuyo domicilio había sido mencionado por el remisero», explicó Bruera, a quien le resultó «llamativo» que de la denuncia original se desprendieran dos causas.
Pero las irregularidades denunciadas por la abogada y la fiscal comienzan allí. Es que en lugar de realizarse un allanamiento en el domicilio sindicado por el remisero, se hicieron tres operativos en un humilde sector distante a unas diez cuadras. Tampoco los detenidos guardan parentesco con el condenado.
«Uno de los detenidos se llama igual que el hombre al que supuestamente buscaban, pero vive a 15 cuadras, es decir en la otra punta del bulevar Seguí», indicó Bruera. La fiscal Colalongo coincidió.
Sin antecedentes. Los allanamientos realizados por la Brigada Operativa de Rosario y por la sección Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas dieron como resultado tres detenciones: D. R., de 48 años, y H.C., de 62, ambos jubilados metalúrgicos, y B. R., una mujer de 59 años que tenía un bar en la parte delantera de su casa. Los tres sin antecedentes penales.
Según Bruera, en los tres domicilios —dos vecinos y el restante a unas cuatro o cinco cuadras— se hallaron entre 80 y 90 gramos de cocaína que, en todos los casos, estaban fraccionados en bochas guardadas en bolsas de nailon cerradas.
«Tanto en ese momento como en sus declaraciones posteriores, los tres indicaron que eso no les pertenecía», remarcó Bruera, y fundamentó sus sospechas de que la droga fue plantada: «Es llamativo que en todos los casos la droga fuera hallada en bolsas cerradas. Pero además ninguno de los seis testigos (dos por cada allanamiento) presenció el momento de los hallazgos».
«Pero hay algo más grave: en una de las casas allanadas —añadió la abogada— uno de los testigos vio que en una cama había un cargador de ametralladora que se le tiene que haber caído a un efectivo policial cuando entró a los apurones, lo que abona la sospecha de que la droga ha sido plantada. Ante la advertencia del testigo, el policía a cargo del operativo se llevó el cargador pero no hizo constar en el acta esa situación».
Bruera agregó que, en líneas generales, los testimonios de la investigación policial no fueron refrendados durante el juicio. «Ni siquiera el remisero reconoció los lugares allanados como los sitios visitados en el viaje que originó la denuncia», remarcó .
