Perseguir y penar a las personas que paguen por tener sexo. Esa es la medida que, por estas horas, el Gobierno provincial considera aplicar luego de que se apruebe el proyecto de ley que prevé clausurar y prohibir todos los establecimientos donde se ejerza la prostitución en el territorio cordobés.
Como las provincias no pueden definir delitos –es una facultad delegada a la Nación y, por lo tanto, sólo lo puede hacer el Congreso– la idea es incorporarlo al Código de Faltas como una contravención específica.
El Código de Faltas es una ley provincial que impone diferentes penas (como multas y prisión de hasta dos meses) a personas que cometan las infracciones que enumera. Si la idea prospera, se agregaría una nueva contravención, por la cual se castigaría al cliente de la prostitución.
La eventual medida fue confirmada por dos altas fuentes del Ejecutivo provincial. “Es un anuncio del gobernador (José Manuel de la Sota) que se viene”, aseguró un funcionario.
Así, Córdoba sería pionera en el país y en la región con una medida abolicionista de una magnitud aplicada sólo por algunos países, como Suecia (ver Argentina ya es… ), y que cuenta con antecedentes internacionales para desalentar la demanda de la prostitución.
Un antecedente local es la resolución que aprobó la Unicameral el año pasado en apoyo al proyecto de ley nacional que reprime con prisión de seis meses a tres años “al que entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero por el uso sexual de una persona” víctima de trata, en situación de vulnerabilidad o si mediara abuso de poder.
En tanto, la legisladora oficialista Nadia Fernández se manifestó ayer en el mismo sentido, al no descartar que la estrategia de la Unicameral avance hacia la penalización de los clientes de locales donde haya prostitución. “Sin demanda, no hay trata”, planteó.
En discusión. Además, ayer comenzó en la Unicameral el tratamiento, en una reunión conjunta de ocho comisiones, de los dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo provincial referidos a la trata de personas y a la lucha contra el narcotráfico.
Hablaron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep; el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y la secretaria de Prevención de la Trata de Personas, María Amelia Chiófalo. “El 80 por ciento de la trata de personas es con finalidad sexual, y ello atenta contra los derechos humanos de las víctimas”, dijo Chiófalo, y destacó la necesidad de leyes para que la Justicia y la Policía puedan concretar políticas de erradicación de la trata.
A la tarde, los legisladores recibieron a Eugenia Aravena, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), y a la investigadora cordobesa sobre trata de personas Alicia Peressutti, de la organización Vínculos sin Red.
Hoy. El debate continuará hoy a las 10 con los integrantes de la Mesa Provincia-Municipios ya que el proyecto prevé la adhesión de las localidades. Luego, hablarán familiares de Yamila Cuello, quien despareció en octubre de 2009 de barrio Coronel Olmedo, presuntamente secuestrada por una red de trata.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/analizan-penar-al-cliente-prostitucion
