En Córdoba el modelo de Tolerancia Cero se aplica sobre algunos grupos sociales y para ello se crearon lo que se conoce como Operativos Saturación. Se trata de una estrategia que surgió al comienzo de la primera gestión de José Manuel De la Sota. El primero en impulsarlos fue el -y ex jefe de Policía- Luis Iturri, apenas comenzado el año 2000. La mecánica consiste en la ocupación territorial de un sector de la ciudad con el objetivo de convocar a los medios de comunicación y de esa manera mostrar un efímero poder en la jurisdicción en cuestión. Cuando se van las cámaras los policías desaparecen y todo vuelve a ser como era antes. La política de seguridad, al fin de cuentas, es una mera estrategia de prensa que se concreta cuando al día siguiente ciertos medios de comunicación titulan: “La Policía copó barrio Márquez Anexo”.
Después de Iturri (más tarde ese policía se convirtió en asesor de Luis Juez, quien lo sigue referenciando como uno de sus cuadros en materia de seguridad), el gobernador nombró como jefe a Jorge Rodríguez quien comenzó a protagonizar comerciales y afiches publicitarios donde anunciaban la creación del CAP (Comando de Acción Preventiva). Ese comando se encarga de patrullar las calles y ocupar los territorios. Los siguientes jefes de Policía que continuaron, (Altamirano, Pedro Palacios, Alejo Paredes) fueron perfeccionando el método.
El primer gran cambio se produjo a partir de 2007. Al llegar a la gobernación Juan Schiaretti tomó ciertas decisiones que mostraron el perfil de mano dura de su lógica de seguridad. En cuatro años duplicó la cantidad de policías pasando de 11.800 a 23 mil. Con Carlos Caserio como ministro a cargo del área y Alejo Paredes como jefe de Policía decidieron que, además de ocupar los territorios, era necesario mejorar las cifras de detenidos. No de detenidos por delitos, de detenidos por cualquier cosa.
Para ello se echó mano a una herramienta –que contiene varios artículos inconstitucionales y fue creada en el año 1984 por la administración radical-. Se trata del Código de Faltas. Esa norma habilita a la Policía a realizar detenciones por presuntas contravenciones dándole al comisario el lugar del juez y sin que exista ningún control jurisdiccional de lo que ocurre con ese detenido que, a su vez en la práctica, no tiene derecho a un abogado mientras está demorado.
[VER MÁS: «Zarpado en preventiva: los estigmatizados por la justicia cordobesa»]
En conclusión: a la criminalización de los territorios saturados le sumaron el objetivo de criminalizar a todos los que viven allí. La justificación de esa represión por parte de autoridades gubernamentales y ciertos medios de comunicación pasó a ser utilizada al mismo tiempo como publicidad positiva. La clase media cordobesa se siente “tranquila” en tanto y en cuanto los territorios “ocupados” o saturados sean aquellos que la misma policía llama “peligrosos” y los detenidos inconstitucionalmente sean los hijos de otros y no los suyos.
Las detenciones por el Código de Faltas
El resultado de estrategia del tandem Schiaretti-Caserio-Paredes llevó de 11 mil a 75 mil las detenciones anuales por del Código de Faltas. Cada vez que, pese a contar con el doble de policías, los índices de criminalidad crecían, se multiplicaban los operativos saturación. De esa época queda la elevación a juicio del caso del comisario Pablo Marques, acusado de obligar a sus subordinados a detener inocentes bajo amenaza de sanción si no llegaban al número que sus propios jefes le pedían a él.
Al ganar nuevamente la gobernación José Manuel De la Sota, el jefe de Policía de Schiaretti, Alejo Paredes, se convirtió en Ministro de Seguridad. Entonces hubo dos hechos que marcaron la actual crisis policial. Primero lo que conocemos como el Narco-escándalo, donde los altos jefes son investigados por secuestrar y vender droga ilegalmente. Más tarde, el acuartelamiento policial que produjeron los mismos policías del CAP al liberar la ciudad el 3 y 4 de diciembre de 2013 iniciando la ola de acuartelamientos en todo el país y de saqueos en Córdoba.
[VER MÁS: «Narcopolicías de Córdoba: cronología de un escándalo»]
El hombre detrás de los operativos saturación
Tras el acuartelamiento llegó a la jefatura un mayor que, si bien no estuvo vinculado a la sedición del 3 y 4 de diciembre, está probado que no hizo nada para detenerla. Se trata de Julio César Suarez, quien pidió licencia el 2 de diciembre 2013 –adujo sufrir una fuerte diarrea- y retomó su trabajo el 5 para asumir el cargo de nuevo jefe.
Este nuevo jefe es el responsable de los operativos saturación (a esta altura llamados “humillación” de la provincia de Córdoba). El fin de semana pasado se detuvo a casi 700 personas de las cuáles el 99 por ciento habrían cometido contravenciones y sólo el 1 % estaría acusado de delitos tipificados por el código penal.
Suárez, quien está imputado y a punto de ir a juicio por el delito de coacción para coartar la libertad de un periodista- decidió que la Policía ya no debe investigar delitos complejos y es mejor que se concentre en detener inocentes. El fin de semana envió a detectives de homicidios, de antisecuestros, de protección de las personas, de la división canes y hasta de los grupos de élite de la institución a detener inocentes.
Ignorante de que lo que lograron sus antecesores requería de un mínimo equilibrio –al menos investigando los delitos complejos además de detener inocentes- Súarez ha llevado a la policía de Córdoba a su crisis más profunda.
Hay otro dato: desde hace 8 meses Suárez no le dirige la palabra al jefe de la división Investigaciones Criminales (delitos complejos), Miguel Ángel Oliva. En de 2014 incluso quizo pasar a licencia a Oliva porque se negaba a aportarle gente para los operativos en la calle. En la misma ocasión también intentó pasar a retiro al Comisario General, Abel Díaz que tiene el cargo de Director General de Seguridad y es responsable de comandar los operativos saturación. Sin embargo, presionado por José Manuel De la Sota, que no quería escándalos en la Policía, tuvo que dar marcha atrás.
Tras ese revés Suárez los dejó en su cargo, pero el díálogo se cortó. Lo cierto, es que desde aquel día los mejores investigadores de homicidios, protección de las personas, robo de automotores, etc se la pasan haciendo controles en la vía pública o fueron enviados (castigados) a realizar tareas operativas en localidades del interior como Río Segundo, Laboulaye y otras zonas del interior.
La falta de colaboración con la Justicia
Tres fiscales de instrucción de Córdoba le dijeron a Infojus Noticias –pidiendo por favor que no se difundan sus nombres- que están sorprendidos porque cuando le piden a la Policía que los ayuden en una investigación, desde la fuerza les responden: “No tenemos gente. Están afectadas a controlar las motos en la vía pública”.
A raíz de ello los fiscales tomaron la costumbre de pedirle a Suárez mediante oficios formales que ponga a disposición investigadores en diferentes casos. El desinterés policial por investigar se vivió en Carlos Paz cuando, en diciembre pasado, desapareció el fotógrafo Hernán Sánchez. Su familia contó que un funcionario judicial (un ayudante de fiscal) y un policía les dijeron que, como se venía el verano, “no iba a haber policías para buscarlo”. Sánchez apareció muerto en un cerro, a menos 700 metros de su casa, cuatro meses después.
El otro policía que Suárez quiso pasar a retiro en 2014 es Abel Díaz. Se trata de un general que tiene fama de ser aún más “brutal” que Suárez. Ese comisario general estaba en el ostracismo, pero fue noticia nuevamente durante el operativo humillación del fin de semana pasado. Según trascendió a través de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), su hijo –y un amigo- fueron dos de los 700 detenidos en el último operativo saturación. Se trasladaban en una motocicleta con todos los papeles en regla.
La noticia inicial fue que Díaz padre había aprovechado su rango para liberar a su hijo, pero resultó que el mismo hijo del comisario aclaró lo que había pasado en la página web cba24n.com.ar. Allí, puede leerse que Daniel Díaz acusa al comisario que lo detuvo, Martín Pintos, de amenazarlo con una escopeta cargada bajo la advertencia: «Quedate quieto o te quemo». Esto habría ocurrido en medio del operativo. Después el hijo del comisario relata:«Al reducirnos el comisario (Pintos) comienza a propinarme golpes en el rostro y a mi amigo lo golpea sobre sus testículos (…) Si se trataba de un control de motocicletas como dicen en todos los noticieros, en ningún momento el comisario fue capaz de pedir el papeleo respectivo. Poseo carnet en regla al igual que tarjeta verde y seguro».
Luego, el muchacho admitió haber llamado a su padre, el Comisario General Abel Díaz, para que lo auxilie. De hecho, la motocicleta es propiedad del funcionario policial.
«Es verdad que pedí por favor por mi padre, ante todos los golpes que ofreció hacia mi persona el comisario Pintos”. Finalmente el hijo de Díaz afirma: “Sólo por pedido de él (su padre), no realice la denuncia».
La semana pasada hubo rumores de cambios en la cúpula policial. Los nombres que suenan para reemplazar a Suárez son el de Mario Tornavaca y Daniel Moroldo. El primero fue uno de los que dio la cara la semana pasada para explicar las detenciones ilegales. “Detenemos a todos porque la gente nos los pide”, dijo. El segundo estuvo implicado en uno de los casos derivados del Narcoescándalo.
[VER MÁS: «La policía cordobesa: del papelón del sidecar al narcoescándalo»]
La Policíade Córdoba está enferma y la cura no puede salir de la misma institución que padece la enfermedad. Resulta urgente que se cumpla la ley que obliga a que la misma tenga una conducción civil.
Por lo demás, en tiempos de elecciones algunos especulan que tanto los operativos saturación como el recuerdo del acuartelamiento policial que dejó en evidencia lo que pasa cuando los policías no tienen lo que quieren podría ser una señal al poder político de una fuerza acostumbrada a autogobernarse: “Tengan en claro que con la Policía no se jode”, es el mensaje.
http://www.infojusnoticias.gov.ar/opinion/cordoba-criminalizar-a-los-pobres-para-tranquilizar-a-la-clase-media-166.html
