El 58 por ciento de las autopsias que realizó la Policía Judicial durante 2011 podrían haberse evitado, porque el informe final indicó que se trataron de muertes por causas naturales. Esto tiene directa relación con una problemática reiterada: los cadáveres en la vía pública que “aguardan” durante horas para que lleguen los técnicos y científicos que deben relevar la escena y levantar el cuerpo.
Esta semana se dio un caso paradigmático en la capital cordobesa, el de un hombre que falleció pasadas las 7 de la mañana, estuvo tirado durante horas hasta que llegó el equipo de la Policía Judicial y se lo llevó a las 11. Tras hacerse la autopsia de rigor, cuyo resultado fue muerte por causas naturales, la familia recibió el cuerpo pasadas las 22, cuando recién pudieron comenzar con los trámites funerarios.
¿Es posible evitar todo esto? La respuesta no es sencilla, pero exhibir lo que sucede puede ayudar a encontrar soluciones. El Código Procesal Penal de la provincia tipifica la “autopsia necesaria” y sostiene que esta debe realizarse “en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad” (ver Normativa provincial).
Según datos oficiales, la alta incidencia de “autopsias no necesarias” en el último lustro es similar –aunque en 2007 llegó casi al 70 por ciento (ver infográfico)– y en lo que va de 2012 se proyecta como similar al año pasado: más de la mitad.
Muerte legal. Las muertes registradas fuera de un hospital o de una clínica pueden ser en el domicilio o en la vía pública. Si alguien fallece en la casa (por enfermedad) y no consigue un médico (de cabecera o de familia) que le extienda el certificado de defunción en el que se expresan las causas, lo más probable es que el caso termine judicializado, con autopsia.
Si una persona muere en la vía pública y no ha sido por un accidente o por un hecho violento, su deceso será caracterizado como “muerte de etiología dudosa”. Los servicios de emergencias (107 o privados) constatan el fallecimiento pero no extienden el certificado. Aquí comienza el problema.
La Voz del Interior intentó ayer obtener la palabra de los profesionales del servicio municipal (107), pero, pese a los esfuerzos, no fue posible.
Cuando la Policía llega y constata la muerte de etiología dudosa se inicia la irremediable judicialización del caso. Cuando un cuerpo es subido al móvil que lleva los cadáveres, va seguro a la autopsia. El proceso es complicado y costoso por la cantidad de medios que se movilizan y, a la vez, traumático para los familiares del fallecido.
El innecesario proceso que las autoridades judiciales quieren evitar (ver El TSJ busca llegar a una solución… ), porque no se extiende un certificado médico que exprese –con seguridad– que se trató de una muerte natural, insumirá varias horas y movilizará una maquinaria jurídica y científica de envergadura.
¿Cómo puede resumirse ese largo proceso? Hay que tener presente cada uno de los pasos e imaginar el tiempo que insume cada uno. El policía levanta los datos del fallecido y lo que advierte en el lugar. Luego se traslada a la comisaría y en la unidad judicial “entrega” el procedimiento. Tras recibirlo (se inician las actuaciones), se avisa a la Policía Judicial, que a partir de allí comienza formar el equipo de peritos que debe asistir, según el tipo de muerte. Mientras el cadáver sigue en el piso, la “morguera” sale con los técnicos y a una velocidad no muy elevada por sus dimensiones. Una vez que llegan al lugar del deceso, tienen que realizar todas las pruebas, tomando todos los recaudos y presumiendo que puede tratarse de una “muerte violenta”, no natural. Al cabo de un tiempo variable, el cuerpo es levantado y sube al móvil para ser trasladado a la morgue judicial, donde le harán la autopsia. Al cabo de varias horas, entregarán el cuerpo a los familiares.
Costos elevados. El extenso periplo que realiza el cuerpo sin vida provoca, además de un trauma acaso innecesario a los familiares, un honeroso gasto al Poder Judicial. Según datos brindados por agentes judiciales, cada procedimiento que culmina en una autopsia cuesta hoy unos cinco mil pesos.
Pero también está el costo que, si bien no se traduce en dinero, hace que móviles y recursos técnicos y humanos se vean “distraídos” en procedimientos que no serían necesarios y que impiden dedicarse a los casos necesarios. En muchas ocasiones, los móviles y los equipos deben trasladarse al interior, donde su llegada se ve aún más demorada.
A la Justicia le interesan los hechos violentos, principalmente los homicidios (dolosos), que representan algo más del cinco por ciento (más de 80 por año). Las otras muertes violentas son los accidentes fatales (de trabajo, en el hogar), los homicidios culposos (especialmente accidentes de tránsito), los suicidios y, en menor medida, abortos. En su conjunto, estos hechos superan el tercio de las muertes que la Policía Judicial tiene interés preciso y responden a la idea de “autopsia necesaria”.
No obstante esto, el director del organismo, Federico Storni, sostuvo en una reciente entrevista que la Policía Judicial “igual va a concurrir” a hacer retirar los cuerpos que quedan tendidos en la vida pública, aunque se presuma que se trate de una muerte natural.
A su lado, Martín Berger, secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales, estimó que para encontrar una solución a este fenómeno será necesario “que se sienten a dialogar las cabezas de los poderes” públicos.
Normativa provincial
Autopsia necesaria. “En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa que la produjo” (artículo 243 del Código Procesal Penal).
Plazo de entrega de cadáveres. “Los familiares de personas fallecidas como consecuencia de delitos o en circunstancias que hicieron sospechar la existencia de delitos tendrán derecho a que la entrega del cadáver para su posterior inhumación se efectivice dentro del plazo máximo de diez (10) horas a contar desde que el juez interviniente o Ministerio Público hubiere tomado conocimiento del deceso (…)” (artículo 1 de la ley provincial 7912).
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mayoria-autopsias-que-hace-policia-judicial-no-son-necesarias
