¿Por qué policías ‘inspeccionan’ prostíbulos que deberían, por ley, estar cerrados? ¿Por qué, desde una comisaría cordobesa, le indican a una proxeneta que debe habilitar un libro de actas para registrar ahí a cada joven que va a ser explotada sexualmente sin que esto sea visto como algo ilícito? Estas preguntas buscan su respuesta en la Justicia Federal cordobesa, luego de una denuncia presentada por el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y por el fiscal Carlos Gonella (Juzgado Federal 2).
La Ufase es la oficina creada a nivel nacional para controlar cómo avanza la aplicación de la ley de trata de personas, sancionada en 2008.
En síntesis, los denunciantes han solicitado que se investigue una supuesta complicidad de la Policía con los prostíbulos cordobeses. Esto surgió de un juicio por trata de personas, en el que la principal acusada señaló que ella llevaba a las mujeres que explotaba sexualmente a la comisaría de su ciudad, porque así se lo exigían los policías, bajo el argumento de que debían “ficharlas”. Luego, estas mujeres eran llevadas al prostíbulo, que funcionaba con las puertas abiertas de par en par, sin que ninguna autoridad se molestara en clausurarlo.
Esta denuncia, que puede destapar algo que se sospecha desde hace tiempo (la presencia policial alrededor de los prostíbulos), fue formulada en junio de 2011, y está en manos del fiscal federal Enrique Senestrari, que la recibió hace pocas semanas luego de que la presentación deambulara por los laberintos judiciales en virtud de una polémica sobre la jurisdicción que le que correspondía.
Condena y dudas. La causa se remonta al 12 de noviembre de 2010, cuando Mónica Susana Gómez fue condenada a cinco años y cuatro meses de cárcel por los delitos “de trata de personas de mayor de 18 años de edad, coautora del delito de trata de personas de menor de 18 años de edad y facilitación de la prostitución de menores de 18 años de edad en concurso ideal”.
En esa misma sentencia, Norma Beatriz Franco recibió cuatro años de prisión por “coautora responsable del delito de trata de personas de menor de 18 años de edad”.
Según la investigación, Gómez, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba una joven, la albergó en la whiskería Las Rejas, de la ciudad de Río Segundo, ubicada 37 kilómetros al sudeste de la Capital provincial, “desde fecha no determinada con exactitud (pero posiblemente a partir del 23 de mayo de 2008, fecha que surge del libro de actas secuestrado tras el allanamiento de ese prostíbulo) hasta el día 27 de ese mismo mes y año, con el fin de que prestara servicios sexuales con eventuales concurrentes a cambio de dinero”.
Asimismo, Gómez también “instó a Franco a que captara a una menor oriunda de Santa Fe con el fin de que ésta fuera explotada sexualmente en Las Rejas, emplazada en ruta 9, entre Entre Ríos y avenida Belgrano. Así, una vez que la menor de edad viajó el 18 de septiembre de 2008 en compañía de Franco hasta Río Segundo, merced a la utilización de un documento apócrifo, fue acogida en Las Rejas, donde tuvo que ofrecer y prestar servicios sexuales a los eventuales concurrentes”.
Hasta ahí, el fallo, que también demostró una falencia que ya ha sido detectada por la Ufase al analizar otros casos en el país: ¿sólo dos personas pueden integrar una organización que esclaviza mujeres sexualmente? Al igual que lo que ocurre de manera usual en las investigaciones de narcotráfico, pocas veces se juzga a una banda completa.
“Libro de actas”. Pero la sentencia también dejó otros aspectos para indagar, ya que “se advirtieron ciertos elementos que permitirían sospechar una posible participación del personal policial de la Comisaría de Río Segundo en la comisión de los hechos señalados”, según se destacó en la presentación judicial de Colombo y Gonella.
En ese sentido, se destacó que quedó en evidencia que la comisaría fichaba o registraba a las mujeres en situación de prostitución en la whiskería Las Rejas.
Al respecto, según los testimonios reunidos, “cuando llegaban distintas mujeres al local Las Rejas, donde se las explotaba sexualmente, éstas eran acompañadas por Gómez hasta la comisaría para ‘ficharlas’”. Luego, esta modalidad cambió, ya que la última vez que fue, la atendió un policía quien le habría dicho que adquiriera otro libro de actas (que era un simple cuaderno). “Allí, según surge de su propio relato en la causa, Gómez debía colocar fecha y hora en que las mujeres de la whiskería comenzaban a ‘trabajar’, fecha en que dejaban de hacerlo y también fecha y hora del cierre del negocio con la firma de las mujeres que ‘trabajasen’ en el lugar”.
Este libro de actas fue habilitado por la jefa de la Comisaría de Río Segundo, la subcomisario Rosana Macagno, el 16 de mayo de 2008.
Falsa legalidad. Pero esto no fue todo. A partir de entonces, según surge de la sentencia, miembros de la Comisaría de Río Segundo concurrían a Las Rejas para examinar el libro de actas. “El personal policial solicitaba el libro y verificaba que las mujeres allí registradas se encontrasen en el lugar, requiriendo, a su vez, el documento de identidad. Independientemente de estos controles, también surge del expediente que el personal policial solía pasar por el local para verificar si estaba todo en orden”, se lee en la fundamentación.
Ante esto, los denunciantes solicitan que los efectivos sean investigados por los supuestos delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Remarcan que la Policía de Córdoba le brindó “un marco ficticio y de falsa legalidad a la explotación de la prostitución ajena”.
“Ya el hecho de habilitar un libro de actas en la whiskería Las Rejas de Río Segundo, sabiendo que se trataba de un prostíbulo encubierto, constituye un accionar que podría encuadrarse como un aporte objetivo –y como tal una participación criminal– en el delito que castiga el sostenimiento de una ‘casa de tolerancia’”, agregan los denunciantes.
“No sólo no se denunciaba al prostíbulo y a sus administradores como responsables del delito previsto en el artículo 17 de la ley 12.331 (ley de profilaxis que castiga la explotación de la prostitución ajena), sino que se formalizó un sistema de control de esa actividad ilegal”, se reprocha.
Entre otras sugerencias, los denunciantes solicitan que se investigara el patrimonio de los efectivos que pudieran estar involucrados.
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Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/policias-mira-controlar-prostibulos
