Funcionarios judiciales, abogados, referentes de organizaciones sociales, estudiantes y víctimas de la violencia institucional debatieron en el cuarto encuentro federal sobre Democratización de la Justicia. En Córdoba se criticó el Código de Faltas.
Por: INFOnews
«La Justicia está muy alejada de la gente común». La frase fue dicha por Sonia Torres, presidenta de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, una mujer que ha desandado los pasillos de muchos tribunales en los últimos 38 años.
Fue en el encuentro denominado «La sociedad le habla a la Justicia», que ayer se desarrolló en Córdoba. Durante todo el día, en cinco paneles, funcionarios, abogados y trabajadores judiciales debatieron a la par de las víctimas, los estudiantes y los representantes de las organizaciones sociales sobre la democratización de la Justicia, en el cuarto encuentro federal que tuvo como sede el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas.
Por la mañana, la apertura estuvo a cargo de de Francisco Tamarit, flamante rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), su par de la Universidad de Rio Cuarto, Marcelo Ruiz y Franco Picardi, subsecretario del Ministerio de Justicia de la Nación. «Llevamos 30 años de democracia ininterrumpida y hay una demanda muy legítima por parte de la comunidad civil en cuanto a los reclamos por una justicia más equitativa, que alcance a todos», expresó Tamarit.
El segundo panel estuvo integrado por familiares de víctimas de la violencia institucional. En esa mesa Sonia Torres estuvo acompañada por Silvia Di Toffino, de la agrupación HIJOS, Viviana Alegre, madre de Facundo, conocido como «el Rubio del pasaje», desaparecido en febrero de 2012, y Sandra Zarandón, madre de Álvaro, una de las 9 víctimas que en lo que va del año causaron las balas de las fuerzas de seguridad cordobesas. Sandra, dijo entre lágrimas que «hay un detenido y se encontraron 16 casquillos, y está comprobado que se accionaron 6 armas. Dicen que hay un gatillo fácil, para mí son 6 gatillos».
La Justicia se mira
Por la tarde, otros dos paneles reunieron a funcionarios judiciales, abogados y académicos, que debatieron al interior del Poder Judicial. Se escucharon críticas y propuestas de reforma a aspectos sensibles para la sociedad, como la lentitud de la justicia y la defensa corporativa de sus intereses. «Tenemos un justicia morosa, que se cobra con tiempo los conflictos de la gente», dijo al respecto Clara Cordeiro, jueza Civil y Comercial de Córdoba.
«Se puede decir que quienes integramos Justicia Legítima somos democráticos, anticorporativos, y sensible a lo popular», resumió Gabriel Pérez Barberá, juez de Cámara de Córdoba. Carolina Scotto, ex rectora de la UNC y candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, dijo en el cierre de la jornada que en Córdoba «hay un constitucionalista en cada baldosa, pero ninguno se cuestionó la inconstitucionalidad del Código de Faltas», que causa 200 detenciones diarias.
Fallo retrógrado
Un tópico común fue la crítica al el fallo de la Corte que impidió la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. «La Corte decidió con este fallo si quería ser un tribunal de Justicia o un órgano de gobierno del Poder Judicial», fustigó María Laura Garrigós de Rébori, Jueza Federal y presidenta del espacio Justicia Legítima. Ya en el cierre de la jornada, pasadas las 20, Gabriela Estévez, titular de la Anses Córdoba y candidata a diputada por el Frente por la Victoria, dijo que «no hay poder más tirano que el Judicial» y lo calificó como «la deuda pendiente de la representación popular».
El último expositor fue Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. El cordobés, histórico militante de H.I.J.O.S, reflexionó que «este debate es importante, porque hace a la coherencia que planteó la Presidenta cuando solicitó que la sociedad discuta y le hable a la Justicia».
